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CONTENIDO EXCLUSIVO.Este año han sido canceladas 350 personerías jurídicas de organismos sin fines de lucro (OSFL ó ONG) a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua, entre las que destacan en número las organizaciones de desarrollo social, desarrollo municipal o local y los organismos de mujeres. Las suspensiones se han realizado entre el 17 de enero y el 2 de junio, es decir en cuatro meses y medio.
Las organizaciones de desarrollo social eliminadas este año han sido 54; desarrollo local, 49; asociaciones de mujeres, 36; empresariales y profesionales, 34; de promoción de la gobernabilidad y democracia, 29; y educativas, niñez y juventud, 27 eliminadas.
También han sido eliminadas 18 organizaciones ambientalistas o de temas ecológicos; 17 médicas o sobre salud; 10 asociaciones vinculadas a universidades, 8 de la Iglesia católica, entre otras.
Las numerosas cancelaciones de personalidades jurídicas comenzaron en diciembre de 2018, tras la represión armada contra las protestas civiles y tras los allanamientos de las sedes de las primeras nueve ONG afectadas, todas representadas por críticos y opositores a Ortega.
Según los analistas, la cancelaciones orientadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, son para eliminar los espacios críticos y de denuncia social.
Objetivo es «prohibir la asociación entre ciudadanos»
El exdiputado y opositor, Eliseo Núñez Morales, manifestó que el régimen no está viendo el «tipo de ONG» que cancela, sino que «es un tema de prohibir la asociación entre ciudadanos».
Núñez señaló, por ejemplo, que desde antes de 2018 las organizaciones de mujeres ya eran objeto de represión, «pero no les cancelaban sus organizaciones, «ahora lo están haciendo como parte de una estrategia de cierre de espacios de asociatividad ciudadana».
Por otra parte, la socióloga y opositora, Haydee Castillo, explicó que han habido etapas en el proceso de cancelación de ONG: en una primera etapa fueron eliminadas las organizaciones que tenían un rol más relevante a nivel nacional y regional, y ahora están siendo canceladas las organizaciones más cercanas a los territorios.
Castillo era directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), uno de los organismos municipales allanados y cancelados en 2018. Manifestó que las ONG tienen el rol de servir a la ciudadanía en ámbitos territoriales donde el Estado no alcanza a llegar.
«Somos las ONG que hemos llenado ese vacío, de realizar un serie de servicios educativos, económicos, ambientales y particularmente del empoderamiento ciudadano de las mujeres.», dijo Castillo.
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La socióloga no duda que el régimen Ortega-Murillo tenga como meta eliminar las organizaciones locales antes de las votaciones municipales, el próximo 6 de noviembre. Estas votaciones son para elegir alcaldes y concejales en los 153 municipios del país.
«Al acercarse la farsa electoral municipal, ellos están terminando con todo lo que implique derechos humanos, empoderamiento y ejercicio ciudadano como adelantándose nuevamenta a la farsa electoral de noviembre»,agregó Castillo.
Las elecciones municipales están programadas para el 6 de noviembre, para elegir autoridades en los 153 municipios del país.
Ortega busca «el extermio del movimiento feminista»
Particularmente sobre las organizaciones de mujeres, la socióloga aseguró que el régimen Ortega-Murillo tiene clara las fortalezas del movimiento feminista, el cual incluso jugó un papel de organización en las protestas de abril de 2018.
«El régimen le teme al papel crítico, al papel beligerante, a ese papel de empoderamiento que tienen las mujeres en Nicaragua. Ellos están con una política de Estado de violencia estatal, que se ensaña con el cuerpo de las mujeres y además quiere un país de hombres y particularmente de mujeres sumisas tuteladas, para poder acallar las voces de esas mujeres beiligerantes, que en todo el territorio nacional resisten y se oponen a vivir en una sumisión ante el Estado, sumusión ante la iglesia, sumisión ante los poderes fácticos, porque de eso los únicos que sacan provecho es esa élite política y económica. Esas son las causas sustanciales del por qué el régimen está en esa política de extermio del movimiento feminista», expresó Castillo.
Régimen no quieren fiscalización
El equipo de Urnas Abiertas valoró que el régimen «está intentando eliminar hasta el mínimo indicio de oposición o de fiscalización, porque muchas veces las instituciones locales y de género han sido bastante beligerantes en el territorio, para fiscalizar y denunciar cualquier tipo de arbitrariedades».
«Estas organizaciones que son interlocutoras directas con la población podrían significar, desde la lectura del régimen, un peligro ya que históricamente han tenido la capacidad de generar organización y movilización desde sus territorios, para estas elecciones están apuntando a que ningún cabo quede suelto a nivel local», valoró Urnas Abiertas.
Para el organismo Urnas Abiertas también se trata de una estrategia de control absoluto, «de no dejar ningún margen cívico y a politizar los servicios sociales, que de cierta manera es con lo que hacen campaña electoral permanente».
Cierre de todos los espacios
El sociólogo Oscar René Vargas valoró que el papel y la colaboración de las ONG es fundamental para ayudar a las necesidades de la ciudadanía en los diferentes ámbitos en que se desempeñan: salud, educación, desarrollo local, promoción de valores y derechos.
Sin embargo, Vargas apuntó que el régimen de Daniel Ortega quiere asegurarse de que el control político social le favorezca y ya no está dispuesto a ceder ningún espacios, por mínimo que sea.
El sociólogo manifestó que las alcaldías no tienen el presupuesto para responder a todas las demandas de la población, así que la ausencia de las ONG «tendrá el efecto de incrementar los niveles de pobreza en los municipios».
