La Mesa Política Nacional del Frente Amplio —ideología de izquierda— rechazó firmemente que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les haya arrebatado la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses, entre ellos dirigentes políticos, líderes religiosos, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
El partido de los expresidentes José Mujica y Tabaré Vásquez (q.e.p.d.), considerado uno de los movimientos políticos más importantes de la izquierda latinoamericana, afirmó que las medidas «vulneran las libertades y el derecho a la nacionalidad, la ciudadanía y las propiedades establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Nicaragua y Uruguay son signatarios y Estados parte».
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Asimismo, el bloque político sostiene que la condición de apátridas impuesta a los ciudadanos nicaragüenses afectados por dichas medidas los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible.
Por ello indica que «no hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Cualquier limitación a las mismas ha de contar con las garantías del derecho interno, el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido».
El pasado 9 de febrero el régimen orteguista desterró a 222 nicaragüenses que permanecían encarcelados en los diferentes sistemas penitenciarios. Los envió a Estados Unidos arrebatándoles la nacionalidad, tras declararlos «traidores a la patria». Posteriormente, el 15 de febrero, a otros 94 ciudadanos, en su mayoría en el exilio, la dictadura les quitó la nacionalidad y ordenó la confiscación de sus bienes.
Apoyan instancias y mecanismos de diálogo
El Frente Amplio expresó que la preocupación y dolor de los declarados «apátridas» afecta a Nicaragua y por ello, el movimiento político insta a la superación de la crisis sociopolítica a través de instancias y mecanismos de diálogo inclusivo, responsable y productivo.
«Sobre bases de plena vigencia de las libertades y los derechos inalienables de las personas. Solo así se lograrán los acuerdos indispensables para superarla», indica la misiva con fecha 27 de marzo.
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Corresponde a la comunidad internacional y a Uruguay como integrante de la misma «auspiciar y acompañar tales instancias y mecanismos de diálogo y acuerdos», respetando estrictamente el principio de no intervención en los asuntos internos de los países consagrado en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, respectivamente, manifestó el partido.
