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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde el 1 de julio de 2021, hace 14 meses y medio, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), estaba sin secretario general. Por lo definido en los estatutos del organismo, la rotación entre los países miembros, le correspondía asumir a Nicaragua, pero la violación sistemática a los derechos humanos y la anulación de la democracia por parte del régimen de Daniel Ortega, provocó este impasse, el primero en los 30 años desde que fue fundada la instancia regional.
Este 11 de agosto, durante una reunión virtual, los presidentes de los países miembros o sus representantes, aprobaron al candidato de Ortega, Werner Vargas, en el cargo de secretario general del SICA, luego de haber presentado tres ternas previas. Para convocar a la reunión de mandatarios, previamente, el 23 de junio, el candidato había logrado la aprobación del Consejo de Ministros (de Relaciones Exteriores), con el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, como principal gestor.
El artículo 27 del Protocolo de Tegucigalpa
Los analistas vienen desde hace meses elucubrando si Vargas será un obvio peón de Ortega o si se ceñirá a lo que manda el organismo en su carta de fundación, conocida como Protocolo de Tegucigalpa, la realidad es que el texto, firmado por los presidentes de los países miembros en la capital hondureña hace 30 años y ocho meses (fue el 13 de diciembre de 1991), no deja lugar a la influencia del Gobierno de donde es originario el secretario general, ni de ningún otro país. Al menos eso dice el documento.
El artículo 27 del Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), señala textualmente: “La Secretaría General y el personal de la Secretaría actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusivo al Sistema de Integración Centroamericana y no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno”.
Agrega: “Cada uno de los Estados Miembros se obliga a respetar el carácter centroamericanista del personal de la Secretaría General y a no tratar de ejercer influencia alguna en el desempeño de sus funciones”.
Vargas, entre 2014 y 2020 fungió como director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, atendiendo los órganos políticos del Sistema, el sector energético, asuntos de igualdad y equidad de género, seguridad democrática, entre otros, tal como él mismo resumió en su perfil de LinkedIn.
El mismo perfil refiere que desde febrero de 2022 a la fecha es el encargado de la Oficina Subsede del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) en Guatemala, según el sitio web de esta organización es descrita como el organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) especializado en administración pública.
El perfil de Vargas señala que es licenciado en Derecho, con maestrías en Derechos Humanos, Derecho Internacional Público y Derecho de Integración Regional.
Cuáles serán las funciones de Vargas
El SICA lo conforman como estados miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana, país que actualmente tiene a cargo la presidencia pro témpore del organismo durante el segundo semestre de 2022.
Además registra miembros observadores, entre países y organismos, es el caso de Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Chile, Brasil, Argentina, Japón, Colombia, México, Italia, Canadá, Rusia, Suecia y el Organismo Internacional de la Juventud.
Según el Artículo 25 del Protocolo de Tegucigalpa, la Secretaría General estará a cargo de un secretario general, nombrado por la Reunión de Presidentes por un periodo de cuatro años y en el artículo siguiente señala que es el más alto funcionario administrativo del Sistema de la Integración Centroamericana y tiene la representación legal.
Entre las atribuciones definidas en el Artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa están:
- Representar al SICA en el ámbito internacional conforme lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa y cuando le sea encomendado por el Consejo de Ministros.
- Ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las Reuniones de Presidentes, Consejos de Ministros y Comité Ejecutivo.
- Gestionar ante Estados, grupo de Estados, organismos y otros entes internacionales, la cooperación financiera y técnica necesaria para el buen funcionamiento del SICA y el logro de los objetivos centroamericanos, y en tal sentido, suscribir contratos, convenios y aceptar donaciones y otros aportes extraordinarios.
- Gestionar ante los Estados Miembros el efectivo aporte correspondiente al Presupuesto Ordinario y los extraordinarios si los hubiere.
- Nombrar y remover el personal técnico y administrativo de la Secretaría General de conformidad al Reglamento respectivo y tomando debidamente en cuenta un criterio proporcional de representación de las nacionalidades de los estados miembros.
- Llamar la atención de los órganos del Sistema sobre cualquier situación que, a su juicio, pueda afectar el complimiento de los propósitos o de los principios del Sistema o amenazar su ordenamiento institucional.
El cuarto intento de Ortega
El régimen presentó al menos tres ternas con el fin de que uno de sus funcionarios asumiera el cargo, que obedece a un acuerdo firmado durante la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, realizada en San José, Costa Rica, el 29 de junio de 2017, en donde se estableció la rotación geográfica para el cargo, correspondiendo a Nicaragua la Secretaría General del SICA para el período 2021-2025.
Todo comenzó a inicios de junio de 2021, cuando el régimen orteguista intentó sin éxito que los países de la región aprobaran extender por cuatro años más el periodo del exsecretario general del SICA, Vinicio Cerezo, quien se encontraba en ese cargo desde julio del 2017.
La idea de Nicaragua era que el guatemalteco, un cercano a Ortega desde las negociaciones de paz en Centroamérica en la década de 1980, continuara hasta el 2025. Ante la falta de acuerdos, el régimen no tuvo más remedio que presentar una segunda propuesta de la terna de candidatos.
Esta terna la encabezaba el exdiputado nicaragüense ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Orlando Tardencilla, un exguerrillero sandinista aliado de Ortega, quien después fue nombrado embajador ante Suiza y la ONU en Ginebra, para luego ser separado del cargo y nombrado representante ante la OEA; Luz Marina López Escobar, coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, y María Amelia Coronel Kinloch, actual ministra de Gobernación.
El tercer intento sería la candidatura del exministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, quien fue removido de su cargo al frente del Mific en marzo de 2022, tras 15 años. Este Diario conoció que Solórzano había puesto su renuncia en 2021, aduciendo supuestos problemas de salud.
Ligado al BCIE
El SICA, según lo demuestra su sitio web oficial, tiene registradas varias “instituciones especializadas”, entre las que se encuentran el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que ha mantenido de manera ininterrumpida el apoyo financiero al régimen de Ortega y cuyo presidente, Dante Mossi, ha cuestionado las sanciones internacionales contra la dictadura.
Otras entidades son: Centro Regional para la Promoción de la Mipyme (Cenpropyme), Consejo Monetario Centroamericano, Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca), el ICAP, entidad en la que Vargas indica fue director ejecutivo y otras 24 entidades, de las cuales solo una tiene sede en Nicaragua: la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram).