LA PRENSA explicó en su edición de este jueves 2 de junio que la derogación de las personerías jurídicas de algunas organizaciones civiles no significa que dejen de existir.
Se refiere la explicación a organismos del sector privado como el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (antigua Conapro), la Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP) y otras de la misma naturaleza. Estas, aunque tenían sus personerías jurídicas en el mismo registro que las demás ONG, en realidad se rigen por la Ley 849, que es la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales de Nicaragua. Y son tutelados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), no por el de Gobernación que tiene funciones policíacas.
Lo que pasa es que la Ley 849 fue aprobada hasta en el año 2013, pero mucho tiempo antes se constituyeron muchos organismos que sin ser propiamente ONG se tuvieron que acoger a la ley que regula el funcionamiento de estas.
Por supuesto que si el objetivo del régimen es liquidar también a instituciones gremiales y profesionales como las antes mencionadas, está dentro de lo posible que ordene al Mific que cancele sus registros legales. Pero de esto no se ha dicho nada en los altos círculos gubernamentales.
Un diputado sandinista de primera, o sea de los que tienen autorización para hablar, justificó este martes en la Asamblea Nacional la liquidación masiva de personerías jurídicas de las ONG, alegando que han estado al margen de la ley. Aseguró que muchas solo han estado en el papel, inclusive, después de obtener las personerías jurídicas sus promotores ni siquiera llenaron los demás requisitos para hacerlas funcionar.
Hay que reconocer que el diputado oficialista tiene razón, por lo menos en parte.
No hemos podido conseguir datos exactos sobre la cantidad de organismos de la sociedad civil que están registrados legalmente. En los estudios que existen sobre el tema se dice que son innumerables y que muchas no existen en la realidad, tienen registradas sus personerías jurídicas pero no funcionan.
Es lógico, entonces, que se haga una limpieza de los registros y se cancelen las ONG que no existen de hecho. Pero, el problema es que esto se toma como pretexto para eliminar a las que sí existen realmente y cumplen valiosas e insustituibles funciones humanitarias, de caridad cristiana, servicio social, educación, defensa de los derechos humanos y promoción de la cultura cívica y democrática.
El eminente profesor australiano e internacional de ciencias políticas, John Keane, autor del libro Vida y muerte de la democracia, asegura que “Una sociedad civil auto organizada, pluralista e independiente, es un requisito indispensable de la democracia. Quien propone la unificación de la sociedad civil con el Estado pone en peligro la democracia. Un poder estatal sin obstáculos sociales es siempre peligroso e indeseable, porque estimula el despotismo”.
Keane tiene absoluta razón. Es obvio que la liquidación de las organizaciones de la sociedad civil es para avanzar en la demolición de la democracia.