El octavo informe del Observatorio Nicaragüense de actos contra la Tortura, analiza 158 casos de víctimas y concluye que Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto un régimen de terror en el que las detenciones arbitrarias y la tortura se convirtieron en una política de Estado, usando la tortura de manera indiscriminada.
Las 158 víctimas son ex presos políticos y el objetivo de este informe es contribuir a las demandas de justicia de las víctimas de este crimen, además de la «construcción de memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas contra personas presas políticas y sus familiares».
Los 158 casos de víctimas de tortura son: 130 hombres (dos menores de edad), 28 mujeres, incluyendo una mujer trans. El Observatorio explicó que estos casos forman parte de un expediente interno que recopila diversas declaraciones de personas excarceladas políticas, familiares, fotografías, videos, denuncias públicas, expedientes de medidas cautelares y provisionales «entre otros elementos necesarios en la documentación de estos crímenes de lesa humanidad», señala el informe.
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Casos documentados
«Del total de casos documentados, teniendo como parámetro la intensidad del sufrimiento reportado por cada una de las personas entrevistadas, así como del análisis en conjunto de cada expediente, podemos afirmar que al menos 151 de los 158 sufrieron tortura y los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes», indicó el informe del Observatorio.
Afirman que 153 opositores participaron desde el inicio de la insurrección cívica en abril de 2018, acudieron a manifestaciones, plantones, realizaron pintas, denunciaban en redes las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. De estos casos, 123 personas fueron amenazadas, asediadas y hostigadas previo a su detención, evidenciando el esquema de vigilancia con el que actúan los grupos represivos que operan por órdenes de la dictadura.
El Observatorio denunció que en 33 centros policiales del país ocurrieron los actos de tortura; centros clandestinos o irregulares en ocho municipios, siete establecimientos penitenciarios, el antiguo Chipote y Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Actos de tortura
Los violaciones contra la integridad física, psicológica y emocional que documentó el Observatorio de tortura fueron: condiciones extremas e inhumanas de detención (151 casos), tratos verbales degradantes (102 casos), golpizas (130 casos), amenazas de muerte contra ellos/as y/o sus familiares (84 casos), desaparición Forzada Temporal (34 casos). quemaduras (18 casos), choques eléctricos (15) y tortura por suspensión o “colgamiento” (17 casos), desprendimiento de uñas (7 casos) y simulación de ejecución o asesinato (9 casos).
Además, el informe denuncia la práctica sistemática de violencia sexual como un patrón del Estado. «113 personas fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual, y en el cual se exponen al menos 158 situaciones individuales de violencia sexual cometidas por agentes estatales y paraestatales».
Las torturas sexuales que contabilizan son abusos sexuales, amenazas de violación, violaciones sexuales, desnudez forzada, fotos y vídeos, y abusos sexuales a familiares de los privados de libertad.
Perpetradores
Este nuevo informe de tortura también se incluyó a los perpetradores de dichas torturas a los opositores. Señalan que la sistematización se debió a la gravedad de los casos. Algunos no fueron incluidos porque solo tenían descripciones físicas o rasgos característicos.
Se destacó que en al menos 16 casos, las personas documentadas pudieron identificar acentos y apariencias extranjeras. Estas personas eran distintas al resto de los policías y actuaron en 5 de los 14 departamentos donde se ejerció tortura. Sin embargo, los principales perpetradores de estos casos son Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidente respectivamente, indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
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«La cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, ya que nos encontramos a oficiales desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución, siendo este el primer comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político, además de ser el director de la institución policial que es la principal denunciada de prácticas sistemáticas de tortura; seguido por 9 comisionados generales, siendo estos: comisionado general Fidel Domínguez (León), comisionado general Luis Barrantes (Masaya), comisionado general Pedro Argueta (Carazo), comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas (DAJ-Chipote), comisionado general Marvin Castro (Jinotega), comisionado general Adolfo Marenco, comisionado general Juan Valle Valle, comisionado general Vladimir Cerda Moraga y comisionado general Ramón Avellán», puntualizó el informe.
