Desde que el dictador Daniel Ortega reprimió con mano de hierro las protestas cívicas en 2018, la Iglesia católica fue otro de sus blancos por la posición de denuncia de los obispos y sacerdotes sobre la violación de derechos humanos. Desde entonces se intensificó el hostigamiento y la persecución contra obispos y sacerdotes críticos, que ha llevado a decenas al exilio y lo que tiene al menos a 10 religiosos en la cárcel y un obispo bajo arresto domiciliario.
Última detención: padre Enrique Martínez
Hasta el 13 de octubre se ha reportado la última detención de otro sacerdote de la Iglesia católica en Nicaragua, se trata del presbítero Enrique Martínez, quien oficiaba misa en la parroquia Santa Martha, en Managua. El régimen lo sumó a su lista de procesados políticos al acusarlo (el 14 de octubre) por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas.
Este arresto eleva a nueve la cantidad de sacerdotes procesados por cometer supuestos delitos políticos y a 11 el total de detenidos; dos de ellos ya pagan condena, porque según los operadores de justicia de la dictadura cometieron delitos comunes.
El padre Martínez fue sacado a la fuerza por la Policía del régimen de la casa de sus familiares, el 13 de octubre, en Managua, a eso de las 5:00 de la tarde y fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial ( DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
El caso registrado con el expediente No. 022576-ORM4-2022-PN estará a cargo de la jueza sandinista Karen Chavarría Morales, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua, una judicial que ha condenado a varios de los presos presos políticos que mantiene la dictadura.
En la acusación el Estado de Nicaragua figura como “víctima” y el caso será representado por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas.
Monseñor Rolando Álvarez y otros seis religiosos
Desde el pasado 19 de agosto, monseñor Rolando Álvarez se encuentra bajo arresto domiciliaro en la casa de su familia en Managua, tras el allanamiento de la Policía orteguista a la Curia Episcopal de Matagalpa. Mientras que seis religiosos y un laico que lo acompañaban fueron trasladados a las celdas del Chipote.
El 21 de septiembre, los seis religiosos: Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz; el diácono Raúl González Vega; los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leiva fueron acusados. Con ellos también fue acusado el camarógrafo Sergio Cárdenas. Sin embargo la acusación no incluye a monseñor Álvarez.
El acta de celebración de la audiencia inicial, realizada el pasado 7 de octubre, detalla que los religiosos y el laico fueron acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”. En este escrito tampoco aparece el nombre de monseñor Álvarez.
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Estas siete personas son parte de las 12 que originalmente acompañaron al obispo Álvarez durante los 16 días que permaneció “retenido” en la Curia, desde el 4 de agosto. Luego de impedir que monseñor Álvarez se trasladara a la Catedral para celebrar la eucaristía, la Policía emitió un comunicado al día siguiente justificando la retención y el establecimiento de retenes de seguridad en la zona por una supuesta investigación.
Según ellos, investigaban a monseñor Álvarez por supuestamente intentar “organizar grupos violentos” que atentarían contra el régimen de Ortega. Se desconoce si el Ministerio Público abrió una acusación contra el obispo de Matagalpa.
Hasta el momento, las máximas autoridades de la Iglesia católica de Nicaragua y el papa Francisco han guardado silencio sobre el traslado forzado de monseñor Rolando Álvarez a la casa de su familia en Managua y sobre el estado en que este se encuentra.
La jueza del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Nalia Nadezhda Úbeda Obando, programó para el próximo jueves 1 de diciembre el “juicio oral y público” contra los seis religiosos y el laico.
Sacerdote Oscar Benavídez
El sacerdote Oscar Danilo Benavídez Dávila, párroco de la iglesia Espíritu Santo en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, fue acusado el pasado 8 de septiembre en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua. Aunque en la acusación no señalan el delito que se le imputa.
El religioso fue arrestado por la Policía la tarde del pasado 14 de agosto, después que ofició una misa y luego fue trasladado a Managua, donde permanece encarcelado en el Chipote.
Los dos sacerdotes condenados
El pasado mes de agosto, monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro en Boaco, fue sentenciado a 30 años de prisión por presuntamente haber incurrido en los delitos de abuso sexual y violación en una menor de 14 años en Boaco.
La sentencia fue impuesta por el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, quien lo declaró culpable, el pasado 26 de agosto, en un juicio secreto que duró dos días.
Al religioso, el juez de la causa no le permitió nombrar un abogado privado que lo defendiera y le impuso un defensor público, según denunciaron los familiares del religioso.
De acuerdo con la sentencia, el religioso deberá cumplir la pena en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052.
El primer sacerdote en ser acusado y condenado en el contexto de persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua fue el padre Manuel Salvador García, de la iglesia El Calvario en Nandaime, departamento de Granada.
Sobre el padre Manuel García penden dos condenas, una de dos años por amenaza con arma contra cinco hombres y de cinco años por violencia contra en perjuicio de Martha Hernández Rivas, quien después fue acusada por la Fiscalía de falso testimonio por haberse retractado de los señalamiento contra el religioso en el juicio.
Cabe mencionar que los procesos judiciales contra los religiosos católicos se han hecho a puerta cerrada y únicamente en el caso de monseñor Leonardo Urbina fue permitida la presencia de medios oficialistas.