El régimen de Daniel Ortega continúa con su vieja práctica de confiscar propiedades privadas, esta vez entregó al Ministerio de Salud (Minsa) las instalaciones del Centro Humboldt, cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional el 17 marzo del 2022.
La vicepresidenta Rosario Murillo, vocera oficial del régimen, anunció este martes que el próximo 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, se inaugurará el “Centro de Atención a la Salud las Mujeres, doctora Ligia Altamirano”.
Murillo precisó que el nuevo centro estará ubicado en el Distrito I de Managua, en el sector de la Estatua de José Martí.
Cuatro meses después de la ilegalización del Centro Humboldt, el 8 de julio del 2022, la Policía orteguista se tomó las instalaciones, ubicadas precisamente del busto José Martí 5 cuadras al este.
Murillo detalló que el centro tendrá la capacidad para atender a más de 600 mil mujeres de Managua, quienes recibirán atención ginecológica y de otras especialidades.
“Son 40 trabajadores de la salud los que estarán turnándose en la atención a las hermanas mujeres que buscamos siempre cómo promover y proteger la salud propia y la de nuestras familias”, agregó Murillo.
Constitución Política prohíbe confiscaciones
La confiscación de los bienes de estas empresas y organismos es una clara violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción”.
Ese artículo también establece que estos bienes solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley”. Y lo que la ley establece es que en los casos necesarios esta se realice “previo pago en efectivo de justa indemnización”. El artículo 44 de la Carta Magna también establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
En 2022 el régimen orteguista canceló más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro (OSFL), conocidas como ONG y ha ido expropiando los bienes de todas las organizaciones canceladas, a través de la Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada el pasado 31 de marzo por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional.
