La Iglesia Católica Nicaragüense (ICN) sufre hoy una de las peores crisis de su historia. Varios de sus sacerdotes sufren prisión, exilio o represión por sus críticas al poder establecido. Más aún, la ICN es una Iglesia fragmentada, lo que podría acelerar la merma de fieles que ha venido sufriendo durante varias décadas.
La participación del clero en la vida política del país es hoy, al igual que lo fue en los 1980, la manzana de la discordia que fracciona a la ICN. Vuelven, pues, a abrirse las preguntas: ¿Pueden/deben participar los clérigos en la política? Y si lo hacen, ¿cómo deben hacerlo?
Para contribuir a una reflexión sobre estas interrogantes, quiero ofrecer el ejemplo de monseñor Oscar Romero como una guía para dilucidarlas. Claro está, Romero no es un ejemplo fácil de seguir. Su martirio lo dice todo. Amar como el Nazareno.
La característica más sobresaliente del pensamiento y de la labor pastoral de Romero fue su prédica del amor cristiano para eso que el teólogo Anders Nygren llama “crear valor” en justos y pecadores, conjugando así, a favor de la justicia y el amor, las tensiones y contradicciones que marcan la relación entre el bien y el mal. En este sentido, el santo salvadoreño coincide con Pedro Arrupe J.S., para quien el amor cristiano significa “luchar contra (el mal), superarlo y convertirlo en un bien superior”.
Romero, pues, aborreció el pecado, pero no dejó de amar a los pecadores. El mártir, dice el jesuita Jon Sobrino, “denunció con extremada dureza la objetividad del pecado, pero al dirigirlo a los opresores mantuvo siempre un acento de buena noticia”. Así pues, Romero no insultó a los verdugos del pueblo salvadoreño, llamándoles “burros”, “delincuentes”, “imbéciles” o “ignorantes”, ni adoptó jamás la arrogante mentalidad de “aduana” criticada por el papa Francisco para hablar de quienes se hacen cargo de la tarea de decidir, como lo hace el obispo Silvio Báez desde Miami, quién es un verdadero católico y quién no lo es (Tuit. 9:42 PM, 28/09/22); o quién pasará por “la puerta de la salvación” y quién no, condenando a los OrMu al infierno y erigiéndose él, y sus preferencias políticas, como las medidas del bien y del mal (Báez, Homilía, Miami, 22/10/22).
Desde la izquierda teologal, esta misma mentalidad “aduanera” fue usada por algunos religiosos, en los 1980, para decretar que quienes no estaban “comprometidos” con la Revolución Sandinista quedaban “al margen de todo encuentro posible con Dios” (Juan Hernández Pico, S.J., Qué significa Jesucristo en un proceso revolucionario como el de Nicaragua, 1979).
A estos administradores de la “aduana sacramental”, Job los hubiese interpelado: “Y usted, don Silvio y usted, don Juan, ¡qué carajos saben! ¡Los misterios y los límites de Dios son insondables!” (Job 11:7-8). Efectivamente, si aceptamos que “solamente Dios sabe lo que piensa Dios” (Nicolás de Cusa), tenemos que aceptar también que lo único que podemos decir con certeza es que los OrMu son culpables de múltiples delitos penados por las leyes del Estado y que, por lo tanto, deberían estar presos.
Estas leyes, sin embargo, no coinciden necesariamente con las de Dios porque, como apunta el teólogo Jim Grassi, las leyes de Dios trascienden la lógica que define lo ético y lo legal y, por lo tanto, “escapan a todo cálculo o evaluación racional” (ver también, Francisco, El nombre de Dios es misericordia, 2016). El ágape, dice Pablo, alcanza lo que la justicia no puede alcanzar: “Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Romanos, 5:20).
Al César lo que es del César…
Amar a la manera de Romero implica evitar la politización —explícita o disfrazada con citas evangélicas— del mensaje de Jesús. Así lo entendió el mártir: “El pastor y las comunidades cristianas tenemos la obligación de no parcializarnos, sino ser conciencia cristiana en medio de nuestro pueblo” (Romero, Homilía, 13/01/80). Fiel a este pensamiento, insistió en que la Iglesia y sus representantes no debían “instalarse en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido” porque, como pueblo de Dios, la Iglesia “es la peregrina eterna de la historia” (Romero, Homilía, 23/03/80; ver también, Homilía, 06/08/78).
Romero, pues, jamás hubiera usado el púlpito de su iglesia para despotricar contra los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela y “poniendo” la suerte de los movimientos de oposición de esos países “en las llagas del Señor resucitado” (ver Homilía, Báez, Miami, 11/04/21). Tampoco hubiera recomendado a su feligresía luchar contra el gobierno salvadoreño con “astucia evangélica” y evitar así, “dividirse y atacarse”, como si el Evangelio fuese un manual de técnicas para alcanzar el poder; la misa un mitin partidario; y él, un estratega de los movimientos y partidos de la oposición (ver Báez, Homilía, Miami, 17/09/22).
Y jamás hubiese usado su investidura para insistir, como lo ha hecho Báez, en “no negociar” con el gobierno sandinista para lograr la liberación de los presos políticos (ver Báez, Miami, 21/10/22). Este llamado niega el derecho de quienes hoy luchan por una amnistía para sus familiares; contradice todo lo que se ha dicho sobre la liberación de estas personas como una “prioridad”; y, sobre todo, ignora que el papel de la Iglesia no es “intensificar las contradicciones” —al estilo de los leninistas nicas en los 1980— sino contribuir a reparar nuestras heridas.
No enredar más lo enredado.
La exhortación de Romero a no confundir la política y la religión no solamente es importante para la Iglesia católica. Lo es también para el futuro político de un país que, como el nuestro, carece de marcos institucionales bien definidos. ¿Quién, por ejemplo, podría decir dónde termina el espacio de acción de las finanzas del Estado y dónde empieza el de los negocios particulares de la familia OrMu?
Los sacerdotes de la ICN deben contribuir al ordenamiento institucional de nuestro país respetando el espacio de la política, o bien, renunciando a los beneficios de la sotana y levantando, con honestidad y valentía, sus banderas partidarias. El Dios de la Iglesia católica y Nicaragua lo agradecerán.
El autor es profesor retirado de Ciencias Políticas en la Universidad Western, Ontario, Canadá.
