El gobierno del primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, informó que actualmente mantiene una «agenda bilateral» con el régimen de Daniel Ortega. La información fue parte del argumento que brindó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para justificar la ausencia del representante colombiano a la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se aprobó una resolución que condenó la persecución religiosa en Nicaragua.
La ausencia y por ende, la no votación a favor de la resolución, responden a razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas. Álvaro Leyva, canciller colombiano, aseguró que esa sesión coincidió con la «ventana de oportunidad para una acción humanitaria» en Nicaragua. Justamente el día que se informó de ese gesto, el régimen comenzó a presentar a algunas personas presas políticas que permanecen encarceladas en las celdas del Chipote y a quienes no se les veía públicamente hace más de un año.
Lo cierto es que la justificación de Colombia ha generado expectativas a favor de la liberación de los presos de conciencia, incluidos religiosos como monseñor Rolando Álvarez, quien cumple 18 días bajo arresto domiciliario en Managua, y cinco sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa que permanecen en el nuevo Chipote.
Partiendo de esto, LA PRENSA consultó a expertos en derecho y relaciones internacionales quienes comparten su valoración de la actitud del presidente colombiano.
¿Es posible la liberación de presos?
Daniel Coronell, periodista colombiano, publicó en el portal Los Danieles & Cambio una columna titulada El precio del silencio, en la que asegura que este fin de semana una fuente gubernamental de Nicaragua le confirmó que Colombia está «adelantando una gestión humanitaria ante la dictadura de Daniel Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos».
Coronell enumera que entre los prisioneros que el gobierno colombiano espera sean liberados están los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Maradiaga; los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Hollman, y las dirigentes sociales Dora María Téllez, Suyén Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil.
Y también dice que en la lista de los 21 presos políticos por los que está intercediendo Colombia está «monseñor Álvarez quien fue detenido en la sede obispal junto con otros cinco religiosos y un camarógrafo que trabajaba para la Diócesis».
El experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, reconoce que a él como a otros expertos con los que le ha tocado conversar sobre las acciones de Colombia les ha «sorprendido mucho por el secretismo con el que está manejando el asunto», y considera que el panorama no está claro de qué están negociando.
Añade que existen más interrogantes que respuestas: «¿A cambio de qué va a liberar Ortega a los presos?, ¿qué le puede ofrecer Colombia? «Son grandes interrogantes, porque no se sabe hasta ahora en qué beneficia a Colombia el obtener esa liberación, será que van a intercambiar algo en el marco de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que necesita ahí algún intercambio que Ortega le esté dando a la guerrilla colombiana».
Murillo Zamora insiste en asegurar que «no hay transparencia» en el gobierno de Petro, tal como «lo había dicho que no iba a ser así, es que no se encuentra qué es lo que beneficia a Petro asumiendo esa posición, ¿se va a convertir acaso en un mediador en América Latina? o ¿qué es realmente el propósito que tiene?»
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Considera que se tiene que ver la variable que no se observa hasta ahora «cuál es la posición de Estados Unidos en este asunto del diálogo de Colombia y Nicaragua».
En esa misma línea, Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), refirió a LA PRENSA que sin duda el comunicado donde se informa de la acción humanitaria deja ver dos cosas, aunque a su criterio, falta evidencia para que se comprendan las acciones colombianas respecto a Nicaragua.
«El primer elemento es que el gobierno de Petro cambia la línea de discurso agresivo que existe de Bogotá frente a Managua, sin que esto implique un apoyo a la dictadura, porque en ningún momento se ha establecido un cambio en torno a la posición del gobierno colombiano frente a los presos políticos. En segundo momento, el gobierno de Petro intenta rescatar, e intenta establecer una agenda que permita la liberación de los presos políticos que históricamente algunos de los presos políticos que tiene el régimen tuvieron una cercanía enorme con el Movimiento M-19, y con movimientos políticos de la izquierda colombiana», opina Cascante Segura.
Entiende, desde su perspectiva, que se tiene que reducir el nivel del discurso para «poder negociar, debido que la intención de Colombia en términos generales es convertirse en un interlocutor válido en la liberación de los presos políticos, en que si tendrá o no éxito, ahí está el problema».
A su criterio, lo que el Gobierno de Colombia está adelantando se «ajusta un poco a la promesa electoral de Petro de que iba a tener una política exterior de relevancia en el continente. Colombia como un interlocutor, gestor político en el continente. Es claro que si Colombia consigue ser el mediador y logra la liberación de los presos políticos le daría un enorme prestigio al gobierno de Petro en América Latina».
LA PRENSA, vía correo electrónico, consultó a la Cancillería colombiana si la agenda bilateral y acción humanitaria está enfocada en la liberación de los presos políticos, sin embargo, no logramos obtener respuesta a nuestra solicitud.
¿En qué consiste esa agenda bilateral?
Guillermo Rodríguez, abogado y columnista colombiano, al ser consultado por este Diario sobre el panorama colombiano respecto a la postura del gobierno de Petro frente a Nicaragua, refiere que su país «tiene un talante democrático».
Indica que en el país sudamericano la información sobre la agenda bilateral entre Bogotá y Managua se reduce al comunicado presentado por la Cancillería, no obstante, señala que a los demócratas de ese país les gustaría que estuvieran enmarcadas en la resolución de la OEA: como la libertad religiosa, cese a la persecución política, libertad de los presos políticos, no persecución a la prensa independiente y el no hostigamiento judicial en Nicaragua.
«Que esa agenda conlleve a que la Carta Democrática se respete y se busque la planificación de unas elecciones justas, libres y plurales cuanto antes en Nicaragua, al fin de buscar alternancia en el poder», asevera Rodríguez, quien reconoce a su vez que a lo mejor se escuche «bastante soñador de pensar que la agenda bilateral esté enmarcada en esos tres pilares democráticos para Nicaragua».
Al preguntarle, a su criterio, qué estaría ganando Colombia si se llegase a dar la liberación de los presos de conciencia, indicó que su país y el presidente «no gana nada, el que gana es Nicaragua que con el papel demócrata Colombia puede ejercer libertades y derechos civiles».
