La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que el gobierno de Daniel Ortega tiene en el país un Estado policial que mantiene coartados todos los espacios de protestas y de denuncias que data de antes, durante y después de la crisis sociopolítica de 2018.
La relatora particularmente revivió el año 2017 en que el régimen le negó entrar a Nicaragua advirtiéndole que no le garantizaba su seguridad. “En 2017 yo quise ir a Nicaragua a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, era relatora para Nicaragua y de derechos de niños, niñas y adolescente y el gobierno me dijo que no me garantizaba mi seguridad para que yo no llegará”, dijo Arosemena.
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Las declaraciones de la comisionada fueron brindadas este miércoles en Costa Rica durante la presentación del Informe Anual 2021 sobre Nicaragua, capítulo IV.B en la que participó el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca. El informe concluye que en ese país “se ha roto la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y que hay una violación de derechos humanos de manera grave y sistemática”.
Arosemena afirmó que desde “hace ya cuatro años Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis política, social, humanitaria, de derechos humanos como consecuencia de la respuesta estatal violenta a las protestas sociales que iniciaron en el 2018 y que, a la fecha, esta crisis continúa profundizando”.
Expuso que en Nicaragua persiste un “contexto de impunidad generalizada y absoluta”, respecto de las graves violaciones de derechos humanos, y a su vez precisó que también se mantiene “un Estado de excepción, de facto, y permanente, bajo un completo quebrantamiento del principio de separación de los poderes públicos”.
Se pronuncia sobre presos políticos
La relatora se refirió a la situación de los opositores detenidos de forma arbitraria por el régimen de Ortega y que la mayoría está encarcelada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo Chipote. “La aplicación de regímenes de aislamiento sin ningún tipo de criterios legales, legítimos, así como unos procesos de interrogatorios constantes, yo lo calificó como un régimen de terror”, dijo Arosemena, y prosiguió mencionando los nombres de las mujeres privadas de su libertad en el Chipote en celdas de castigos y aislamiento.
La comisionada de la CIDH indicó que de acuerdo con las jornadas de trabajo que desarrollaron en Miami, Estados Unidos, y Costa Rica, la CIDH concluye que a partir de los testimonios recibidos “hay un sentido de terror, de miedo, y los presidentes de los países, las autoridades no pueden acallar las voces de sus ciudadanos, buscar estos mecanismos o medios para acallar a las personas va produciendo una situación de terror. Acallar a los pueblos tiene que tener un peso de responsabilidades”.
Régimen no tiene voluntad de resolver la crisis
Arosemena señaló que la CIDH valoró para la inclusión de Nicaragua en el Informe Capítulo IV.B es la “falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país, que está registrada y que hoy se quiere naturalizar como una normalidad en el país. La crisis está latente”.
Ante este escenario, la relatora aseveró que para la CIDH es imperativo que la comunidad internacional actúe y garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación en Nicaragua y “abstenerse de aplicar la censura previa o la censura indirecta por parte de cualquier órgano estatal”.
La CIDH, en su informe, demanda archivar todos los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación que hayan sido iniciados arbitrariamente para “reprimir, sancionar y castigar el derecho a la libertad de expresión”.
Por lo tanto, según Arosemena, la comunidad internacional juega un papel importante para la solución de la crisis sociopolítica que se vive en el país centroamericano desde abril de 2018. “Todos tenemos la responsabilidad de evaluar y los Estados a través de sus gobiernos tienen esa responsabilidad de tener esa conciencia de humanidad y hacerla cumplir”, puntualizó la comisionada.