La nueva Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), aprobada el pasado 31 de marzo por la Asamblea Nacional, legaliza la confiscación de bienes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo cual contradice el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, afirmó un conocedor de la materia, durante un conversatorio virtual.
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega Murillo, aprobó esa nueva ley con solicitud de urgencia y derogó la «Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro».
Las primeras críticas a esa legislación fueron sobre la prohibición a las ONG de participar en actividades políticas. Pero en el conversatorio, que se llevó a cabo este martes de manera virtual, se profundizó sobre otras restricciones que contravienen a la Constitución Política, como el derecho a la organización y la prohibición de las confiscaciones.
«El objetivo de esta ley a todas luces es la obtención de los bienes de las organizaciones, a través de un mecanismo legal», afirmó un experto en prevención de lavado de dinero, a cargo de la exposición, que pidió no ser identificado.
«El Gobierno estaba teniendo algunas dificultades, no en la ejecución, sino en el sustento jurídico, para las acciones de confiscación que estaba prácticamente realizando a todas las organizaciones (no gubernamentales que fueron despojadas de su personería jurídica), incluyendo a las universidades, cuando les estaban tomando sus bienes», valoró el experto.
Por lo tanto, para el expositor, lo que hizo el régimen de Ortega con la nueva ley fue «legalizar la ilegalidad que han estado cometiendo», ya que en el artículo 38 dice que la Dirección General de Registro y Control de OSFL del Ministerio de Gobernación «podrá aplicar a los OSFL las sanciones administrativas de multa, intervención y suspensión, cuando corresponda».
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, establece sobre «garantizar el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles», que «se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
En tanto, el artículo 55 establece que los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizarse o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder.
Mientras tanto, al final del artículo 47 de la nueva ley, que establece nueve numerales sobre cancelación de la personalidad jurídica de los OSFL, se establece que «cuando la cancelación se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio del OSFL pasará a ser propiedad del Estado».
Por el único motivo que no pasarán los bienes a ser propiedad del Estado es por «disolución y liquidación».
Falsas fundamentaciones de las leyes
El experto también señaló que en la exposición de motivos de la nueva ley de ONG que se aprobó, se argumenta falsamente que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó establecer más medidas de control a esas organizaciones.
Pero el GAFI, según el experto, lo que observó en su informe fue que «las organizaciones pueden ser susceptibles a ser utilizadas para el financiamiento al terrorismo, lo que no significa que el país tenga organizaciones que practiquen el terrorismo».
El GAFI es un organismo intergubernamental, que tiene como objetivo «fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional».
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Según el expositor, lo que verdaderamente recomendó el GAFI en su informe reciente fue que se debían hacer «evaluaciones reales de riesgo» y determinar «si hay riesgos asociados al sector de las organizaciones sin fines de lucro, vinculados con el financiamiento al terrorismo, para que a partir de esos riesgos, se adecuen medidas de investigación para hacer que estos riesgos disminuyan».
«En ningún momento el GAFI dijo: Gobierno de Nicaragua usted tiene que modificar la Ley 147, que es la ley que regulaba hasta hace poco las organizaciones sin fines de lucro y hacer cambios», sostuvo.
Valoró que no le sorprende que el régimen Ortega Murillo trate de desvirtuar la naturaleza de las ONG, porque hasta ahora su mensaje ha sido «desconfiemos de la organizaciones».
También observó que las regulaciones y controles que impone esa ley, desmotivan a quienes quieran inscribir una nueva ONG.
«Por el contrario, qué estamos viendo con esta normativa, el GAFI no busca desalentar la existencia de los OSFL, al revés, dice que estas juegan un rol muy importante. Es más, en la fundamentación del informe dirigido al Gobierno nicaragüense, el GAFI reconoció la labor importante de las organizaciones y el efecto que tienen; y el objetivo es tratar de protegerlas y no desalentar su existencia», subrayó.
