El régimen de Daniel Ortega otorgó “Plenos Poderes” a la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres Mejía, para que suscriba un acuerdo de cooperación con el gobierno de Vladímir Putin sobre energía atómica. El otorgamiento se hizo efectivo a través del Acuerdo Presidencial 151-2022, publicado este viernes 21 de octubre en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.
Según este acuerdo, Torres queda al frente de la firma del “Acuerdo entre Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la cooperación en el campo de las aplicaciones no energéticas de la energía atómica con fines pacíficos”.
Desde el año pasado, el régimen orteguista comenzó a promover el desarrollo de energía atómica a través de la creación de una comisión para el desarrollo de esta materia. Esto acerca más a Ortega a las prácticas de los regímenes de Irán y Rusia, que son países con capacidad técnica para en el desarrollo de armas nucleares, las cuales se derivan de la energía atómica. En el caso de Rusia, constantemente amenaza a sus enemigos con usar “todos sus alcances para proteger a su pueblo”, como ha advertido tras su invasión a Ucrania.
En diciembre de 2021, Ortega también otorgó “Plenos Poderes” a la embajadora Torres para que suscribiera el “Memorándum de Entendimiento entre la Corporación Estatal de Energía Atómica ‘Rosatom’ (Federación de Rusia) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, sobre la Cooperación en la Esfera del Uso de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos”.
Comisión Nicaragüense de la Energía Atómica
Y más recientemente en agosto de 2022 se publicó el Decreto Presidencial 16-2022, para aprobar la creación de la Comisión Nicaragüense para el Desarrollo de la Energía Atómica con Fines Pacíficos.
Esta comisión “tiene el fin de promover el desarrollo y uso de la energía atómica para fines pacíficos, en materia de agricultura, medicina, industria, ciencia, tecnología, vigilancia y otros aspectos relacionados”.
Entre las funciones de la comisión destaca la promoción del “diseño y construcción de instalaciones nucleares de investigación, aceleradores de partículas, generadores de neutrones y otras fuentes de radiación ionizantes para uso en agricultura, medicina, industria, ciencia, tecnología, vigilancia ambiental y otros aspectos relacionados con el uso pacífico de la energía nuclear”.
También “gestionar los materiales, servicios, equipos e instalaciones necesarias para la investigación, desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica con fines pacíficos, incluso la energía eléctrica, eólica e hidráulica”, y considerar la posibilidad de “construcción del centro de ciencia y tecnologías nucleares en el territorio de la República de Nicaragua”, señala el acuerdo.
El acuerdo presidencial hace referencia a que Nicaragua forma parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se rige por la Carta de las Naciones Unidas y al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal), que establece el uso estrictamente pacífico de la energía nuclear.
Ejército es parte de la comisión
La comisión estará presidida por el titular del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt) e integrada por el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (Inta), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (Ipsa) y el Ejército de Nicaragua.
En los últimos años, el régimen de Ortega se ha acercado a Irán, uno de los países con gran capacidad técnica para la fabricación de un arma nuclear como la temida bomba atómica, según dijo el principal jefe de energía atómica del país, Mohammad Eslami, reportó el medio BBC.
Tras las votaciones de 2021, Irán fue uno de los pocos países que felicitó a Ortega por mantenerse en el poder, tras un proceso electoral sin competencia, con opositores y aspirantes presidenciales presos y con un árbitro electoral sin credibilidad.
