La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), cuya personalidad jurídica fue cancelada por la dictadura Ortega-Murillo en 2022, denunció que la Policía orteguista se tomó las oficinas donde funcionaba este organismo en Managua.
“Hemos conocido que en horas de la mañana de este jueves 19 de enero, cuatro patrullas con antimotines llegaron a apropiarse de nuestro edificio”, confirmó el organismo de derechos humanos, que ahora opera desde Miami, Estados Unidos.
“Denunciamos que el régimen sandinista dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Policía como principal instrumento de violencia y represión contra los defensores de derechos humanos y el pueblo de Nicaragua, ha consumado el robo de nuestras oficinas en Managua”, afirmaron.
El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que “no nos extraña esta acción de parte de la dictadura, porque ha sido una práctica, una costumbre, de robar lo ajeno, de robar y ultrajar los derechos de los nicaragüenses”, sin embargo, señaló que les dolía la confiscación “porque este es un edificio que lo logramos conseguir con aporte de la cooperación internacional”, expresó.
CPDH continúa su trabajo
Los abogados y defensores de derechos humanos de la CPDH han sido perseguidos desde el 2018 por defender a los presos políticos y denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
Uno de los casos más emblemáticos es el de la abogada María Oviedo, quien está detenida desde hace más de 484 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, por defender los derechos humanos de los reos políticos.
“Ni estos actos represivos, ni las amenazas ni el encarcelamiento contra nuestra funcionaria, la doctora María Oviedo Delgado, han callado ni callarán nuestra voz y nuestra lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses”, por el contrario, “nos comprometemos a seguir firmes en la demanda nacional e internacional por la verdad, reparación y no repetición a favor de las víctimas y sus familiares”, afirmó el organismo.
Constitución Política prohíbe confiscaciones
La confiscación de los bienes de estas empresas y organismos es una clara violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción”.
Ese artículo también establece que estos bienes solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley”. Y lo que la ley establece es que en los casos necesarios que esta se realice “previo pago en efectivo de justa indemnización”. El artículo 44 de la Carta Magna también establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
En 2022 el régimen orteguista canceló más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocidas como ONG y ha ido expropiando los bienes de todas las organizaciones canceladas, a través de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada el pasado 31 de marzo por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional.