El pasado 5 de enero la Casa Blanca anunció el otorgamiento de Permisos de Permanencia para personas originarias de Nicaragua, Cuba y Haití, sumándose a una disposición adoptada en favor de personas originarias de Venezuela. Si bien el centro noticioso han sido los requisitos de elegibilidad, el proceso y una interpretación de una restricción del flujo migratorio, considero que hay aspectos que han quedado por fuera de este análisis que vale la pena poner en perspectiva a la luz de su impacto en los derechos humanos.
Lo primero que hay que decir es que el presidente Biden en más de una oportunidad se ha referido al flujo migratorio nicaragüense como una situación distinta, es decir, el éxodo masivo de nicaragüenses hacia Estados Unidos (EE. UU.) que superó las 200 mil personas en 2022, no solamente se debe a la precariedad económica del país, sino a la anulación de libertades públicas y al ambiente de represión impuesto por el régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo. No hablo solamente de un acto de compasión humanitaria, sino un mensaje político también.
Por otra parte, es una medida que permite un orden en el flujo migratorio de nicaragüenses. El requerimiento de un patrocinador universal (por ser independiente de su estatus migratorio) permite que las personas migrantes se inserten más fácilmente a una comunidad ya establecida, la exigencia de una persona patrocinadora prácticamente anula riesgos asociados a las vicisitudes que enfrenta una persona migrante al llegar a un país sin conocer a nadie y hasta previene que lleguen a ser víctimas de trata de personas o terminen deambulando por las calles de algún núcleo urbano.
En el mismo tenor, la exigencia de historial criminal de la persona patrocinadora y de quien migra, permite un mayor control de quien ingresa al país, conteniendo además las críticas y expresiones estigmatizantes de los migrantes nicaragüenses particularmente. Pero sin lugar a duda, lo mejor de la medida es que también anula los riesgos de la travesía de cruzar México. Actualmente México restringe el paso de migrantes como nunca antes, se ha reducido al Instituto Nacional de Migración de ese país a una patrulla fronteriza de EE. UU. en territorio mexicano, de manera tal que las personas migrantes deben erogar “mordidas” con sumas no menores a estos funcionarios para que: les otorguen permisos de tránsito; les respeten los permisos que ya les otorgaron; o hacerse de la vista gorda cuando no llevan permiso.
Los bolsillos de policías locales y de los agentes de Migración en México han crecido mucho más que la economía del país azteca en el último año. Pero los bolsillos de funcionarios corruptos no han sido los únicos beneficiados, el nuevo control territorial que tiene el crimen organizado en México, gracias a la política de “abrazos y no balazos” ha convertido a los migrantes en blanco de extorsiones a dimensiones sin precedentes. El crimen organizado controla las rutas de los coyotes, quienes deben pagarle para poder cruzar personas por México y hasta tiene información sobre autobuses en los que se movilizan los migrantes. De manera tal que los migrantes quedan a merced del crimen organizado o la corrupción de funcionarios mexicanos.
Las experiencias más positivas de migración de nicaragüenses en su paso por México son las de quienes pagan coyotes, en segundo lugar quienes se mueven con dinero suficiente para pagar las mordidas a funcionarios de Migración y quienes quedan en el camino, son quienes no le llegan al precio a los agentes de Migración, es decir, el migrante con menos dinero. Como siempre, como en todo, los más pobres suelen encabezar las notas rojas e historias sin éxito en su travesía de migrante.
Los Permisos de Permanencia que estableció la administración Biden vienen a eliminar el suplicio de los migrantes nicaragüenses en su paso por México y eso debe ser ponderado. He visto migrantes con sus pies ampollados de tanto caminar; he escuchado testimonios de cómo duermen a la intemperie en terminales de autobuses para evitar ser secuestrados por grupos de crimen organizados al salir de estas; también me han compartido historias relacionadas a cómo agentes de Migración los dejan literalmente sin un peso arrebatándoles el poco dinero que llevan de las manos para cubrir la mordida.
Lo que la administración Biden hizo en realidad es reducir el costo humano de la migración de nicaragüenses hacia EE. UU. Si bien la medida se reflejará en una disminución del flujo migratorio, resulta irrebatible el hecho que las personas que migren podrán hacerlo con mayor seguridad y posibilidad de inserción comunitaria exitosa, eso no es un tema menor en el actual contexto.
Considero además que otorgar una connotación negativa a la medida oscila entre la ingratitud y obviar los peligros que enfrentan los migrantes nicaragüenses en su travesía por México. Tengo la percepción que forma parte de la idiosincrasia nicaragüense tener la sensación de que es obligación de los demás resolver nuestros propios problemas, como si la comunidad internacional nos debiera algo porque no hemos construido una institucionalidad democrática o porque tampoco hayamos resuelto los problemas estructurales de pobreza en el país.
Tal vez cambiar ese paradigma sea de gran utilidad en la construcción de una nueva Nicaragua, tener claridad de que si nosotros no resolvemos nuestros problemas, nadie está obligado a resolverlos por nosotros.
El autor es maestro en Derechos Humanos.
