Las recientes fugas de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que van desde magistrados, jueces hasta asistentes, han destapado el “hartazgo” de los trabajadores estatales ante las presiones y complicidad de los abusos del régimen, concluyen abogados.
Para los conocedores de la ley y derechos humanos consultados por LA PRENSA, no hay duda de que más adelante otros funcionarios públicos se sumen a renunciar o abandonar sus cargos y denunciar las violaciones de derechos humanos de la dictadura, “siempre y cuando estén seguros o fuera del país”, porque denunciar a la dictadura significa poner en riesgo “la vida y la libertad”.
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«Las presiones, los abusos que cometen los grandes jerarcas del Estado en contra de estos ciudadanos trabajadores del Estado, y ya no digamos el poder judicial, en esta institución ha habido un ensañamiento multiplicado, estamos hablando que jueces expresan a las defensas que no están de acuerdo con lo que tendrán que hacer producto de un mandato de la dictadura», expresó el abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, exiliado en Estados Unidos.
«Estamos hablando de vulnerar la ley para condenar y castigar según el lado en el que te encontrés. Eso quiere decir que castigarán a quienes hayan criticado, señalado o sean opositores al Gobierno, y para premiar a gente que ha estado al margen de la ley; abusadores, que han sido exonerados de culpa porque han manifestado una línea servil, casi perruna al gobierno de los Ortega-Murillo», señaló Cuevas.
El defensor de derechos humanos agregó que «esa es la situación que se ha estado dando en estos momentos, muchos empleados públicos están hastiados, incluso hasta el más alto nivel de las presiones, de las cosas que los obligan a hacer, que vulneran su dignidad, su ética profesional, y otros empleados públicos que se dan cuenta que están ya en medio o iniciando una debacle y que lo que viene es peor».
Situación se radicalizó a partir de 2018
Por su parte, el abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia y exfuncionario del poder judicial, opina que a partir del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, los poderes del Estado como el poder judicial se han radicalizado. Aseguró que «antes de ese año, buscaban al menos guardar apariencia de legalidad y trataban de no darse ‘color’, sin embargo, la polarización que hay ahí es nefasta y en estos dos años que han sido electorales ha incrementado de niveles».
«Los sábados los llevan a marchas, los involucran los días de semana en actividades políticas-partidarias, y como decimos en el lenguaje popular los están ‘quemando’, los están comprometiendo», manifestó Morazán, exiliado también EE. UU.
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No obstante, Cuevas indicó que esto se viene poniendo en práctica desde 2017 para las elecciones municipales de ese año. «Me decía una trabajadora del Seguro Social que se sentía cansada porque obligaban a los empleados públicos a andar de casa en casa concientizando según ellos a las personas para que fueran a votar por el Frente Sandinista. Entonces eso te da la medida del cansancio que hay en los empleados públicos», opinó.
Morazán calificó estas acciones «como una estrategia que se fabrica desde El Carmen (como se le conoce a la residencia de los Ortega-Murillo), para ganarse la fidelidad de ellos por un lado, y por otro lado como ha sido una dinámica de contratación donde el mérito pasa a segundo plano, entonces se ha creado una cultura institucional laboral del canibalismo».
«Es decir, donde nadie está seguro, ya no existen las personas que podían gozar de seguridad porque tenían un padrino o porque eran familiar de… No, ahora eso se sustenta en el nivel de servilismo que podás tener», afirmó el abogado.
Las consecuencias
A criterio de Cuevas, muchos trabajadores del Estado se acuerdan, los «más mayores o les cuentan lo que sucedió con Somoza, que no quiso dejar el poder a las buenas, tuvo que irse a las malas y se llevó de paso, arrastró, a muchos empleados públicos que pagaron la complicidad con el gobierno de Somoza con la cárcel y algunos hasta con la muerte, entonces esa suma de situaciones ha provocado que los empleados públicos quieran salir huyendo», dijo.
Para Cuevas, uno de los casos más emblemáticos que ha ocurrido en el poder judicial, tras el estallido de la crisis en 2018, fue la renuncia del exmagistrado Rafael Solís, «el brazo ejecutor de las deciciones de los Ortega desde ese poder del Estado, quien a pesar de su condición de confianza se dio cuenta de lo que estaba pasando con la represión, con los asesinatos, era inexcusable, y siendo un hombre inteligente se dio cuenta que ese era el principio del fin de la dictadura y tomó distancia del gobierno abusivo de los Ortega y decidió hacer señalamientos como los que hoy se está corroborando, que la gente del poder judicial no son más que peones de los deseos de la pareja gobernante», expresó.
Al respecto, Morazán sostiene que a partir de que asume la secretaría política el magistrado Marvin Aguilar, las cosas en la CSJ se radicalizan más, «porque bien o mal, Rafael Solís no era tan fanático como Marvin, claro no tenía que demostrar nada, por su trayectoria y compromiso con Ortega», en cambio Aguilar «no goza ni ha gozado de la confianza de la pareja presidencial y este tiene, al asumir la batuta, que demostrar fidelidad».
