El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez (Batllistas), propuso a través de su cuenta de Twitter que se les otorgue a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a la veterana defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, la ciudadanía uruguaya, luego de que la dictadura Ortega-Murillo los despojara de la nacionalidad junto a otros ciudadanos declarados «apátridas».
El fin, escribió, es «humanitario» y en defensa de la libertad y democracia en Nicaragua.
Además de proponerlo en sus redes sociales, el diputado dijo al diario El País, de Uruguay, que lo promoverá formalmente en el Parlamento para que, por gracia especial, la Asamblea General la pueda otorgar, una acción que está prevista en el punto C del artículo 75 de la Constitución del país sudamericano.
La propuesta será presentada una vez que finalice el receso parlamentario, el próximo 1 de marzo. Rodríguez manifestó al diario que Uruguay tiene una «larga tradición» de protección a aquellos que son «desterrados de sus países” o que “deben exiliarse por persecución política o de ideas».
«Debemos ayudar a Nicaragua ante la falta de libertades, solidarizándonos con aquellos que tanto han luchado para denunciar al régimen y a restablecer la democracia», dijo Rodríguez.
Agregó que «Uruguay no puede ser indiferente y, si el dictador les quiere sacar su patria, Uruguay les debe otorgar otra hasta que puedan recuperar totalmente la suya».
Izquierdistas respaldan la propuesta
Por su parte, el diputado del Frente Amplio por el sector Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos, manifestó en su cuenta de Twitter que comparte «plenamente» la iniciativa de Rodríguez y expresó que «hace honor» a la larga tradición de Uruguay como país que da refugio a exiliados por razones políticas, económicas y sociales.
“Debemos estar abiertos a recibir a 222 nicaragüenses deportados y 94 despojados de su nacionalidad”, agregó.
Uno de los sectores políticos del Frente Amplio, Convocatoria Seregnista-Progresistas, emitió un comunicado en el que «condenó» las prisiones “arbitrarias” realizadas por razones políticas e ideológicas, independientemente del gobierno que las realice y a su vez «rechazó» la anulación de la ciudadanía y de los derechos inherentes a la persona humana, realizada por el régimen de Ortega contra los excarcelados.
“Tal actitud es una violación a la dignidad humana, pues como expresa el artículo quince de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ‘Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad’. Finalmente recordamos el artículo seis de dicha Declaración: ‘Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica’”, agrega el comunicado.
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También expresaron su solidaridad con los liberados, con los aún presos de conciencia y con todo el pueblo nicaragüense, en el que se encuentran afectados “ilustres ciudadanos que contribuyeron significativamente al proceso de liberación y democratización de Nicaragua, como lo son Dora María Téllez, los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y las activistas Azahálea Solís y Vilma Núñez, entre muchos otros», finaliza el comunicado.
Hasta el momento, Chile, Argentina, México y Colombia han sido los únicos países de la región dispuestos a brindarle la ciudadanía a los nicaragüenses que han sido declarados apátridas y despojados de su nacionalidad por parte de la dictadura. El primero en ofrecer acoger a los ciudadanos apátridas fue España.
