Consejo Nicaragüense de Ciencias y Tecnología (Conicyt). Foto de El 19 Digital

Diputados aprueban otra reforma a la Ley General de Educación

La reforma a la Ley 582 fue aprobada con trámite de urgencia a solicitud de Daniel Ortega.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este miércoles 9 de noviembre con trámite de urgencia una reforma a la Ley General de Educación (Ley 582), para subordinar al Consejo Nicaragüense de Ciencias y Tecnología (Conicyt) a la Presidencia de la República.

La reforma fue aprobada con 79 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y 11 diputados marcaron presente.

«La presente iniciativa de Ley tiene como objetivo fortalecer la estructura orgánica estatal, que contribuya a la promoción, sostenimiento y crecimiento de la ciencia y tecnología, procurando una coordinación eficiente entre las diferentes instancias del Estado de Nicaragua para el logro de este objetivo común», manifiesta la Exposición de Motivos de la iniciativa.

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En su página web, Conicyt se definía como una instancia adscrita a la Vicepresidencia de la República de Nicaragua, creada por Decreto 5-95, cuyo objetivo principal es regular el ámbito de la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores.

La iniciativa fue enviada el pasado 3 de noviembre por Daniel Ortega a la Presidencia de la Asamblea Nacional, que ocupa el sandinista Gustavo Porras.

La última reforma a la Ley General de Educación al mismo tiempo que a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), fue en marzo pasado, en la que se dejó fuera a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y se le otorgó a esta última instancia poder para intervenir en las Instituciones de Educación Superior (IES).

Los estudiantes de la UCA encabezaron las protestas estudiantiles de 2018, lo que provocó el asedio de la Policía a esta universidad, así como la detención y persecución de sus estudiantes y autoridades académicas.

Todas las reformas legislativas durante los 15 años que lleva en el poder Daniel Ortega, han estado encaminadas a concentrar el poder en el Ejecutivo y a institucionalizar la represión y criminalización de los opositores y críticos al régimen.

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