En los próximos días la Asamblea Nacional convertirá a la Cinemateca Nacional en una nueva arma de censura contra la libertad de expresión. Originalmente la Ley No. 909, “Creadora de la Cinemateca Nacional”, publicada en el 2015, tiene objetivos enteramente plausibles, como ser un ente público descentralizado, con autonomía técnica y administrativa, cuya responsabilidad principal es la promoción y difusión de la historia, el arte y la cultura audiovisual y cinematográfica nicaragüense, así como el rescate, restauración, preservación del acervo fílmico nacional. Lamentablemente el régimen ha decidido desfigurarla con facultades represivas, en menoscabo de las libertades ciudadanas.
Desde que se conoció la iniciativa, ordenada por Daniel Ortega, quedó en evidencia que su verdadera intencionalidad es transfigurar esa institución en una entidad con atribuciones de censura, basándose en un mecanismo pseudo legal que le permitirá reprimir toda forma de comunicación visual que no esté en consonancia con las líneas propagandísticas del oficialismo.
Existe abundante evidencia de que la dictadura ha desconocido todos los instrumentos internacionales relativos a la promoción de las libertades públicas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se tiene como ley nacional desde 1980, en su artículo décimo tercero, sobre la libertad de pensamiento y de expresión, señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones».
Es sabido que el régimen no tiene escrúpulos y menos cuando se trata de violar los derechos humanos. La tendencia legislativa de la dictadura es cada vez más aberrante, la Cinemateca Nacional será una especie de ministerio orweliano, donde lo absurdo gobierna y la razón es perseguida. Alterar su naturaleza de entidad al servicio público y sumarla al aparato represor del Estado es tan descabellado como que la Biblioteca Nacional se dedicara a esculcar el pensamiento de la ciudadanía; o como que el Instituto de Cultura le clave los ojos a los artistas nacionales, sin importar su género, con la intención de arrebatar su imaginación creativa.
No hay límites. En adelante, cualquier adulador partidario o policía, independientemente de su clase, bien podría interpretar que, para filmar con un celular se requiere de un permiso especial, así registre imágenes de las bellezas naturales del país, ciudades, parques, puertos, edificaciones, incluyendo a la gente, de lo contrario se aplicarán sanciones confiscatorias. Y ya sabemos el destino que le depara a quienes se atreven a protestar.
De acuerdo con la reforma a la ley, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que producen información audiovisual tendrán que solicitar autorización para registrar sus operaciones, y por supuesto que la aprobación de proyectos fílmicos, exhibiciones públicas, comercialización o cualquier otra actividad relacionada, quedará sujeta a consideraciones políticas. No habrá garantías, lo único seguro es que, si el material audiovisual no favorece al Gobierno, en el menor de los riesgos será decomisado.
Es evidente que esta artimaña política es un intento más de “legalizar” las arbitrariedades y aumentar el control ciudadano desde una perspectiva autocrática. Quienes manejan los hilos del poder totalitario, no parecen entender que la libertad es inherente al ser humano, que el pensamiento no se puede confinar y que el derecho a buscar, recibir, producir y difundir información cinematográfica y audiovisual es parte de la libertad de expresión en un mundo cada vez más interconectado.
Pero como toda maniobra que atenta contra los derechos humanos, esa reforma a la ley de creación de la Cinemateca Nacional está destinada al fracaso.
