La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la continua violación de derechos humanos en Nicaragua. La Comisión expresa su preocupación por la decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo al formalizar el decomiso de los bienes, inmuebles, acciones y sociedad mercantil de los 222 exprisioneros políticos desterrados el pasado 9 de febrero.
«La confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», indicó la CIDH a través de un comunicado publicado el 16 de junio.
La Comisión Interamericana también ha expresado su preocupación sobre la política arbitraria con el ingreso o salida del país de la población. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) ha continuado recibiendo denuncias sobre la retención arbitraria de pasaportes, así como también de negativas de expedición, como mecanismo para impedir la salida de personas de Nicaragua.
Asimismo, el Mecanismo Especial ha documentado la situación de nicaragüenses que se encuentran bajo «apatridia de facto», y explica que esto se debe a que se encuentran sin la posibilidad de renovar pasaportes vencidos o acceder a otro documentos de identidad por estar fuera del país y porque el Estado de Nicaragua ha negado la extensión de esta documentación.
Continúa la ola de arrestos
La Comisión relató que continúan recibiendo información sobre nuevas detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos, periodistas e integrantes de la Iglesia católica. Indicó que entre abril y mayo más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa y la conmemoración del quinto aniversario de resistencia ciudadana.
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«Si bien algunas detenciones habrían sido temporales, la información recibida apunta a que decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales. En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de «casa por cárcel» y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente», cita el comunicado de la Comisión, agregando que las detenciones se caracterizaron por el uso desproporcionado de fuerza y allanamientos violentos.
Comunidades indígenas en constante riesgo
Las comunidades indígenas en la Costa Caribe siguen denunciando el agravamiento de la represión. Detenciones arbitrarias, asedio policial, acoso, hostigamiento, amenazas y secuestros por parte de colonos. La Comisión indicó que estas acciones no tienen consecuencias por parte de las autoridades locales que están enteradas de la grave situación en el Caribe del país.
«La CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto ‘Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua’ a fin de incluir a los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del territorio mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua», indicó.
El comunicado de la Comisión finaliza haciendo un llamado a los Estados de la región, la comunidad internacional y órganos políticos de la Organización de Estados Americanos para promover el retorno de la democracia y vigencia del Estado de derecho en Nicaragua.
La CIDH hace un llamado urgente al Estado nicaragüense para finalizar la persecución de los críticos y liberar a los privados de libertad que permanecen en la cárcel de la dictadura de manera arbitraria.
