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SOLO PARA SUSCRIPTORES.La jueza Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria, María Concepción Ugarte, quien recientemente se exilió en Estados Unidos y que según sus familiares posee pruebas contra la dictadura Ortega-Murillo, fue una reconocida fanática sandinista, así la describe el abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y también exfuncionario del poder judicial.
Según Morazán, Ugarte ingresó al poder judicial en 1997 como asistente del magistrado Marvin Aguilar, a quien se refiere como «el más poderoso de la CSJ después de abril (de 2018) y vicepresidente de ese poder del Estado, encargado de los procesos disciplinarios y destituciones, miembro del CNA y CJ y coordinador de la zona norte».
Morazán afirma que «su palanca» dentro del poder judicial era o es Aguilar.
Posteriormente Ugarte fungió como oficial de planificación y tras año y medio de capacitación, en 1998 pasó a ser simplificadora de trámites, «haciendo una especialización» en esa materia, detalló Morazán este martes en su cuenta de Twitter.
Agrega, que tiempo después, pasó a ser asesora de la Inspectoría Judicial de la Corte Suprema, cargo que desempeñó por cinco años. «Esta inspectoría siempre ha estado a cargo de Marvin Aguilar y es donde sancionan y destituyen a jueces y magistrados», explica en su publicación.
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En el 2003 Ugarte fue nombrada jueza de Audiencia Penal. Morazán indicó que «estos juzgados no hacen valoraciones de fondo, sino de forma. Es decir, revisan el cumplimiento de requisitos de las solicitudes presentadas por la Policía (convalidación de Allanamientos por ejemplo) y el Ministerio Público».
Los cargos que ocupó en los últimos 10 años
En 2012 fue nombrada jueza de Distrito Penal de Juicio; en el 2014 fue nombrada jueza Noveno de Distrito de Familia de Managua, y en el 2017 fue nombrada jueza Sexto de Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria, cargo que deja abandonado para huir por veredas hacia EE. UU.
«Dicho juzgado no determina culpabilidades ni conoce el fondo de un caso, sino que se encarga de cumplir las condenas firmes impuestas en otros tribunales. No obstante, en dichos juzgados se legalizan las órdenes de libertades de facto que emite el régimen sin proceso legal alguno», manifestó el abogado.
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Asimismo señaló que «por la naturaleza de su cargo, los jueces no persiguen delitos. Ellos conocen y resuelven los que les llevan servidos a la mesa. Hay que diferenciar entre las atribuciones, discrecionalidad que les da la ley y actuar en contra de norma expresa (acá está el meollo del asunto)».
«Por consiguiente, hay que tener cuidado al hablar de complicidades sin mencionar hechos concretos, ya que al igual que nosotros, no tiene ni obligación de denunciar ni de perseguir el crimen», insistió.
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Aunque opinó que «sus responsabilidades dependerán de los hechos que activamente hayan cometido, o siendo su obligación, pasivamente hayan omitido. Tampoco, un juez puede develar detalles de un caso ni manifestar interés en casos ajenos. Ni existe dónde denunciar de forma segura».
El abogado concluyó su publicación expresando que «después de examinar hechos e información objetiva, la jueza estuvo dentro de los círculos de influencias y orientaciones ‘políticas’ de esas que todos sabemos».
