La comunidad nicaragüense ha sido conmovida por otro crimen espantoso, el de las dos niñas de 7 y 10 años de edad que fueron ultrajadas sexualmente y asesinadas en un barrio de la periferia de Managua. El terrible delito habría sido cometido el pasado fin de semana por dos sujetos aberrados, uno de ellos adolescente, que supuestamente fueron ayudados por la compañera de vida del mayor de ellos.
Hace dos años, el 12 de febrero de 2020, otras dos niñas de 10 y 12 años de edad fueron igualmente violadas y asesinadas en una remota zona del Caribe Norte. Después de aquel crimen horrendo, el régimen estableció la pena de cadena perpetua para castigar ese tipo de delitos extremos. Pero es obvio que el castigo penal, por muy severo que sea, no evita que se comentan crímenes como ese y los demás de cualquier otra clase.
En su edición de ayer LA PRENSA informó que “según el Anuario 2021 de Medicina Legal, ese año se registraron 4,803 casos de violencia sexual, el 82 % contra menores de 17 años, en su mayoría niñas y adolescentes mujeres”. Agrega la información que de acuerdo con el Observatorio Voces, “entre enero y agosto de este año (2022), 42 mujeres y niñas nicaragüenses han sido asesinadas víctimas de la violencia machista”.
Activistas feministas coinciden en responsabilizar al Estado por la imparable criminalidad contra mujeres adultas y niñas. “La sociedad se debe preguntar qué estamos haciendo por los niños, a quienes les estamos enseñando la violencia, y qué estamos haciendo con las niñas, a quienes estamos condenando a la indefensión y a un extremo de vulnerabilidad”, dijo a LA PRENSA una dirigente feminista.
A juzgar por las informaciones que proporcionan organismos especializados, la inseguridad pública y la criminalidad han aumentado después de la insurrección cívica de abril de 2018, y la represión que le ha seguido hasta ahora. Pero, además, las medidas de prevención y punitivas del Estado no contienen ni reducen la criminalidad.
Lo que hace falta en este ámbito es más y mejor educación. El Estado debería restablecer la educación de moral y cívica en las escuelas públicas y privadas. Además, mancomunar esfuerzos con la sociedad, las familias y las iglesias para inculcar la ética de la convivencia. Pero en vez de eso el Estado criminaliza y persigue a la sociedad civil y a la Iglesia católica.
Está comprobado que las personas con menos educación, o que no la tienen del todo, son más proclives a delinquir. “Una persona con poca educación es más propensa a cometer delitos en comparación con una persona con mayor educación”, advierte Laura Jaitman, investigadora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por su parte, Patricia Martínez Lang, directora del Centro de Investigaciones de la Universidad Anáhuac, de México, ha escrito en el diario mexicano El Universal que “las causas de la conducta delictiva involucran aspectos relacionados con la educación, el medio socio-familiar y la economía. Los delincuentes en su gran mayoría son individuos física y mentalmente normales, sin embargo, lo que en ellos falla, es la formación inadecuada como persona. Gran parte de los delincuentes provienen de sectores de población social y educativamente desfavorecida que pueden predisponerlos a cometer actos antisociales e ilícitos”.
Las fuerzas democráticas deberían comprometerse a que cuando se recupere o se reconstruya la democracia, transformar y modernizar la educación general, y promover la formación religiosa y ética de los nicaragüenses.
No es que de esa manera se erradicaría por completo la criminalidad, porque tal cosa es imposible. Pero sí se podría controlar, reducir y evitar que ocurran con frecuencia crímenes espantosos como el de las niñas violadas y asesinadas, que ha estremecido la conciencia nacional.
