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CONTENIDO EXCLUSIVO.El informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2022 demuestra que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es una institución que ya gastó más del 60 por ciento del presupuesto ordinario para todo el año. Aquí se incluyen más de 800 millones de córdobas, que es el “aporte para los partidos políticos” que participaron en las elecciones generales de 2021; el mayor porcentaje será para el partido del régimen de Daniel Ortega.
Cabe señalar que la principal fuente de ingresos del Presupuesto General de la República son los tributos, principalmente los impuestos sobre los bienes y servicios, y el impuesto sobre la renta.
El presupuesto del CSE para 2022, año de las votaciones municipales, es de 1,823.10 millones de córdobas (US$51.3 millones), de los cuales —según el informe de liquidación del Presupuesto de la República de enero a junio 2022— C$803.9 millones (US$22.6 millones) fueron asignados al aporte para los partidos que participaron en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, con una campaña electoral, orientada principalmente de manera virtual, que inició el 25 de septiembre y concluyó el 3 de noviembre.
Partidos son los que más se lucran
La directora del organismo de observación electoral Urnas Abiertas, Olga Valle, manifestó que el presupuesto asignado al CSE “solo le sirve a los partidos oficialistas y colaboracionistas”, “que se han lucrado de la erosión democrática del país”.
Por ley, los partidos que participan en las votaciones reciben un porcentaje del reembolso, por los gastos de campaña electoral, lo que para los críticos es su premio por participar en las votaciones.
El artículo 99 de la Ley Electoral (Ley 331) establece en el segundo párrafo que “se asignará una partida presupuestaria específica del punto cinco por ciento (0.5 por ciento) de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, destinada a reembolsar los gastos en que incurrieron los partidos o alianzas que hubieren participado en las elecciones municipales, teniendo como referencia la sumatoria de los votos obtenidos en la Elección de Alcaldes o Alcaldesas y Vicealcaldes o Vicealcaldesas”.
Es decir que el mayor monto lo recibirá el partido del régimen, el Frente Sandinista.
Según la Ley, “los partidos deben rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Supremo Electoral”.
La directora de Urnas Abiertas señaló que la reforma a la Ley 331 no precisa si para acceder a dicho reembolso se debe de demostrar con factura los gastos en los que el partido incurrió.
“La Contraloría debería de aprobar el reembolso basado en lo que el partido demuestre que gastó, aunque el porcentaje de votos le permitiese un techo de financiamiento mayor”, explicó Valle.
Contraloría sin garras
Pero en cambio, “la Contraloría no está obligada a hacer pública las facturas o los análisis bajo los que aprueban los reembolsos, manejando esa información sin transparencia. Es importante señalar que esta entidad del Estado también está controlada por el oficialista FSLN”, agregó.
Valle recordó que la reforma electoral de mayo de 2021 eliminó el requisito de al menos un 4 por ciento de los votos para recibir una cuota del reembolso. También consideró preocupante que quien realiza la “asignación del porcentaje de votos de manera fraudulenta” para cada partido es el mismo que decide “cómo distribuir el financiamiento electoral”.
“Tal como señalamos en 2021, los partidos colaboracionistas reciben este financiamiento como prebenda por prestarse a participar en elecciones ilegítimas, esto quedó confirmado el año pasado con la contrarreforma electoral aprobada”, valoró Valle.
3 % del presupuesto general
Un análisis de Urnas Abiertas valoró que el gasto gubernamental asignado al CSE normalmente ronda el uno por ciento del presupuesto del gasto total del Gobierno central, sin embargo, en años electorales, generales o municipales, el gasto asciende casi al 3 por ciento. Porcentaje que solo ha sido superado en las generales de 2001 (6 %) y en las de 2006 (4.41 %).
El presupuesto del CSE está dividido en cuatro programas: actividades centrales, cedulación ciudadana, registro del estado civil de las personas, y atención a partidos políticos. En años electorales se designa un quinto programa bajo el cual se organiza todo el proceso electoral denominado “Elecciones”. En promedio las elecciones absorben el 77 % del presupuesto total del CSE.
Esto se corrobora en el documento del Presupuesto del CSE en 2022, donde el mayor monto está destinado al rubro elecciones, donde se incluye el reembolso a los partidos (C$1,465.75 millones), seguido de “actividades centrales” (C$190.6 millones), cedulación ciudadana y padrón electoral (C$137.62 millones), registro civil de las personas (C$20.83 millones) y atención a partidos políticos (C$8.31 millones).
Según el Artículo 86 de la actual Ley Electoral, el Estado tiene que destinar uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General para reembolsar a los partidos en elecciones generales, 0.50 por ciento en elecciones municipales y 0.25 por ciento en elecciones regionales. Este año los partidos recibirán alrededor de 450 millones de córdobas como reembolso de campaña municipal que solo durará 21 días.
El gasto de las elecciones en general y del reembolso a los partidos en particular está justificado en la Constitución, la Ley Electoral y las leyes presupuestarias. Se cree que ha sido positivo algunas trabas que existen en la legislación para evitar el financiamiento de privados a los partidos. Sin embargo, el problema principal no es este, sino que las elecciones y la asignación de recursos se hacen de manera anómala y sin condiciones democráticas.
Diputados del régimen promueven campaña virtual
La justificación oficial para reducir los tiempos electorales fue que con las nuevas tecnologías de la información los procesos electorales son más ágiles.
El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez manifestó ante el plenario legislativo el día de la votación de la reforma, en mayo reciente, que la campaña electoral se puede hacer desde las redes sociales.
Particularmente, la campaña electoral se redujo a 20 días para las elecciones municipales, previstas para el 6 de noviembre y 30 días para las elecciones presidenciales. Antes de la reforma era de 42 días y 75 días, respectivamente.
Gutiérrez aseguró que la reforma hizo del CSE una institución “más transparente, más ágil, más eficiente”. También manifestó que “esta reforma en particular viene a mejorar significativamente las reglas del juego electoral en este país”.
El jefe de la bancada del partido gobernante FSLN, Edwin Castro, promovió la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y mencionó la inscripción de fiscales a través de las redes informáticas del CSE.
“Un montaje”
La opositora en el exilio, Ana Quirós, manifestó que las votaciones en Nicaragua son “un montaje” que se prepara en un tiempo reducido de tres meses, tras la reforma electoral del 5 de mayo pasado.
Dijo que esta falta de seriedad con el proceso de las votaciones municipales significa que serán un montaje. “Estas son elecciones de fachadas, son elecciones de mentira, ni siquiera llegan a una buena simulación”, agrega.
Considera que a pesar de esta reducción de las actividades y procesos, las votaciones nicaragüenses siguen siendo las más costosas de la región.
“Siempre se ha dicho que el voto en Nicaragua es extremadamente caro, por cada voto la población nicaragüense paga una cantidad muy importante que lo que pagan la mayoría de los países de la región”, señaló.
Quirós valoró que el régimen de Ortega no se está tomando en serio las votaciones municipales, si pretende hacer una elección tan compleja en poco tiempo.
“Hay al menos unos dos mil puestos que van a ser sometidos a elección popular, pensando que sean al menos entre tres y cinco partidos políticos, estamos hablando que serán entre 6 mil y 10 mil candidaturas, entonces, que el CSE pueda verificar todas esas candidaturas y que los partidos políticos puedan cumplir con llenar todos esos espacios, es un trabajo muchísimo más grande que el de las elecciones nacionales y el CSE está dando apenas tres meses”, valoró la opositora.
Antes que Ortega regresara al poder en 2007, las elecciones se convocaban con un año de anticipación. Los últimos procesos electorales se hicieron con seis meses de anticipación y este año, por primera vez, se harán con tres meses de anticipación.
Según el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre 2022, del monto total del CSE para el año (1,823.08 millones de córdobas), el gasto corriente es de 1,788.93 córdobas y en gasto capital es 34.15 millones de córdobas. El informe reporta que a junio ya se ha gastado el 62.5 del gasto corriente y el 24 por ciento en el gasto de capital.
CSE es prioridad para Ortega
Un economista, que pidió ocultar su identidad por motivos de seguridad, aseguró que en Nicaragua las elecciones “no tienen ninguna importancia en términos políticos para la sociedad”, aunque sí para Ortega, quien, según el economista, se asegura el poder a través de su control total del proceso de votación.
La fuente manifestó que el régimen orteguista “malgasta el dinero del público en burocracia”, porque los magistrados del poder electoral “son funcionarios públicos que su papel es político, no de servicio”.
“Son funcionarios que dan el rostro, dan conferencia de prensa, pero no hacen mayor cantidad de cosas, ni siquiera su trabajo de servicio público”, expresó.
Con esta opinión coincide el sociólogo y economista, Oscar René Vargas, quien indicó que el CSE “ha gastado incluso más de lo que se supone corresponde a la mitad del año, porque han gastado el 62 por ciento y no el 50 por ciento del presupuesto asignado”.
Vargas explicó que el gasto corriente está orientado a las remuneraciones y salarios, mientras que el gasto capital son los bienes que se adquieren, por ejemplo: computadoras, vehículos, materiales de oficina, entre otros.
“(Los magistrados del CSE) son funcionarios que reciben salarios sin ejecutar ninguna acción concreta. Es decir, hay un cantidad de funcionarios que son supernumerarios. Reciben salarios sin hacer nada o muy poco”, agregó.
Desde que Ortega regresó al poder en 2007, las votaciones se han caracterizado por la falta de transparencia, las numerosas irregularidades en todo el proceso, las denuncias de fraude electoral de parte de organismos de observación electoral nacionales e internacionales.
Actualmente, el poder electoral es un órgano sin credibilidad, controlado en su mayoría por militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
Los partidos políticos que el régimen de Ortega permite que participen, son organizaciones encabezadas por personas que no se oponen a las arbitrariedades del orteguismo y son herméticos con los medios de comunicación.
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