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CONTENIDO EXCLUSIVO.Del Ejército, la Policía o la extinta Seguridad del Estado, al gabinete o una magistratura. Daniel Ortega se ha rodeado de exmilitares para blindar su dictadura.
El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, afirma que la principal razón para poblar el gabinete con altos oficiales en retiro es “quedar bien” con las fuerzas armadas debido a que forman parte del sector clave para la dictadura siga ostentando su poder.
Premiar con altos cargos a exmilitares tiene doble beneficio para Ortega. Por un lado, aunque con poca calificación técnica para administrar al Estado, son expertos en represión y violencia, y por otro lado, es una señal para mantener la fidelidad en los cuerpos activos, porque le está diciendo: “Sean leales a mí y, al final, cuando vayan a retiro, tendrán altos cargos en el gobierno”.
Además, los cargos que confiere son de confidencialidad por lo que el régimen necesita a personas que compartan sus intereses. Estos ex militares y policías también son personas que están dispuestas a realizar cualquier acción.
Los exmilitares con altos cargos en el Estado rondan el medio centenar. Estos son algunos de los más reconocidos.
Horacio Rocha. El 11 de noviembre pasado fue nombrado asesor con rango de ministro en Asuntos de Seguridad, según el acuerdo presidencial 164-2022 publicado ese día en el diario oficial, La Gaceta.
El comisionado general en retiro Rocha fue segundo jefe de la Policía Nacional y es hermano del fallecido expresidente de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y exdirectivo de la FIFA, Julio Rocha López, quien fue detenido en medio de un escándalo de corrupción en 2015. Murió estando preso en Estados Unidos en 2018.
Juana Méndez. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue de la extinta Seguridad del Estado Sandinista. Como juez llevó procesos que han beneficiado a Daniel Ortega, como el caso del abuso sexual de Daniel Ortega contra su hijastra Zoila América Narváez, y el procesamiento por corrupción contra Arnoldo Alemán.
Adela Cardoza. Esta exmilitar actualmente es magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental del Poder Judicial, cargo al cual fue promovida por su incondicional servicio al régimen en febrero de 2021. Anteriormente fue titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio. Esta jueza se destacó por imponer penas máximas por cada uno de los delitos por los que se acusaba a los reos políticos.
Durante años se desempeñó como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA), en donde abogaba por los DD.HH. publicando en la revista oficial de esa universidad el artículo titulado “La víctima su intervención en el Proceso Penal nicaragüense, desde la perspectiva del Proyecto de Ley”.
Dennis Membreño. Fue nombrado aún siendo parte del Ejército con rango de general, como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero. Anteriormente Membreño era jefe de la Dirección de Información para la Defensa Antigua Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia.
En 2018, afirmó que no criminalizaría a las ONG, pero que algunas de estas realizaban actividades que no van conforme a lo que señala la constitución de las mismas. En ese momento, algunos sectores interpretaron que el régimen podría utilizar la UAF como arma política para cancelar la personería jurídica de quienes hubieren apoyado las protestas en 2018.
Ana Julia Guido. Fue subdirectora de la Policía Nacional, exguerrillera y actualmente es fiscal general de la República, convirtiéndola en una ficha clave del esquema represivo judicial que ha establecido la dictadura.
Quienes han trabajado con ella la han descrito como altiva, sin embargo, es una persona dócil ante la pareja presidencial. Luego del inicio de la crisis sociopolítica, ejecutó aproximadamente 700 acusaciones contra manifestantes y en 2021 armó el expediente judicial contra Cristiana Chamorro Barrios y la fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Denis Moncada. Antes de ser canciller de la nación, era auditor del Ejército. Quienes lo conocen lo describen como un personaje oscuro, aunque a primera vista no impresiona debido a su actitud reservada.
Originario de Nueva Segovia, ha sido descrito por algunos como “el militar sin ser militar”, porque se graduó de abogado y notario público en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) de León y su formación militar se debe a un curso de mando y Estado Mayor Táctico, que realizó en la Academia de las FAR General Máximo Gómez, en La Habana, Cuba entre 1981 y 1982.
Se le ha considerado como un lector en los organismos internacionales, ya que en los encuentros de la Organización de Estados Americano (OEA) y las Naciones Unidas es normal verlo leyendo discursos que comparten líneas de los discursos de Ortega y Rosario Murillo.
Ramón Calderón Vindell. Inspector General del Ejército, retirado en 2010. Poco después apareció como funcionario de Albanisa, la cual administraba las millonarias donaciones del Gobierno de Venezuela.
Posteriormente fue designado en julio de 2018 como presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), con rango de ministro, pero a inicios de este año, luego de ser sancionado por el Departamento de Estado de EE.UU., fue destituido de su cargo.
Omar Halleslleven. El exguerrillero y exmilitar de alto rango ostentó diversas posiciones desde la labor de Inteligencia y Contrainteligencia. Asumió como vicepresidente de la República entre 2012 y 2017, siendo la fórmula de Ortega en su tercer mandato. En 2017 fue nombrado “Ministro Delegado para Asuntos Específicos”, un cargo cuyas funciones son un misterio.
Marisol Castillo Bellido. La teniente coronel en retiro del Ejército de Nicaragua anteriormente había sido jefa de la Dirección de Cuadros. Al retirarse ocupó el cargo de magistrada suplente en el Poder Electoral entre 2000 a 2014, y desde esa fecha hasta noviembre de 2022 era miembro propietario de la Contraloría General de la República.
Marisol Castillo es socióloga de profesión obteniendo su título de la Universidad de Georgetown en los años ochenta. Esta teniente retirada es esposa de Lenín Cerna e hija del funcionario somocista José “Chema” Castillo.
Oscar Salvador Mojica. En 2017 pasó a retiro como mayor general y casi de inmediato fue electo por el Frente Sandinista como presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), sin contar con experiencia en este rubro.
A los cuatro meses renunció a su puesto en el INE para asumir como el Ministerio de Transporte e Infraestructura. En 2019 fue sancionado junto a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de Salud y Orlando Castillo (q.e.p.d), director de Telcor.
Roberto López. El capitán retirado es actualmente director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ocupando el puesto desde que Ortega regresó al poder en 2007. En 2019 fue sancionado junto al magistrado Lumberto Campbell.
El régimen, para mantener la estabilidad y fidelidad de López, reformó la Ley de Seguridad Social. El objetivo de las medidas fue proteger su cargo, asegurándole inmunidad, su salario, además de no paralizar el INSS.
