Tras cuatro años de represión en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega lleva en cuenta la expropiación de oficinas de defensa de derechos humanos, feministas, promoción de la democracia, universidades, medios de comunicación y hasta sedes de organismos diplomáticos internacionales, lo que para los críticos no son más que robos.
«Lo que están cometiendo es un delito de usurpación de dominio, de robo con fuerza, actúan de una forma delictiva, porque yo no conozco ni siquiera por ejemplo decreto donde hayan hecho la simulación de que los bienes de los cuales indebidamente se han apropiado, pasan a ser propiedad del Estado; no conozco una resolución donde digan: esto se lo quité, esto es del Estado y entonces se lo asignó al Ministerio de Salud, están actuando por la vía de hecho», valoró la abogada y defensora de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, quien fue una de las primeras víctimas de las confiscaciones en 2018.
Después de saquear y cancelar legalmente a los organismos; criminalizar y perseguir a sus directores o representantes, Ortega ha convertido a la mayoría en centros de atención de salud, lo que para Núñez ha significado la estigmatización del Ministerio de Salud (Minsa).
«Están usando al Ministerio de Salud como para lavarse la cara ante la opinión pública internacional, porque aquí a nadie engañan y entonces supuestamente esos bienes que se han robado, que están usurpando, se los asignan al Ministerio de Salud y empiezan allí a instalar unidades de salud de cualquier tipo con el pretexto de que van a prestar un servicio a la población, pero ya sabemos que no tienen ninguna utilidad, que son bienes que no se están usando, solo hacen la instalación física: ponen el rótulo y después no hay un servicio en esas instituciones», agregó.
Núñez es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización confiscada y convertida en casa materna bajo la dirección del Minsa.
Confiscación está prohibida en Nicaragua
La socióloga Haydee Castillo es otra opositora a quien el régimen le confiscó en 2018 el organismo que dirigía: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias, ubicado en el municipio de Mozonte, el cual fue convertido en una universidad campesina por el régimen.
Castillo recordó que las confiscaciones están prohibidas en Nicaragua y por eso no pierde la esperanza de que un nuevo gobierno democrático hará pagar al orteguismo por sus violaciones.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua «garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles» y «prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
«Yo creo que hay que nombrar los hechos tal cual son: es un robo a la vista, es un abuso a la Constitución, es un acto de corrupción y que esta vez no puede quedar impune», dijo Castillo, quien se vio obligada a salir del país en 2018 por las amenazas y persecución de los simpatizantes del régimen.
El último caso de un organismo confiscado que el régimen convirtió en dependencias del Minsa, fue el edificio del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas «María Elena Cuadra» (MEC), donde el pasado 24 de junio fue inaugurado el centro de salud Dra. Erlinda López, como ya lo había anunciado el régimen. El MEC había donado este edificio a la Fundación Teletón, pero eso no evitó la expropiación.
El MEC es dirigido por la destacada feminista Sandra Ramos, quien a pesar de las amenazas y represión del régimen nunca calló su crítica contra Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
El MEC, fundado en mayo de 1994, se define en su página web como «un movimiento de mujeres, autónomo, amplio, pluralista, sin fines de lucro que impulsa y vela por la incorporación y participación plena, en condiciones de igualdad, de las mujeres en la sociedad nicaragüense, basado en el principio universal de igualdad, libertad y justicia social».
Los primeros asaltos y tomas de edificios se dieron en diciembre de 2018, en medio de la brutal represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Medios de comunicación en la mira de Ortega Murillo
Muchas de las organizaciones confiscadas denunciaron las violaciones de derechos humanos que se estaban dando en el contexto de represión contra las protestas; y los medios de comunicación informaban sobre estos hechos y repetían las denuncias documentadas por la CIDH y otros organismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.
Precisamente los casos de medios de comunicación confiscados fueron los más destacados, porque el régimen apuntó a quienes informaban día a día lo que ocurría en el país.
El Canal 100% Noticias, dirigido por el periodista Miguel Mora –actualmente preso político del régimen–, informaba las 24 horas por el servicio de cable; y en el contexto de las protestas pasó a ser uno de los canales nacionales más vistos en el país y fuera del país.
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Las instalaciones de 100% Noticias (ubicadas en Managua) fueron asaltadas la noche del 21 de diciembre de 2018, a la vez que fue detenido Mora y la periodista y jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, que se encontraban trabajando en las instalaciones. Ambos fueron excarcelados en junio de 2019 –debido a la presión que ejerció la comunidad internacional por la liberación de los más de 700 presos políticas que existían–, sin embargo, el régimen mantuvo tomadas las oficinas.
En 2021, Mora volvió a ser arrestado por su aspiración presidencial en las votaciones de ese año; mientras que la periodista Ubau salió del país el mismo año de su excarcelación, vive en el exilio actualmente.
En diciembre de 2020, se conoció la intención del régimen de convertir la sede de 100% Noticias en un Centro de Rehabilitación para Alcohólicos, bajo la dirección del Minsa, lo que se concretó en febrero de 2021.
Lo mismo ocurrió con las oficinas de los medios de comunicación que dirigía el periodista Carlos Fernando Chamorro: Confidencial, Esta Semana y Niú. Sus instalaciones ubicadas en carretera Managua a Masaya fueron tomadas la noche del 13 de diciembre de 2018.
Chamorro intentó recuperar sus propiedades a través de las vías legales, llegó a reclamar a la sede nacional de la Policía e incluso protestó frente a las instalaciones clausuradas en 2020, pero en todos los casos fue reprimido con violencia policial. hasta que tuvo que salir del país para evitar su encarcelación en 2021.
En marzo de 2021, el régimen inauguró en las oficinas de Confidencial una casa maternal, también bajo la dirección del Minsa.
Las confiscaciones de medios de comunicación se han mantenido los siguientes años. El 13 de agosto de 2021, el régimen se tomó las instalaciones del Diario LA PRENSA y encarceló a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann.
El pasado 10 de junio, la Policía orteguista se tomó las oficinas de La Trinchera, un medio de tendencia liberal.
Otras organizaciones confiscadas en 2018 y convertidas en centros de salud fueron la Fundación Popol Nah, dirigida por la política opositora y disidente sandinista, Mónica Baltodano. Fue convertida en Centro Nacional de Diabetología.
El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) fue convertido por el régimen en un Centro de atención a personas con adicciones de alcoholismo y/o drogadicción.
El Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), organismo que promovía la democracia y funcionaba como organismo de observación electoral, fue convertido en Centro Nacional de Diabetología «Porfirio García».
Universidades tomadas
La cancelación de personalidades jurídicas de universidades a las que luego el régimen les cambió el nombre y tomó sus sedes, también es visto por los críticos como confiscaciones. Ese ha sido el caso de la Universidad Politécnica (Upoli); Universidad Hispanoamericana (UHISPAM); Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH); Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC); y Asociación Universidad Paublo Freire (UPF).
Esas cuatro universidades fueron canceladas por la Asamblea Nacional –institución que responde a los intereses del régimen–, y fueron nombradas de manera de diferente, a través de leyes que sustituyeron su razón social.
Particularmente la Upoli fue una de las universidades que sobresalió en las protestas civiles de 2018. La mayoría de los estudiantes se tomaron el recinto como forma de protesta para demandar el cumplimiento de la autonomía universitaria, entre otras exigencias sociales.
Sede diplomáticas arrebatadas
El pasado 24 de abril, la Policía orteguista se tomó las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo con el que Ortega mantiene una relación de tensión y conflicto político, porque su gobiero incumple los principios de la Carta Democrática; Nicaragua incluso está en proceso de salida de la OEA.
Dos días después, tras retirarle las credenciales a los representantes de la OEA en Nicaragua, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció que el edificio donde funcionaba ese organismo sería declarado de «utilidad pública», concretando una confiscación a otro nivel.
«La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia», dijo Murillo.
Otro caso emblemático fue la confiscación de los bienes de Taiwán. Tras romper relaciones con el Gobierno de Taiwán y expulsar del país a la misión diplomática, el 26 de diciembre pasado, antes de su partida del país el Gobierno de Taiwán donó a la Arquidiócesis de Managua la sede diplomática donde esta operó en Managua, pero horas más tardes, el régimen Ortega-Murillo ordenó que la misma pasara a manos de China Popular y amenazó con cárcel a los que intenten reclamar los bienes de la isla.
