El primer periódico digital en Latinoamérica, El Faro, fundando en El Salvador, y cuyo director actual es el periodista salvadoreño Carlos Dada, decidió trasladar su operación administrativa y legal a Costa Rica «ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador».
A través de un editorial titulado «El Faro se cambia de casa», el medio digital que ha sido fuertemente atacado por el gobierno de Nayib Bukele, sus funcionarios y seguidores, por las investigaciones que revelan la corrupción y negociaciones que ha sostenido Bukele con las pandillas en ese país, señala que después de 25 años de haber operado bajo la propiedad de la empresa salvadoreña Trípode, S.A. de C.V., desde el 1 de abril de 2023, «El Faro es administrado por la Fundación Periódica, en San José, Costa Rica».
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Asimismo, enumera que el desmantelamiento de la democracia salvadoreña, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador «amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas».
Afirma que Costa Rica es un país centroamericano en el que aún hay división de poderes, derecho a la legítima defensa y respeto al estado de derecho. Y su decisión obedece, en gran parte en proteger administrativamente al periódico, que ha sido todo este tiempo «la primera línea de ataque de un régimen obsesionado con ocultar sus negociaciones debajo de la mesa, su corrupción y su manejo arbitrario de las cuentas públicas».
Redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador
A pesar de que los reporteros e integrantes de El Faro sufren el acoso de la actual Administración, aclara que su redacción continuará haciendo periodismo y funcionando en El Salvador.
«Ahora somos un periódico centroamericano con sede en San José. Sacamos a El Faro pero nuestra redacción seguirá haciendo periodismo en El Salvador. No dejaremos de informar sobre el país que está en el centro de nuestra cobertura», indica.
En el editorial, el periódico digital denuncia que su personal ha sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en la Casa Presidencial, así como también han enfrentado seguimientos físicos, amenazas y al menos 22 empleados sufrieron espionaje con Pegasus, el software de la empresa israelí NSO Group.
Denuncian, particularmente, que han enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con «acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero».
Criminalización del periodismo en la región
Destacan que los salvadoreños ya llevan más de un año bajo régimen de excepción, en el que las principales garantías de los ciudadanos han sido eliminadas «provisionalmente» y el sistema judicial está también bajo control del mismo grupo en el poder.
Hacen eco de la denuncia de la criminalización del periodismo en la región.
«La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas», sostiene.
Menciona especialmente los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El último país que a su criterio «presenta el caso más perverso» debido a que la dictadura de Daniel Ortega ha cerrado todos los medios de comunicación críticos y hoy «es el único país del continente que no cuenta con un periódico impreso».
Asimismo, «una docena de periodistas y trabajadores de medios han sido despojados de su ciudadanía y más de doscientos periodistas intentan hoy informar desde el exilio».
