Mientras el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el 27 de enero una opinión favorable en cuanto a gobernanza y control de lavado de activos en Nicaragua, el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) señala que el marco legal en estos campos y la instrumentalización de la justicia fueron utilizados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para la persecución política, lo que para esta organización representa una falta de coherencia en la postura de los países.
Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, en una entrevista brindada a El País en días recientes, hace énfasis en este punto indicando que hay una contradicción porque el FMI planteó en enero una opinión en la cual constató que Managua había «adoptado medidas para mejorar los marcos de gobernanza y anticorrupción y, en particular, acogía con satisfacción las mejoras en el control de lavado de activos y la transparencia fiscal», mientras en el informe que presenta el Grupo de Expertos dice «que el marco legal del lavado de activos y la instrumentalización de la justicia han sido utilizados por el régimen para la persecución política de organizaciones civiles e individuos, por lo que concluimos que han sido parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población y computan como crímenes de lesa humanidad de persecución política».
Detalla que hay 50 países que han promovido la renovación del mandato del GHREN a dos años más y que representan más del 50 por ciento del poder de voto directo en el Directorio Ejecutivo del FMI. «¿Cómo es posible que por un lado aprueben esa opinión favorable y por otro un informe como el nuestro que defiende lo contrario? Es una contradicción clara, obvia», se cuestiona.
El presidente del GHREN, comenta que un diplomático europeo le explicó que esa contradicción se traslada también a las relaciones entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Finanzas porque, en su caso, habló con Finanzas para que tuvieran en cuenta la situación de los derechos humanos en Nicaragua y le contestaron que «eso no les interesaba. Solo les interesaba el desempeño macroeconómico».
El informe del GHREN destaca las siguientes recomendaciones: La primera es que se inicien acciones legales contra los presuntos responsables de los crímenes. La segunda, que se amplíen las sanciones a estas personas y que sean individuales, no sectoriales. Y por último, que en la cooperación internacional al desarrollo y los proyectos de inversión (incluidos los préstamos internacionales) se incluyan garantías de respeto a los derechos humanos.
La mayor recaudación neta sobre el PIB en América central la tiene Nicaragua. Es un 27 %, según el informe de la OCDE de mayo. Sin embargo, todos los indicadores de derechos y desarrollo humano la sitúan en uno de los peores puestos de América Latina, junto a El Salvador, Guatemala y Honduras.
«¿Adónde va el dinero? Y aquí llegamos a la corrupción. La corrupción tiene una dimensión en el campo de los derechos humanos que se manifiesta no solo en defender el status quo político para poder robar más. Si hay un país en el que es evidente el desajuste entre recaudación y derechos humanos, es Nicaragua. Tenemos el mandato de ir a las raíces del conflicto y estas no están solo en el simple desmantelamiento del sistema de separación de poderes, sino que hay un plan de negocios detrás. Detrás de una violación de derechos humanos de tal magnitud, hay un business plan. Siempre», indica Simon.
Países podrían actuar contra mandos intermedios
Sobre lo que podría hacer la comunidad internacional, Simon indica que el informe emitido por el Grupo de Expertos tiene un valor probatorio para cualquier país que abra una investigación e incluso en algunos países el valor probatorio es suficiente para emitir una orden de captura. «La otra vía es la jurisdicción universal, es decir, los países podrían, independientemente de la nacionalidad de la víctima, emprender acciones como en el caso de España y Alemania. Ortega no viaja, pero hay mandos intermedios que sí lo hacen.
Recordó además que muchos de los mandos intermedios del régimen de Ortega tienen bienes fuera del país y existe la posibilidad de actuar contra ese patrimonio, pero advierte que esto no debe confundirse con sanciones.
Sobre qué países podrían ser los que tomen la iniciativa, Simón señala que hay varias vías. «Se olvida que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero sí la Convención de la ONU contra la Tortura y hemos detectado en nuestro informe torturas a varios niveles. Cualquier país firmante del tratado puede, según el articulo 30, demandar por responsabilidad internacional a Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia y eso políticamente tiene un mensaje importantísimo», dice.
Explica que hay precedentes, que aunque no podría ser Estados Unidos porque porque introdujo una reserva a la jurisdicción del tribunal en materia de la Convención contra la Tortura, podría ser España, por ejemplo. «El riesgo político es que daría un buen argumento a Ortega para presentarse como víctima de los países del Norte. Por eso sería importante que fuese algún país latinoamericano. Lo mismo se aplica a iniciativas similares en el marco de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Otra posibilidad es la jurisdicción penal extraterritorial, no universal, porque hay víctimas que tienen doble nacionalidad y ese simple hecho daría jurisdicción sobre el caso, por ejemplo a España, Francia, Brasil, EE. UU. o Alemania», detalla.
América Latina con mucho discurso y poca acción
El presidente del GHREN consideró un acto «humanitario» de parte de los países que otorgaron la nacionalidad a las personas a las cuales Nicaragua se las despojó, pero cuestiona la actitud de países de América Latina, aclarando que hay en ello cierta «complejidad».
«Los Gobiernos de Gabriel Boric y de Gustavo Petro lo han condenado, pero hay mucho discurso y poca acción concreta. Brasilia se opuso a elevar el caso de Nicaragua a la agenda ITEM 4 del Consejo de Derechos Humanos con el argumento de que no habría que cerrar la puerta a un diálogo con Managua, aunque la verdad es que Nicaragua no ha querido dialogar con nadie ni cumplir con los mínimos requisitos de los tratados que firmó con Naciones Unidas. Todavía estamos esperando la iniciativa de diálogo del Gobierno de Lula», señala.
Ante la pregunta de El País de si veremos alguna vez a Ortega ante un tribunal como el de Núremberg, Simon respondió «lo dudo». «Pero hay muchas vías para la justicia si se tienen voluntad y coherencia. Tenemos motivos razonables para concluir que el régimen está perpetrando crímenes de lesa humanidad de persecución política, lo que es considerado en el derecho penal internacional el “pequeño hermano” del genocidio. La gente siempre piensa en el Holocausto, los campos de la muerte de los jemeres rojos, Ruanda o las matanzas en los Balcanes, pero no necesitas matar millones para que la comunidad internacional actúe», finaliza.
