En lo que va del año, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a más de 1,700 organismos no gubernamentales (ONG). Muchos de estos trabajaban en temas sociales como educación, salud, prevención de la violencia, género, democracia, entre otros.
Los cierres masivos son aprobados por los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por los funcionarios leales a Ortega y a su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. Y más recientemente el encargado de pasarles la guillotina directamente a las ONG es el Ministerio de Gobernación (Migob).
LA PRENSA conversó con el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, quien realizó una gira académica a la región centroamericana para conversar sobre la situación de los espacios cívicos en la región.
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Este año, cerca de dos mil organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas por el Gobierno, ¿cómo ve esta situación?
Esta es una situación que es realmente preocupante para nosotros como Relatoría Especial. Como sabe, desde 2018 he estado planteando algunas preocupaciones sobre la protección del espacio cívico en Nicaragua (…) Algunas de mis preocupaciones están relacionadas a la aprobación en 2020 de leyes, como la de Agentes Extranjeros, y su potencial impacto en el trabajo de las organizaciones sociales. Como mencionó, este año, con la adopción de la Ley de lavado de dinero, hemos visto al país alcanzar un alto nivel de restricción del espacio de la sociedad civil para operar en el país.
¿Conoce algún precedente con una situación similar a la de Nicaragua?
Las situaciones son diferentes. Tenemos algunas regiones en las que nos preocupan los espacios restrictivos para la sociedad civil. Pero puedo decir que esta es la primera vez que realmente vemos que el origen de los cierres de la sociedad civil es por la aprobación de estas leyes.
También es la primera vez que vemos que los partidos políticos que solían operar bajo la ley de pronto fueron declarados ilegítimos, fueron declarados ilegales. Esto es bastante preocupante porque esas son ONG, esos son partidos políticos que operaron durante muchos años en el país y por dos leyes que se aprobaron simplemente se vuelven ilegales, es decir, lo que ha pasado en este país durante muchos años es ilegal. (…) Esta es realmente la primera vez que veo que tal número de organizaciones de la sociedad civil son declaradas ilegales de un día para otro.
Cuando un gobierno no respeta los derechos de asociación y organización pacífica, como el caso de Nicaragua, ¿cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo para el país?
Si lo miramos a nivel internacional, significa que (el país) no está respetando sus obligaciones bajo los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos. En este caso particular, porque el Gobierno de Nicaragua firmó, ratificó los convenios internacionales sobre derechos civiles, debe implementarlos. ¿Y qué está sucediendo ahora? Es la falta de cumplimiento, la falta de respeto de las obligaciones del Estado.
La consecuencia también es que el Estado ahora se pone en el radar internacional en términos de que no está cumpliendo con sus compromisos. Significa que están creando esta situación en la que ya no son considerados como un país que respeta su compromiso, su obligación bajo el derecho internacional.
Las consecuencias también son el hecho de que la vía de participación se está cerrando en el país. (El impedimento que las personas) tengan la oportunidad de comunicar sus preocupaciones a la sociedad civil, a otro tipo de entidades independientes, a los periodistas. El hecho de que ahora la información que se puede ver en el país es solo la que está brindando el Gobierno. Está cerrando cualquier tipo de vía para que las personas sientan que están participando en los asuntos públicos o que están participando en la construcción del país.
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Está creando la marginalización de gran parte de la sociedad, porque muchos sienten que no son escuchados en su país. Y lo que se está creando es una tensión.
¿Cómo está la situación de Centroamérica?
La situación general en la región no es muy positiva. Vemos una fusión de estas prácticas de restringir el espacio cívico, de la restricción de cualquier vía para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos. Lamentablemente tengo que decir que tenemos preocupación en El Salvador, Guatemala y Honduras. Lamentablemente, lo que vemos en Nicaragua parece convertirse en prácticas comunes en la región.
Hablemos de lo que se puede hacer. ¿Existe algún mecanismo que pueda ser aplicado en Nicaragua, tomando en cuenta que hay un gobierno totalitario que controla todos los espacios dentro del país?
Creo que la primera cosa que necesitamos continuar enfatizando es la responsabilidad del Estado en revertir esto. El Gobierno de Nicaragua, y todos los gobiernos de la región, necesitan entender que es su obligación proteger el ejercicio de estos derechos, proteger los espacios cívicos en sus países.
(…) Si los Estados no lo están haciendo (cumplir sus obligaciones), hay varios mecanismos que se deben utilizar. Las Relatorías Especiales, el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General. Todo este tipo de mecanismos deben ser también la posibilidad de que los ciudadanos vayan y expresen sus preocupaciones. Estamos aquí para usar estos mecanismos y también es importante para la comunidad internacional no esperar hasta que sea demasiado tarde. Tenemos que actuar ahora.
¿Algo que quiera agregar sobre la situación que atraviesa Nicaragua?
Una cosa que quiero enfatizar es que es importante para las autoridades entender que todos los llamados que hacemos desde el sistema regional al sistema internacional, a diplomáticos, a otros Estados que han ofrecido su ayuda para superar esta situación es porque todos amamos Nicaragua y queremos que este sea un país pacífico, que sea un país donde todos vivan juntos. Sí es posible vivir juntos. Creo que todas estas organizaciones sociales que ya no pueden operar porque fueron declaradas criminales, cuyo trabajo ha sido criminalizado, son parte esencial de la sociedad. Son necesarios en la sociedad para construir desarrollo compartido. Y quiero además decirle a las autoridades de Nicaragua (…) que vean las consecuencias en las víctimas, en tantas personas que ya no tendrán más apoyo. (…) Las organizaciones de sociedad civil deben ser vistas como aliados, no como enemigos.
