Diferentes críticos coinciden en que la cancelación de organizaciones religiosas, como las Misioneras de la Caridad, obedece a la pretensión del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de acaparar toda la asistencia humanitaria, aunque sin haber demostrado interés o capacidad para asumir a toda la población que era beneficiada a través de cientos de programas. Los analistas tampoco descartan que pueda ser parte de la guerra declarada de Ortega contra la Iglesia católica.
Más de 100 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL/ONG) serán canceladas próximamente a través de la Asamblea Nacional, entre las que destaca la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que tenían cuatro décadas de ayudar a los más necesitados en Nicaragua. Además, el pasado 15 de junio se conoció que el régimen clausuró las obras de beneficencia que realizaban las Misioneras.
La socióloga y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, manifestó que el régimen orteguista está cumpliendo el doble propósito de cancelar organizaciones humanitarias e intimidar a sus adversarios.
«Por un lado enviar un mensaje para aterrorizar las últimas voces de resistencia que nos quedan en el país como es la de algunos líderes de la Iglesia católica y, por otro lado, que en su ambición por mantener el poder político, quieren ser los únicos que tengan del derecho de proveer servicios (como si fuesen el todopoderoso), para usar esos medios para la compra descarada de conciencias: ´Yo te doy migajas y vos me sos fiel a lo que te pida que hagas´”, valoró Castillo.
Por su parte, la opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), María Laura Alvarado, expresó que Ortega se ha quedado sin seguidores voluntarios, así que tiene que seguir comprando voluntades con más asistencialismo.
«Ahora sabemos que el régimen Ortega Murillo se quiere adueñar justamente de todos esos espacios de asistencia social, para volverse una dictadura más asistencialista para todas esas personas que no tienen un hogar, que no tienen un trabajo estable y que requieren de asistencia humanitarias. Y sabemos que el régimen está buscando esa asistencia humanitaria, para reclutar a gente que apoye la causa del régimen sandinista, porque en Nicaragua ya no hay ningún ciudadano que verdaderamente apoye al régimen», dijo Alvarado.
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El opositor y miembro de la organización política Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), Héctor Mairena, opinó que con las cancelaciones de ONG «la dictadura está aniquilando cualquier espacio independiente de la sociedad civil» y de manera particular señaló que las organizaciones más afectadas son las que ayudan y promueven el derecho de las mujeres.
«Yo creo que la dictadura de los Ortega Murillo tiene una particular saña con dos tipos de organizaciones: las que tienen que ver con el trabajo de las mujeres, porque es importante el porcentaje (de organizaciones de mujeres) que han sido despojadas de su personalidad jurídica. Y, por otro lado, también intenta como amputar las diversas ramas o brazos mediante los cuales distintas expresiones de la Iglesia católica se vinculan a la población», valoró Mairena.
Mas de 540 ONG han sido canceladas este año, entre estas destacan en número las organizaciones de desarrollo social, local y de mujeres. Con la nueva lista de 100 ONG que serán canceladas próximamente, sumarán más de 600.
Otros organismos cancelados vinculados a la Iglesia católica son: Asociación Cáritas Diocesanas de Estelí, Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí, Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación Comisiones de Justicia y Paz Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural Católico del Norte Diócesis de Estelí.
La Diócesis de Estelí estuvo por más de 30 años bajo la autoridad religiosa del obispo Juan Abelardo Mata, uno de los más críticos del régimen Ortega-Murillo. En junio de 2021, monseñor Mata se retiró de sus funciones religiosas con la aprobación del papa Francisco.
¿Por qué Ortega se enfrenta a la Iglesia católica?
En el contexto de las protestas civiles de 2018, la Iglesia católica estuvo a la par de las demandas sociales, en contra del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Desde entonces, Ortega y su esposa repiten discursos que incitan al odio contra sacerdotes y obispos, a quienes han llamado «hijos del demonio», «golpistas» y «terroristas».
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El 4 de mayo pasado, la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen, aprobó un informe que recomienda juzgar a sacerdotes porque, según el criterio de los diputados oficialistas, han actuado «con saña y odio contra la militancia sandinista y contra toda persona relacionada con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN)».
«Deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo ya que se escudan como religiosos como fue el caso del colegio San José de Jinotepe”, expresa el informe.
En ese contexto fue condenado el padre Manuel Salvador García, de 57 años, por amenazar con un machete a simpatizantes de Ortega que llegaron a provocarlo hasta la iglesia que dirigía en Nandaime.
