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Alcaldía de Managua. LA PRENSA/Archivo

Investigadores se enfrentan a amenazas al momento de solicitar información pública

Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) realizó una investigación sobre el acceso a la información pública en las alcaldías del país.

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) realizó un censo a las 153 alcaldías que existen en Nicaragua, el cual reconfirmó que no existe ni siquiera acceso a información básica en esas instituciones públicas, pero también reveló que hay un riesgo por el solo hecho de intentar investigar las funciones públicas a través de llamadas telefónicas.

La investigadora del OPTA que estuvo al frente de este estudio denominado “Las entidades públicas de Nicaragua y el Acceso a la Información Pública 2022” –quien pidió no ser identificada por motivos de seguridad–, destacó las dificultades que tuvo el equipo para recopilar la información.

“La elaboración del presente estudio significó un desafío por nivel de dificultad para el equipo de investigación OPTA. Fue necesario contratar un servicio telefónico para que no se reflejara el contacto de las personas encargadas de compilar la información y que posteriormente fueran localizadas y asediadas. También omitimos sus nombres y apellidos verdaderos por temor a que fueran identificadas. Todo ello significa un grave retroceso para Nicaragua en materia de acceso a la información pública”, manifiesta una de las conclusiones del estudio, que fue presentado este domingo a través de un conferencia de prensa virtual.

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La investigadora también apuntó en las conclusiones que “la elaboración del diagnóstico significó un riesgo para los investigadores y colaboradores” e incluso “se documentó un caso de amenaza y acoso por parte de la Policía Nacional debido a la solicitud de información”. “No se puede brindar mayores detalles por la seguridad de la familia afectada”.

El estudio se hizo sobre la base de que el derecho al acceso a la información pública está contemplado en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 261, vigente desde 2007), la cual establece las obligaciones que tienen las instituciones gubernamentales y las municipalidades de proporcionar de manera oficiosa la información descrita en la ley. El artículo 6 de la Ley 621 además establece que cada institución pública deberá crear una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAP).

El equipo de investigadores de la OPTA llamó a cada una de las oficinas municipales que fue posible, con el objetivo de entrevistar a la persona encargada de la Oficina de Acceso a la Información, a quien le preguntarían por información básica, que todas las instituciones tienen que divulgar de oficio.

Lo que tenían que preguntar los investigadores

La información que tenían que buscar los investigadores era la siguiente: estructura orgánica de las alcaldías, los servicios que prestan, las normas jurídicas que las rigen y las políticas públicas que orientan su visión y misión. También los nombres de los servidores públicos que integran la Dirección Superior y de los que están a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública y el Banco de Datos de la Institución.

Además querían conocer la remuneración mensual de la Dirección Superior y de todo el personal, incluyendo los trabajadores temporales y externos; las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos, autorizaciones y contratación de personal de carrera; los estudios, evaluaciones y experiencias acreditadas, así como los avales y garantías y los fundamentos finales, contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, contratación de personal de carrera, temporales, de confianza y de asesores y consultores externos que se otorguen conforme la ley, así como los resultados de las contrataciones, licitaciones y los procesos de las adquisiciones de bienes o servicio.

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Igualmente pedirían los resultados de las auditorías realizadas de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN) y el Decreto No. 625, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; el programa de obras a ejecutar, el de las adquisiciones anuales y las convocatorias de concurso para contratación de personal; los recursos que se han interpuestos contra los actos administrativos de esa entidad y las resoluciones que se han dictado para resolverlos.

Por último, toda información relacionada con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes pertinentes en relación a trámites para obtener registro, concesión, permiso, licencia, autorización, exoneración, subsidio o adjudicación de una licitación; así como los resultados de los mismos.

Resultados de la investigación

En el curso de la investigación se encontró que el 16 por ciento de las oficinas municipales no poseen número telefónico o no lo hacen público en su página web o por otro medio.

Del 84 por ciento de las alcaldías que sí muestran números telefónicos, 37 oficinas municipales no levantaron el teléfono, aunque se efectuaron varias llamadas en días diferentes.

Al menos en 15 casos que las llamadas fueron contestadas, el investigador se quedó esperando hasta 40 minutos sin tener éxito en su objetivo.

En otros casos decían que el encargado no se encontraba disponible en ese momento.

Y en los casos que sí se comunicaron con un responsable de la Oficina, éste pedía al investigador que se presentara personalmente, aunque inicialmente solo se solicitaba el nombre y correo de dicho responsable.

También hubo casos en que los funcionarios públicos desconocieron la existencia de una oficina de acceso a la información, aunque confirmaban que allí era una alcaldía.

Otros funcionarios que levantaron el teléfono se mostraron confundidos entre el término de oficina de acceso a la información y la oficina de relaciones públicas.

También se envió correos electrónicos a las diferentes alcaldías sin mucho éxito. Los correos usados fueron los que se encuentran en el registro de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic).

Solo una alcaldía respondió

La Alcaldía de Camoapa fue la única institución que contestó y se mostró anuente a proporcionar la información requerida por los diferentes medios que se solicitó.

Por otra parte, el equipo investigador apuntó que fuera del país no es posible acceder a los sitios web públicos, lo que limita más a los investigadores que se encuentran fuera del país, que precisamente se fueron por las amenazas del régimen de Daniel Ortega.

“Las instituciones del gobierno central tienen una característica en cuanto a sus sitios web. Si se trata de acceder desde fuera de Nicaragua no es posible. La IP tiene que estar localizada en Nicaragua”, explicó el equipo investigador de OPTA.

Otro resultado de la investigación fue que las páginas web de las alcaldías y sus redes sociales están repletas de contenido partidario y exaltación de la pareja gobernante, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. También divulgan informaciones deportivas, culturales, actividades partidarias que no tienen que ver con la función pública de la Alcaldía.

Más corrupción

La investigadora de OPTA manifestó que la información que encontraron en esas páginas oficiales no les sirvió para el estudio.

Por último valoró que la falta de acceso a la información pública es una involución en los derechos civiles de los nicaragüense y una vulneración de sus derechos humanos. Además, dijo que “esto trasciende en el tema de la corrupción, porque el acceso a la información pública es uno de los pilares fundamentales en temas de corrupción, porque entre menos acceso a la información pública existe en un país, entonces los niveles de corrupción van a hacer más elevados”, expresó la investigadora.

Política Acceso a la información Nicaragua archivo

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