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Puente Wawa financiado por el BCIE como parte del proyecto Sahsa-Bilwi. Foto tomada del sitio web del BCIE

Nicaragua no tiene capacidad de transparentar el manejo de la inversión en infraestructura pública

La falta de capacidad de gestión en todas las etapas de los proyectos impide la transparencia que el presidente del BCIE Dante Mossi asegura caracteriza el manejo de los recursos que otorga ese banco

En medio de la polémica generada por el presidente del BCIE, Dante Mossi, que entre sus argumentos para legitimar el incondicional apoyo financiero de esa entidad a la dictadura Ortega Murillo manifiesta que los préstamos que otorgan se manejan con transparencia, la organización Urnas Abiertas asegura que es imposible demostrar esa transparencia. Especialmente, porque Nicaragua no cuenta con la infraestructura gubernamental necesaria para evaluar los proyectos de inversión pública.

Mossi indica que para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) son importantes las auditorías y la transparencia. Pero a criterio de Urnas Abiertas, no toma en cuenta que a las carencias que implica que Nicaragua sea un país en desarrollo se suma que en el país la capacidad de la auditoría social está reducida.

Además, recordó que incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que todos los países, incluidas las economías emergentes, en desarrollo y de ingresos bajos, “tienen un margen importante para mejorar la gobernanza de sus infraestructuras y aumentar la eficacia de la inversión pública”.

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Falta de capacidad de gestión genera pérdidas

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, explica que la infraestructura gubernamental sobre las inversiones públicas se refiere a la capacidad de gestión que tienen los gobiernos en las fases de: planificación, asignación e implementación de los proyectos.

Contar con esa capacidad de gestión es fundamental. Ya que según el FMI “con demasiada frecuencia, la inversión pública produce infraestructuras caras y de mala calidad, con escasos beneficios para las personas y la economía. Además, los proyectos suelen ser complejos, de gran envergadura y largo plazo. Estas características son caldo de cultivo para la corrupción, las demoras y el sobrecosto.

El artículo Cómo una sólida gestión de la infraestructura puede poner fin al desperdicio de inversión pública, publicado en el blog del FMI, detalla que en promedio, los países echan a perder cerca de un tercio del gasto en infraestructura. El organismos multilateral considera alarmante que “estas pérdidas pueden superar el 50 por ciento en los países de bajo ingreso”.

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Mejora en la gestión compensaría pérdidas

Según el FMI, “más de la mitad de estas pérdidas podrían compensarse con mejoras en la gestión de infraestructura”. Por ello advierte que para poner fin a este desperdicio es crucial contar con una sólida gestión de la infraestructura. “Para ello se requiere una buena gestión de la infraestructura en los países. Con instituciones y marcos sólidos para planificar, asignar y llevar adelante infraestructuras públicas de calidad”, dice el artículo mencionado.

Pero mientras el FMI aconseja instituciones y marcos sólidos, en Nicaragua la realidad es otra. Según Valle, la falta de la infraestructura necesaria para evaluar los proyectos genera deficiencias en la gobernanza de sus infraestructuras y en la eficacia de la inversión pública. Así como escasa capacidad de ejecución y distribución desigual de los recursos.

Para Valle, “desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007, Nicaragua ha sufrido un proceso de centralización del poder. Es sabido que las decisiones son verticales, desde la Presidencia y Vicepresidencia hasta los gobiernos locales. Por consiguiente hay una pérdida de la autonomía y esta concentración del poder conlleva obviamente a una centralización total de las políticas públicas. Donde los gobiernos locales (municipales y regionales) juegan un papel secundario, pues deben acatar las directrices del Gobierno central”.

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Nicaragua en lugar de mejorar retrocedió

Además, una investigación que realizó Urnas Abiertas determinó que “la polarización y narrativa del régimen de Daniel Ortega pintan a una Nicaragua en la que se cumplen los planes de desarrollo y las metas financieras. Pero la realidad es que la nación está cada vez más endeudada por financiar proyectos de inversión pública”.

Como consecuencia de esta política, entre 2017 y 2021 el 60 por ciento de las obras fue financiado por organismos internacionales. Y esta deuda seguirá creciendo. El Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza 2022-2026, contempla que la inversión pública sea financiada principalmente con recursos externos concesionales.

También determinó que el transporte y el agua son los dos sectores a los que el régimen destina más recursos de inversión pública. Sin embargo, eligen arbitrariamente de qué proyectos divulgan información y cuáles mantienen en secreto. Esto limita aún más la ya deteriorada capacidad de fiscalización ciudadana.

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Mantendrán prioridades actuales

Siguiendo con esta línea, el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza 2022-2026 establece que se mantendrá como prioridad “la infraestructura en el sector transporte, agua y alcantarillado sanitario, energía, educación, salud, administración del Estado y vivienda social”. Y justifica este orden de prioridad por las demandas de la población. “Y en línea con el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales y el aumento de la productividad de la economía”.

Mientras Mossi insiste en defender la supuesta transparencia en los recursos que le entrega al régimen, Valle asegura que ante la creciente opacidad que empaña los proyectos, el BCIE y todos los organismos internacionales deben exigir que se establezca la infraestructura gubernamental necesaria para gestionarlos. Y como requisito para los desembolsos pedir que se mejore el sistema de rendición de cuentas y la transparencia de la información.

Sin embargo, para el régimen este tema no está entre sus prioridades. Para la Política de Inversión Pública incluida en el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza 2022-2026, el fortalecimiento de los controles adecuados sobre la inversión pública, para consolidar la transparencia y probidad, es el penúltimo de los objetivos y apenas se recoge en una línea del documento.

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