El territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, nuevamente se encuentra en alerta roja luego que este lunes se reportó el asesinato de Bernabé Palacios Hernández, de 44 años edad, de la comunidad Alal. La organización Prilaka Community Foundation señaló como los autores de este crimen a colonos armados que se encontraban en la parcela familiar.
“Muchas familias se están desplazando hacia Musawas. Hay mucho temor por lo que ya ha pasado y por lo que puede llegar a pasar”, informó Prilaka en su página oficial de Facebook.
El organismo hizo un llamado al Estado de Nicaragua a “asumir su responsabilidad” para garantizar el derecho a la vida y a la propiedad de las comunidades indígenas. También envió un SOS a la comunidad internacional para estar pendientes sobre la crisis de inseguridad que viven estos territorios.
Indígenas reciben medidas cautelares
Debido a la violencia sistémica que predomina en los territorios indígenas, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), junto con otras organizaciones y líderes indígenas, realizaron una intensa campaña de denuncia, en la que se incluyó la petición de protección para el territorio mayangna Sauni As y medidas cautelares para los cuatro líderes condenados a cadena perpetua por ser los supuestos autores de la masacre en la comunidad Kiwakumbaih.
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La CIDH tomó cartas en el asunto y otorgó medidas cautelares, el 13 de abril pasado, a Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.
Los cuatro indígenas sufren distintos tipos de torturas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa. En noviembre de 2022, las organizaciones denunciantes expusieron ante la CIDH que los cuatro campesinos no reciben atención médica adecuada y oportuna, los mantienen encadenados las 24 horas del día y son golpeados y hasta abusados sexualmente.
El organismo internacional solicitó información al Estado el 10 de marzo pasado, pero hasta la fecha este “no ha aportado información, encontrándose vencidos los plazos otorgados”.
Mantienen los malos tratos
La Policía —principal brazo represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo—, detuvo a estos líderes indígenas 16 días después de la masacre ocurrida el 23 de agosto de 2021, cuando hombres armados llegaron hasta donde se encontraban unos 37 miskitos y mayangnas y los atacaron mientras ellos realizaban labores de minería artesanal en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, del territorio mayangna Sauni As. En el ataque se contabilizaron 13 personas muertas y a dos mujeres sobrevivientes las violaron.
Aunque reportes de Calpi señalan que los testigos del caso afirman que los cuatro campesinos no fueron los responsables de la tragedia, la Policía alteró las declaraciones y los condenó a cadena perpetua. Desde entonces, los días en las cárceles han sido llenos de tortura para estos indígenas
Calpi manifestó a este Diario que las condiciones carcelarias en las que viven actualmente estos cuatro hombres siguen siendo las mismas: las provisiones son limitadas, no les permiten tener ropa, Biblia o medicamentos, siguen encadenados de manos y pies, y las raciones de comida se limitaron solo al almuerzo.
“Le dicen (los custodios) que para ellos no hay indulto”, reportó un familiar de uno de los campesinos a Calpi. Dos de los cuatro privados de libertad presentan problemas de vista y en el riñón.
CIDH en seguimiento de la situación
El otorgamiento de las medidas cautelares es parte del seguimiento que viene dando de cerca la CIDH en los últimos cinco años, en el que ya ha otorgado otras medidas cautelares a favor de las comunidades Musawas, Suniwas y Wilú, del territorio mayangna Sauni As.