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liberación, Monseñor Rolando Álvarez

Monseñor Rolando Álvarez en una sala del Complejo Judicial de Managua. LA PRENSA/Tomada del 19 Digital.

Acusación contra monseñor Rolando Álvarez es “infame” y marca un “hito” en la historia de Nicaragua, dicen expertos

La acusación contra el monseñor Rolando Álvarez ha generado reacciones de condenas a nivel nacional e internacional. Mientras la jerarquía de la Iglesía católica del país guarda silencuio.

Los procesos judiciales fabricados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y otros religiosos en los últimos seis meses, marca “un hito e infamia judicial” en la historia de Nicaragua, dice la abogada Martha Patricia Molina, autora de la investigación Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, en la cual analiza los ataques que ha recibido la Iglesia católica por parte del régimen orteguista entre el 2018 y 2022.

Monseñor Álvarez, también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), fue acusado formalmente este martes 13 de diciembre por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. El régimen además ha acusado a ocho sacerdotes por cometer supuestos delitos políticos, y otros dos ya pagan condena por supuestos delitos comunes.

“Nunca se había registrado en la historia algo similar, lo que demuestra que el trabajo pastoral de la Iglesia católica nicaragüense está siendo realizado correctamente. Por decir la verdad a la luz del evangelio es que son perseguidos y criminalizados”, dijo Molina.

Antecedentes: Ortega expulsó a un obispo en los ochenta

La persecución y arresto de monseñor Rolando Álvarez trae al recuerdo la expulsión de otro obispo en Nicaragua hace 36 años. Se trata de monseñor Pablo Vega, obispo de Juigalpa, hecho ocurrido en 1986.

Al entonces obispo de Juigalpa lo invitaron a una reunión, lo acusaron de traición a la patria, lo montaron en un helicóptero y lo dejaron en la frontera con Honduras. El jerarca católico, crítico del sandinismo, había denunciado en Washington los abusos y crímenes a manos de los sandinistas contra tres ministros laicos y el campesinado.

Después de ser expulsado de Nicaragua por los sandinistas, monseñor Pablo Vega regresó al país hasta que triunfó doña Violeta Barrios de Chamorro. Vega falleció en 2007. LA PRENSA/ ARCHIVO.

“Efectivamente, el obispo Vega fue desterrado y amenazado de ser lanzado del helicóptero en el que se lo llevaron”, afirmó Molina.

A la vez señaló que “el proceso judicial infame en contra del obispo Álvarez y resto de sacerdotes es una venganza por parte de la dictadura por las múltiples denuncias que hace la Iglesia católica nicaragüense respecto a las arbitrariedades que se cometen en Nicaragua. La dictadura se siente descubierta y esa es la forma que tienen ellos de responder, con venganza, odio y maldad”.

Monseñor Rolando Álvarez fue secuestrado la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales de la Curia Episcopal de Matagalpa junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía orteguista acusó —en ese momento— al obispo de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

Desde entonces permaneció en “casa por cárcel” de facto, bajo la figura de “resguardo policial”, en casa de sus familiares en Managua, y fue hasta el martes que la dictadura presentó al líder religioso, con evidente pérdida de peso, en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua.

El cuestionable silencio de la jerarquía católica

Mientras tanto, la jerarquía de la Iglesia católica del país, representada en la Conferencia Episcopal y el cardenal Leopoldo Brenes, guardan silencio frente a los ataques de la dictadura Ortega-Murillo.

Para la abogada, el silencio de las máximas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua “puede ser parte de una estrategia”. “No creo que sea un silencio cómplice”, dijo.

“Quisiéramos que los obispos emitieran un comunicado de respaldo”, agregó Molina, pero a la vez indicó que “ellos tienen sus propios tiempos y espacios”.

Martha Patricia Molina, abogada e investigadora. LA PRENSA/ CORTESÍA/ ORLANDO VALENZUELA

En el período de 2018 a 2022, Molina ha documentado 396 ataques del régimen en contra de la Iglesia católica. De estos ataques, 127 fueron realizados en lo que va del 2022, detalla en la segunda entrega del informe denominado Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?

“Los señores obispos también son parte y también han sufrido los 396 ataques en contra de la Iglesia perseguida por la dictadura. El Estado, que debe ser el garante de los derechos de cada ciudadano, es quien lo está vulnerando y de esto no se escapan los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua quienes no son culpables de los delitos de lesa humanidad, asesinatos, torturas, desapariciones, terrorismo, etcétera, que comete a diario la dictadura. Los obispos también son víctimas de este sistema de injusticia”, mencionó.

Molina añadió que durante la entrega del segundo informe, el 16 de noviembre pasado, el especialista en temas eclesiásticos, Humberto Belli, expresó que “tiranos, poderes, e ideologías de distinto signo, bajo el impulso de la ambición, el odio y una inocultable cristianofobia, no han soportado su denuncia profética de las injusticias y acciones contrarias a la dignidad del ser humano. Por ello han hecho pagar a la Iglesia un precio muy alto. En sus dos mil años de historia son incontables los hombres y mujeres que han dado la vida o enfrentado toda clase de suplicios, penas y dolores, por una persona, Cristo, y por los ideales o principios derivados de su doctrina. Y lo más notable es que no lo han hecho por defender intereses u objetivos egoístas, sino por una motivación totalmente altruista”.

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