A mediados de abril 2018 diferentes sectores reclamaron por las quemas en la Reserva Indio Maíz y por las reformas al Seguro Social, poco a poco se sumaron más sectores reclamando por la forma en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo dirigían el país. La respuesta fue el uso excesivo de la fuerza y poco a poco el régimen fue ensañándose con diferentes sectores.
Estudiantes, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, están entre las víctimas del régimen en estos cinco años, sufriendo detenciones arbitrarias, asedios, asesinatos y cárcel.
Estudiantes y jóvenes
Los universitarios y jóvenes fueron los primeros en enfrentarse públicamente contra los aparatos represores del régimen de Daniel Ortega en 2018. Inicialmente fueron las manifestaciones en los días previos al 19 de abril, en las cuales reclamaban ante la negligencia estatal por la quema de la Reserva de Biosfera Indio Maíz.
En los meses posteriores los universitarios y jóvenes lideraron las protestas civiles, siendo en su mayoría quienes estaban en la primera línea, ante los ataques de los grupos de choque del régimen. Estos mostraron abiertamente su valentía por defender su patria.
El régimen no dudó en actuar contra estos por representar una amenaza contra la estabilidad de su gobierno. Entre los actos que destacan por “su ensañamiento” contra este sector fue el encarcelamiento arbitrario, secuestro y la desaparición forzada de cientos de jóvenes en los primeros meses de la crisis, como lo denunciaron organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, dentro de los privados de libertad en estos cinco años de resistencia, en las mazmorras el régimen orteguista siempre ha mantenido a líderes estudiantiles. En 2021, durante la cacería de liderazgos políticos que podían atentar contra su reelección, detuvo a líderes estudiantes como Lesther Alemán y Max Jerez.
Alemán exigió a Daniel Ortega rendirse durante la transmisión en cadena nacional del intento de Diálogo Nacional entre el gobierno sandinista y representantes de diversos sectores sociales. “No estamos aquí para escuchar un discurso que por 12 años lo hemos escuchado. Presidente, conocemos la historia. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese de la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo”, dijo el joven a Ortega.
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Periodistas independientes
Desde su regreso al poder, Ortega ha trabajado por tener el control de los medios de comunicación, comprando algunos medios y limitando el acceso a la prensa independiente, desde 2007. Los ataques fueron incrementando contra los medios independientes hasta el robo de instalaciones, asesinato de un periodista, y juicios y cárcel para directivos, y hombres y mujeres de prensa.
Durante estos cinco años, a pesar de los intentos del régimen por silenciarlo, el periodismo independiente se ha mantenido. Esto ha significado graves consecuencias como el asedio, el exilio, el encarcelamiento, agresiones legales y hasta muerte.
Una de las mayores pérdidas del periodismo fue el asesinato de Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018. Murió mientras transmitía en vivo las protestas en Bluefields, en la Costa Caribe del país. Colegas y manifestantes presenciaron que el disparo provenía del grupo de agentes policiales que reprimían la protesta.
A finales de 2018, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, del Canal 100% Noticias, fueron apresados luego del allanamiento a las instalaciones del medio. Los periodistas relataron a LA PRENSA “el calvario” que vivieron en el antiguo Chipote. Las condiciones carcelarias eran inhumanas; celdas húmedas, constantes interrogatorios, falta de luz, vigilancia con cámaras y sistemas de audio, entre otros malos tratos que fueron calificados como “medievales”.
En 2019, la periodista Kastalia Zapata, de Canal 12, fue agredida físicamente por agentes policiales. Estos la jalaron del cabello y la despojaron de su celular. El brutal ataque tuvo origen porque Zapata estaba cubriendo la agresión de la Policía contra manifestantes en Metrocentro.
Asimismo, en la cobertura de la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, el periodista Hans Lawrence fue golpeado de forma brutal por simpatizantes orteguistas. Fue ingresado al hospital en dos ocasiones a raíz de la golpiza, los riñones solo le estaban funcionando al 15 por ciento.
Además de las brutales agresiones, el régimen también confiscó medios de comunicación como parte de la censura. A finales de 2018, allanó las instalaciones del medio digital Confidencial, al igual que el Canal 100% Noticias.
El 13 agosto de 2021, el régimen se tomó las instalaciones del Diario LA PRENSA, lo que significó una de las etapas más oscuras del periodismo nicaragüense. Además, secuestraron al director general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
“No hay casi periodistas activos en Nicaragua. LA PRENSA era el último periódico impreso activo en el país y ahora está fuera, efectivamente Daniel Ortega está intentando apagar la luz, impedir el acceso a la información libre, plural e independiente; y los que siguen trabajando desde el país también lo hacen en condiciones muy complicadas, con amenazas permanentes, y la mayoría no pueden divulgar sus nombres, así que es un periodismo de clandestinidad”, declaró el director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Emmanuel Colombié, luego de la toma de LA PRENSA.
Durante la brutal cacería que desató el régimen contra opositores también secuestró a Cristiana Chamorro, vicepresidenta de LA PRENSA; el periodista Pedro Joaquín Chamorro, así como al reconocido cronista Miguel Mendoza y al comentarista político Jaime Arellano, y recapturó a Miguel Mora.
En julio de 2022, luego de la detención arbitraria de dos colaboradores de LA PRENSA, toda la Redacción se tuvo que exiliar para preservar su integridad.
Luego de haber despatriado a 222 reos políticos, el régimen orteguista también despojó de la nacionalidad a 22 periodistas críticos del sistema.
Según el primer informe trimestral de 2023 de Voces del Sur, al menos 185 periodistas nicaragüense se han exiliado desde el inicio de la crisis para preservar su seguridad.
Disidentes sandinistas
Otro grupo que ha representado una piedra en el zapato para el Frente Sandinista y el orteguismo han sido los disidentes. Durante la brutal cacería contra liderazgos políticos en 2021, el régimen detuvo a seis líderes del antiguo partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente nombrado Unión Democrática Renovadora (Unamos): Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Suyén Barahona y Tamara Dávila.
Barahona es presidente del partido. Vijil es expresidenta, al igual que Tinoco, quien además es excompañero de armas de Ortega, al igual que Téllez y Torres (q.e.p.d.). Este grupo fue detenido en junio de 2021, cinco de ellos en un operativo ejecutado la misma noche.
Parte de las condiciones inhumanas que estos exreos vivieron en el Chipote fue la falta de atención médica adecuada, lo que según colectivos de derechos humanos causó el fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, la madrugada del 22 de febrero de 2022 siendo preso político.
Este excombatiente histórico rescató a Ortega de prisión en 1974. “Es triste que un hombre, con lo que entregó, haya muerto en esas circunstancias tan crueles. No lo dejaron ir a morir a su casa. Era una cuestión humanitaria. Ortega tuvo que haberle dicho: ‘Ya no me representás un peligro, andate a tu casa’. Hugo jamás mereció ese trato, de una grosería como esa”, indicó un exguerrillero sandinista a la revista Magazine.
Dora María Téllez, excombatiente histórica, luego de haber sido desterrada comentó a BBC que lo más duró que vivió en las mazmorras de Ortega fueron las privaciones totales a las que fue sometida. Tenía “hambre de vida”.
“El régimen de esa cárcel está diseñado para que estés privado de todo: de las visitas familiares, de la conexión con tu familia, de tu capacidad para defenderte conversando con un abogado, de libros o actividad social. La socialización se reduce a cero y esa es una forma de tortura emocional y psicológica”, relató al medio de comunicación.
Feministas
Al igual que con los grupos anteriores, las acciones represivas se remontan antes de 2018. Ana Quirós y María Teresa Blandón, ambas activistas reconocidas desde la época sandinista, comentaron a la revista Domingo que Murillo se ha convertido en una aliada del patriarcado institucionalizado en la dictadura actual.
“Ese desprecio por la libertad de las mujeres, por la autonomía de las mujeres, por el derecho a decidir y a disentir se ve expresado en comportamientos y discursos de descalificación, desprecio y coercitivos hacia las mujeres que la cuestionan, la interpelan a ella que es una funcionaria pública que tiene mucho poder”, comentó Blandón.
Esto se vio reflejado luego del cierre de más de 170 espacios feministas, organizaciones que luchaban para prevenir la violencia contra la mujer; el destierro, persecución, hostigamiento y asedio a más de 130 defensoras de derechos de las mujeres.
Además, esto es consecuencia directa del respaldo de las feministas a Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Murillo e hijastra de Ortega. Narváez denunció al actual dictador por haberla agredido sexualmente en su niñez, y posteriormente violado. Los movimientos feministas del país no dudaron en darle el respaldo a Zoilamérica.
Por su parte, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), comentó a LA PRENSA en años anteriores que las transgresiones que sufren las privadas de libertad son “producto de la mente calenturienta de Rosario Murillo, porque ella tiene una fijación mental en contra de las mujeres”.
María Teresa Blandón agregó a la revista Domingo que “a Rosario Murillo, a su gobierno y la dirigencia de su organización partidaria le debemos que se haya desarrollado un discurso demagógico que intenta endulzar los graves problemas que enfrentan las mujeres. Por un lado, afirma que está comprometida con la unidad familiar y en la realidad nicaragüense se evidencian todas las formas de gobierno que se han incrementado en el país, incluyendo los femicidios, abuso sexual, violación, violencia física y psicológica”.
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Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos son uno de los principales grupos que para Ortega y Murillo han representado molestia, son quienes le ponen nombre a las acciones violentas y represivas que se vienen realizando desde el retorno del sandinismo al poder en 2007.
Los defensores han mencionado en diferentes momentos de la crisis lo difícil que ha sido ejercer su trabajo desde Nicaragua. Estos han pagado con asedio, hostigamiento, exilio y cárcel. En 2021, durante la cacería contra liderazgos políticos el régimen detuvo a varios defensores, tales como María Oviedo, Nidia Barbosa, Evelyn Pinto y Róger Reyes, quienes destacaron por ser abogados que acompañaron casos de privados de libertad, tales como Reyes y Oviedo.
“Como defensor de derechos humanos es necesario manifestar que si bien uno tiene que enfrentar al poder que violenta los derechos, que transgrede las libertades, la lucha continúa, ya sea fuera o dentro del país es necesario continuar defendiendo los derechos humanos porque toca la fibra más íntima de las personas, poder tener el derecho de defender a las poblaciones más vulnerabilizadas como las personas LGBTIQ+, periodistas, personas indígenas, personas presas políticas, familiares de personas asesinadas y todas aquellas a las que se les han violentado sus derechos humanos”, comentó Braulio Abarca, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca +.
Religiosos
Además, la fe católica ha sido reprimida en el país porque los liderazgos religiosos luego del inicio de la crisis han sido fuertes críticos del régimen. Esto ha significado que desde 2018, la represión haya aumentado contra este sector.
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Sacerdotes, obispos y creyentes han sufrido acoso, hostigamiento, exilio forzado y encarcelamiento.
Desde mediados de 2022, este sector ha sido el principal blanco de represión de simpatizantes sandinistas y agentes policiales. Actualmente existen tres religiosos en las cárceles del régimen.
El padre Manuel García fue el primer detenido, posteriormente secuestraron a monseñor Leonardo Urbina. El tercer religioso detenido es monseñor Rolando Álvarez, llamado el “obispo del pueblo”.
Monseñor Álvarez fue trasladado a la cárcel La Modelo luego que se negara a aceptar el acuerdo de “liberación”, que significaba ser expatriado. Al día siguiente fue enjuiciado y encontrado culpable por crímenes de traición a la patria, además de haber sido despojado de su nacionalidad como nicaragüense.
Campesinos
La lucha de los campesinos se remonta al movimiento anticanal, que desde 2013 han pedido la derogación de la Ley 84. Este sector no dudó en sumarse a la lucha cívica de 2018, y participó en el inicio del levantamiento de los tranques en diferentes regiones del país.
Esto produjo un enfrentamiento entre campesinos que defendían sus tierras de simpatizantes sandinistas, dejó varias ejecuciones extrajudiciales y heridos con lesiones de por vida.
Uno de los casos más conocidos fue el de Holver Zelaya, quien fue herido de gravedad durante la ya conocida “operación limpieza”, recibiendo un escopetazo que lo invalidó porque uno de los perdigones le destrozó la médula espinal. Este caso no es aislado porque en el campo los grupos de choque al servicio de la dictadura actuaron con mayor saña, causando graves daños a los pobladores alzados.
Artistas
El régimen orteguista para el cuarto aniversario de lucha emprendió una ola de represión contra un nuevo sector: artistas nacionales. El motivo es que los consideró opositores por ocupar elementos que hicieron referencia a la insurrección de abril 2018. “No conozco la lista a detalle, solo nos han alertado que tienen una lista de músicos con orden de captura”, informó un artista bajo anonimato.
Los artistas ocuparon sus espacios profesionales para denunciar los crímenes que ha cometido la dictadura desde abril 2018. El 12 de abril de 2022 los agentes policiales secuestraron de sus viviendas a Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia, dueños de la productora Saxo Producciones; a Josué Monroy, vocalista de la banda Monroy y Surmenage, y a Leonardo Canales, productor y director de La Antesala.
Luego de permanecer varios días en el Chipote fueron liberados, aunque se exiliaron inmediatamente. A raíz de este evento, los artistas han decidido irse al exilio o permanecer en la clandestinidad para evitar alguna transgresión contra su integridad.
Además, en la lista de los 94 despojados de su nacionalidad se encuentran Gioconda Belli y Sergio Ramírez, dos escritores conocidos a nivel nacional e internacional.
