Denuncias sobre el mal estado de los caminos, ofrecimiento de servicios laborales, productos o puestos de trabajo, programadas de formación con los que desde campesinos hasta jefas del hogar se educaban en materia de finanzas, derechos o participación ciudadana. Notas luctuosas, quejas de la población o peticiones de ayuda para problemas de salud. Música de fondo, servicios religiosos y las voces o nombres familiares de los pobladores que llamaban o enviaban mensajes a través de la radio. Todo eso y más ofrecían las parrillas de radioemisoras locales y programas comunitarios que se han apagado bajo las órdenes de la dictadura de Daniel Ortega.
En la más reciente escalada represiva con la que el régimen Ortega Murillo pretende callar las voces críticas a su gestión, unas treinta estaciones de radio han sido silenciadas. Cerca de la mitad son de perfil religioso, siete comunitario y el resto comercial. Pero más allá de la afectación a la propiedad y la pérdida de empleos, este cierre cercena derechos fundamentales de las audiencias a las que estas emisoras dirigían su programación y elimina los pocos vestigios de democracia que quedaban en el país, señalan activistas.
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“Su papel es muy relevante. A través de ellas los habitantes de las comunidades, aún las más lejanas tenían un espacio de formación y de muchos servicios sociales. Además, eran un espacio de comunicación con personas de las que se han distanciado”, dice una defensora de derechos humanos de Muy Muy.
Añade que a través de la radio las personas han alcanzado muchos cambios tanto políticos como culturales, porque se han formado y empoderado de tal manera que muchas veces están más y mejor informadas que los habitantes de la ciudad.
Allá donde las líneas telefónicas aún no llegan, su conexión es inestable o no todos tienen acceso a un teléfono celular, donde la televisión es más un lujo de entretenimiento, es ahí donde la radio sigue siendo el aparato alrededor del que orbita la atención y el interés de las familias. Son estas comunidades y tejidos sociales los más afectados con la orden de callar estos espacios.
El impacto más fuerte de este apagón lo provoca el cierre de las emisoras comunitarias, ya que según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) su objetivo es contribuir a la “transformación social, búsqueda de un sistema justo con vigencia de los derechos humanos, con acceso y participación de las mayorías”.
Han ido “callando” a las comunidades desde 2018
“Nuestras emisoras comunitarias (de Fundación del Río) realizaban una labor de libertad de expresión a nivel comunitario… teníamos una parrilla de programación vinculada a las actividades productivas, al campesinado, a la situación ambiental, desarrollábamos procesos de educación ambiental. Es decir, una seria de programas vinculados al quehacer de las comunidades”, dice Amaru Ruiz, director de la extinta Fundación del Río.
Las emisoras a las que se refiere Ruiz son Radio Humedales y Voz Juvenil, que funcionaban en Río San Juan, específicamente en San Miguelito y El Castillo, respectivamente. Ambas salieron del aire en diciembre de 2018, cuando se canceló la personería jurídica y se confiscaron los bienes de la organización.
“Cubrían la demanda de información, educación y entretenimiento de las comunidades. Pero también servían para señalar preocupaciones a nivel municipal. La gente hacía denuncias sobre la situación de los caminos, el ambiente y los servicios municipales… En su momento también algunas instituciones públicas tenían sus propios programas, desde los que se abrían los micrófonos para propiciar un dialogo entre ellos y los ciudadanos y eso era muy importante”, explica Ruiz.
La historia de estas dos emisoras se repitió en junio de 2022 con Radio Estéreo Libre de Jinotega. Después de 31 años de funcionar, dejó de trasmitir cuando la cancelaron la personería y confiscaron los bienes de la Asociación Infantil Tuktan Sirpi – Jinotega.
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Atacan comunidades radiales del campo y la ciudad
Pero también han suspendido transmisiones las comunitarias Radio Universidad, de la Universidad Centroamericana (UCA) y La Nandaimeña de Nandaime, Granada. El pasado 2 de agosto el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) le canceló la licencia a Radio Vos de Matagalpa. En 2014 hizo lo mismo con Radio Palabra de Mujer Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS); y en 2017 Radio Bosawás, propiedad de la Alcaldía del Cúa, Jinotega que ese año sería asumida por un opositor.
AMARC Nicaragua reporta que la censura oficial también alcanzó a tres centro de producción radial: SIMAS, El Nacatamal y Puntos de Encuentro. Además, “ha provocado el distanciamiento de tres importantes emisoras de la Costa Caribe”.
A esta diez emisoras comunitarias y tres centros de producción radial se suman ocho emisoras de la Diócesis de Matagalpa cerradas el pasado 1 de agosto que funcionaban en distintos municipios: Radio Hermanos de Matagalpa, Radio Católica de Sébaco, Estéreo Lourdes de La Dalia, Radio Alliens de San Dionisio, Monte Carmelo de Río Blanco, San José de Matiguás, Santa Lucía de Ciudad Darío y Estéreo Fátima de Rancho Grande.
Tras la palabra de las iglesias
Esa lista creció esta semana con el cierre de las emisoras de católicas de Siuna y Waslala, ambas en la Región Autómoma de la Costa Caribe Norte (RACCN); la evangélica Enmannuel de Rosita, también en la RACCN; una de las Asambleas de Dios en la capital y Radio San Carlos en Río San Juan.
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En el segmento comercial los cierres más recientes incluyen a Radio Dario y Sky de León y La Guarachera de Chinandega; las tres pertenecen al empresario Anibal Toruño, brutalmente perseguido por el régimen Ortega Murillo. También Estéreo Siuna de la RACCN cuya programación era exclusivamente musical y solo se interrumpía tres veces al día para retransmitir los noticieros de radio Corporación.
Indistintamente de que sean religiosas, ambientales o feministas, el denominador común de todas estas emisoras es su vínculo directo con las comunidades a donde llegaba su mensaje, el alto de nivel de cercanía, participación e incidencia en estas audiencias; algo que las emisoras nacionales convencionales no les ofrecen.
La radio, donde muchas mujeres encontraron eco a su voz
En el caso de radio Vos, las mujeres pierden un espacio que jugaba un rol de referente y contra referente que las acompaña en sus demandas. Cuando las niñas y mujeres se presentaban a la radio a denunciar, además se les proporcionaban a través de las organizaciones aliadas el acompañamiento legal, médico o psicológico que necesitaran. Y cuando llegaban a las organizaciones en busca de apoyo, estas las referían a la radio para presentar su denuncia, explica Argentina Olivas, directora de radio Vos y directiva de AMARC Nicaragua.
“Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el cierre de una emisora es el cierre de la democracia. Significa que la población a donde llegaba el mensaje de la emisora deja de ejercer un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derechos a la comunicación. Pero no solo se afecta el derecho a recibir o enviar información sino el derecho a la comunicación entre cercanos, entre vecinos, entre personas que conocen las necesidades de ese territorio que tenía un canal propio de la comunidad”, explica a LA PRENSA, la colombiana Mónica Valdés, vicepresidenta de AMARC para América Latina y el Caribe.
Valdés considera que con el cierre de estas radios se afectan varios derechos simultáneamente. “El derecho a la comunicación, a la participación y a todos los derechos culturales relacionados con la identidad. Además, se afecta en conjunto la democracia participativa y la posibilidad de tener un medio de la comunidad.
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Por su parte una defensora feminista de Rancho Grande señala que con estos cierres se ponen en riesgo los programas de prevención de la violencia y el abuso sexual, también las herramientas que ofrecían para mejorar el crecimiento y autoestima de sus diferentes audiencias; y muchos otros espacios de crecimiento para las mujeres y las niñas.