El observatorio ciudadano Urnas Abiertas presentó este miércoles el primer informe “Nicaragua: entre el fraude y el terror – Una breve relatoría de cómo opera el terror en Nicaragua” en el marco de elecciones municipales a celebrarse en noviembre de este año, en el que denuncia la “continuidad de la violencia política y la persistencia del Estado del terror” ejecutado por el régimen de Daniel Ortega en el país, e identifican 11 nuevas formas de violencia política.
Las nuevas manifestaciones de violencia política documentadas por Urnas Abiertas son: represión migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, persecución al sector cultural y a la Iglesia Católica, eliminación de la autonomía universitaria, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, y migración forzada.
El informe, destaca que la principal violencia política identificada en los primeros cinco meses del año se ha focalizado en el asedio y persecución con el fin de “ejercer un control totalitario sobre la ciudadanía”, incluyendo a opositores, simpatizantes sandinistas, trabajadores del Estado y ciudadanía en general.
De la misma manera, han sido identificados como “operadores del terror” a sujetos y grupos armados incluyendo policías, militares y paramilitares en la ejecución de los hechos de violencia política. Siguen siendo los agentes de la Policía los principales “operadores de la represión” a través de hostigamientos, detenciones arbitrarias, allanamientos y confiscaciones, señala el organismo.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien participó del panel organizado por el observatorio para presentar el informe, destacó que el régimen de Nicaragua con estas acciones se quiere cerrar ante la comunidad internacional porque “no quiere rendir cuentas”, lamentó que el pueblo de Nicaragua no tiene “acceso a la justicia, porque el sistema de justicia del país no responde a los crímenes de lesa humanidad”.
Además de Abrão en el panel participó Wendy Flores, directora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, quien habló sobre la violación a los derechos humanos y la nueva oleada de cancelaciones jurídicas de organizaciones no gubernamentales; Cindy Regidor, periodista y editora de la sección NicasMigrantes de Confidencial, quien compartió la oleada migratoria de nicas a Costa Rica y a Estados Unidos, incluidos los riesgos que implica hacerlo de manera ilegal; y Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
CSE no ha convocado a las elecciones municipales oficialmente
Sobre el escenario previo a las elecciones municipales, el observatorio Urnas Abiertas denuncia que a la fecha las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por magistrados a fines al gobierno, todavía “no convocan a elecciones oficialmente”.
“Los tiempos de convocatoria de elecciones municipales han venido disminuyendo, de un año a 6 meses desde que Ortega regresó al poder”, apunta Urnas Abiertas, y señala que la reforma a la Ley Electoral, permite “un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales”.
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Reconoce que el horizonte electoral-municipal para este 2022 “no es favorecedor en tanto y cuanto no se observen cambios en las condiciones democráticas necesarias para realizar comicios legítimos”.
Indica que el retroceso democrático de Nicaragua antecede la crisis sociopolítica que estalló en 2018: “la corrupción y el fraude son la antesala perfecta hacia el autoritarismo y el terror político materializado en las múltiples formas de violaciones a derechos humanos que ha venido ejecutando el Estado de Nicaragua de manera sistemática y generalizada contra la población civil”.
Por lo anterior, Urnas Abiertas reitera que Nicaragua “necesita un proceso electoral, creíble, íntegro y legítimo”.
Crisis migratoria forzosa
Regidor compartió que la crisis migratoria nicaragüenses es “inédita, sin precedentes” citando palabras de Michell Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas.
“En los primeros cinco meses de 2022 hay más de 100 mil personas que salieron a Nicaragua, eso equivale a la cantidad de personas que viven en la ciudad de Granada. Es realmente dramático, una tragedia saber que además están saliendo familiares enteras a causa de la situación de Nicaragua y la crisis no resuelta”, comentó.
En Costa Rica, según dijo, continúan llegando personas en busca de asilo o refugio político debido a persecuciones políticas o situaciones económicas difíciles. “Entre enero y mayo de 2022, 32,593 personas de Nicaragua solicitaron refugio”, precisó.
Sobre la migración a Estados Unidos en mayo pasado, señaló, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó una nueva cifra récord de detenciones de nicaragüenses 19 mil. En lo que va de 2020, son 72 mil detenciones.