Jaime Arellano aclara que no firmó comunicado de los 222

El comentarista político y ex preso de la dictadura de Ortega, Jaime Arellano, aclaró que no es parte de los firmantes del comunicado «Linchamiento judicial a opositores», que fue publicado este miércoles en LA PRENSA y otros medios de comunicación.

Los firmantes del comunicado, que es referente a la ilegal confiscación de sus bienes y al ensañamiento en su contra, aclararon «que la buena fe del grupo fue afectada por una persona quien envió una autorización falsa atribuyéndosela a Jaime Arellano Arana. Tal persona fue posteriormente identificada y su identidad le fue comunicada al señor Arellano por si deseaba deducir responsabilidades».

«Reiteramos públicamente las disculpas que directamente se le enviaron al afectado», dijeron los firmantes del comunicado.

Arellano señaló en sus redes sociales que él no fue consultado sobre ese pronunciamiento «ni he aceptado que usen mi nombre. No sé quién lo hizo» y señaló la carta publicada en LA PRENSA, pese a que otros medios también la retomaron.

Siguen los abusos de aquellos que se auto nombraron líderes, hoy salió un comunicado en La Prensa donde aparece mi nombre como firmante, quiero aclarar que yo no he sido consultado sobre ese pronunciamiento ni he aceptado que usen mi nombre. No se quien lo hizo
— Jaime Arellano en la Nación (@Jaimearellanoe1) June 14, 2023

A continuación el comunicado del cual Arellano se deslindó:

La última resolución del Tribunal de Apelaciones Orteguista que adiciona las Sentencias en los “juicios” en contra de los 222 expatriados y desnacionalizados, corrobora el uso sistemático del poder judicial como mecanismo de represión, donde el principio de la cosa juzgada carece de validez y manteniendo los juicios abiertos para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores.

Los 222 fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos; con pruebas fabricadas por la policía y el ministerio público en audiencias rápidas y secretas, muchas en “el Chipote”; sin acceso a sus abogados; con ocultamiento de las causas a las defensas; con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito. Las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos.

El principio legal universal de in dubio pro reo, por el que una norma posterior solo puede aplicase cuando beneficia al reo, ha sido violado. Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme.

La resolución que nos ocupa, lanzada meses después de la sentencia definitiva, penaliza a los 222 con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica, violentando otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes.

La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción, en el marco de la continuada persecución contra ciudadanos/as sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial, producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia.

La no trascendencia de la pena tampoco se está respetando con nuestros familiares, lesionándoseles el derecho al trabajo, a permanecer, salir o reingresar a su patria, y convirtiendo así a Nicaragua en una fábrica de apátridas e imposibilitando el derecho de permanecer juntos como familia. Pero ni el encierro, ni la tortura ni las aberraciones adicionadas han logrado hacernos desistir de nuestro compromiso con la libertad, la justicia, la equidad y la democracia.

Nos solidarizamos con todo el pueblo de Nicaragua que vive bajo un régimen de terror, de pobreza y de exclusión. Y hacemos un llamado a no desfallecer, preservando la fe en el cambio, porque tantas injusticias no tienen posibilidad de sostenerse en el tiempo.

Firmantes de los 222 expatriados políticos: