Las organizaciones Cáritas, que eran el brazo social de la Iglesia católica en Nicaragua, están entregando sus auditorías y demás requerimientos exigidos por el régimen tras ser canceladas por medio de la figura “disolución voluntaria” por el Ministerio de Gobernación el pasado 7 de marzo.
En Matagalpa, por ejemplo, la organización tenía su sede al lado de la Curia Episcopal, que fue allanada hace casi ocho meses por la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y donde se encontraba monseñor Rolando Álvarez —actual prisionero político condenado a más de 26 años de cárcel— junto con laicos, sacerdotes y feligreses.
Una fuente del clero dijo a LA PRENSA que la presencia policial en esa zona de la Curia es porque ya todas las caritas van a empezar a llevar auditoria para empezar cierre. Sin embargo adentro de la curia permanecen oficiales de la policía que entran y salen cuando quieren.
«Hasta el momento no han pedido las propiedades, sino ver más que nada movimientos bancarios, listas de beneficiados, donaciones, etc.», dijo la fuente.
Se conoció que Franya Urey Blandón, la directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, es quien está realizando el proceso de revisión y llevándose toda la documentación de Cáritas.
El cierre «voluntario» de Cáritas se dio tras las presiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como parte de la guerra que le han declarado a la Iglesia católica, y que orillaron a estas organizaciones a cerrar sus oficinas y con ello sus proyectos de apoyo a las personas más necesitadas de sus comunidades.
Policías en la Curia de Matagalpa
Pese a que estos días el movimiento policial ha aumentado por la revisión para el cierre de Cáritas, fuentes eclesiásticas dijeron a LA PRENSA que dentro de la Curia siempre hay dos policías que no dejan entrar a nadie que no sea el vicario general de la Diócesis de Matagalpa.
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La abogada, investigadora y autora de la investigación Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, confirmó que efectivamente el lugar sigue vigilado y con policías a lo interno, una acción contraria a lo que mandata la Constitución Política de Nicaragua.
«A pesar de lo que mandata la Carta Magna de nuestro país, la Curia Episcopal de Matagalpa se encuentra de facto confiscada por la dictadura sandinista, quien tiene vigilancia permanente a lo interno del edificio 24 horas al día y solo dejan entrar y salir al vicario de la Diócesis de Matagalpa», dijo la investigadora.
Temor a que confisquen el edificio
Molina no descarta que en las próximas semanas «esta confiscación de facto sea dada a conocer a la luz pública mediante alguna ejecución orientada a la Procuraduría General de la República (PGR), como ya lo han hecho en otros casos».
Con lo anterior coincide el abogado y experto en Administración de Justicia, exiliado en Estados Unidos, Yader Morazán, quien manifestó que sin duda el caso de la Curia llama la atención debido a que la dictadura no ha hecho ningún tipo de procedimiento y ni siquiera la Iglesia católica se ha pronunciado.
Morazán reconoce que «los delitos que se le imputaron (a monseñor Álvarez) fueron relacionados al uso de redes sociales, en todo caso no tiene nada que ver el decomiso de la instalación, porque generalmente se decomisa un bien cuando está relacionado con el delito, pero en este caso la Curia no tiene que ver con el delito».
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La información que Morazán conoce es que la Curia sigue tomada por policías que no dejan que nadie se estacione afuera. «La Policía tiene el control total de ese lugar», dijo el abogado.
«La Policía entra y sale como perro por su casa a la Curia y es algo que la ciudadanía ha consentido, porque a pesar de que no hay conos policiales o presencia policial afuera ahí nadie se estaciona, porque como la ciudad es pequeña se maneja que es como un lugar ‘prohibido'», agregó el abogado.
Ambos expertos remarcaron que es importante aclararle a la Administración Pública de Nicaragua que la Constitución Política del país estipula que «se prohíbe la confiscación de bienes», y que «los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
«Delincuentes uniformados»
La Catedral San Pedro, sede de la Diócesis de Matagalpa, durante la Semana Santa sufrió, como otros templos en todo el país, restricciones para realizar actividades tradicionales en la zona. «Estamos siendo acompañados por la Policía sandinista (que) no permitieron que hubiese procesión este Domingo de Ramos, hay dos cuadras de cordón policial, igual hay infiltrados dentro de la Catedral», denunció un ciudadano matagalpino.
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Morazán en su cuenta de Twitter recordó que el régimen impidió dicha actividad, a pesar de que no se haría como años anteriores donde la procesión de Domingo de Ramos cruzaba toda la ciudad. «Solo pretendían cruzar la calle (…) es decir, desde la iglesia Catedral, hasta la iglesia Molagüina, pero en esta ocasión la acortarían, desde la iglesia Catedral, hasta el Colegio San Luis que queda enfrente, cruzando la calle», indicó.
El experto no dudó en señalar que el impedimento ejecutado por oficiales de la Policía es un delito tipificado y castigado en el artículo 190, establecido como «la perturbación a actos religiosos» del Código Penal de Nicaragua. «El uniforme policial no es eximente de responsabilidad penal, lo que los hace autoridad es la ley y su cumplimiento, de lo contrario son delincuentes uniformados», apuntó.
