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Asunción Moreno: “Hay que agotar todas las vías de solución y el diálogo es una de ellas”

La abogada Asunción Moreno valora que los nicaragüenses no pueden descartar el diálogo como un mecanismo para encontrar una solución pacífica a la crisis política y que se debe continuar con la denuncia internacional en contra del régimen de Daniel Ortega.

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Para la abogada Asunción Moreno es urgente la liberación de los presos políticos y por eso, ella apuesta a la denuncia en contra del régimen de Daniel Ortega para que los organismos y países continúen presionando.

En esta entrevista, Moreno advierte que el régimen busca endurecer las leyes represivas en contra de los nicaragüenses, habla sobre el estado del Poder Judicial y la arremetida de Ortega en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La doctora en Derecho e integrante de la Alianza Cívica, también dice que los nicaragüenses no pueden descartar el diálogo como salida a la crisis política, a pesar de que ya se han llevado a cabo dos acercamientos con el régimen de Ortega y no se ha podido avanzar en la democratización del país.

¿Cómo ve la situación de Nicaragua en este momento?

La situación que vivimos actualmente los nicaragüenses, solamente se comprende dentro de un proceso de desmantelamiento del modelo democrático que inició cuando Daniel Ortega llegó al poder en el 2007, con una hoja de ruta cuya meta era perpetuarse en el poder y para ello desmanteló las instituciones comenzando por el Ejército y la Policía. También anuló la separación de poderes y forjó alianzas con el sector privado, con los sindicatos y con muchos grupos para consolidar su poder, estando claro que cualquier costo sería menor que perder el Poder, pagando el precio que hubiese que pagar, costara lo que costara.

El 2018 el pueblo lleno las calles para alzar la voz de forma alta y firme, y fue ahí que vimos el verdadero rostro de la dictadura que salió a las calles a reprimir sin piedad, a disparar y matar a jóvenes y manifestantes, a encarcelar, a callar a la prensa independiente, a tomarse propiedades y confiscar medios de comunicación y cancelar las personerías jurídicas de las organizaciones no gubernamentales, anuló el pluralismo político. De tal forma que lo que vemos hoy es una dictadura endurecida y escalando en su proyecto de mantenerse en el Poder al “pase lo que pase, digan lo que digan” lo importante para Ortega es permanecer en el Poder para lo que requiere niveles de represión creciente, que le permita consolidar la implantación del modelo totalitario encabezado por una dictadura dinástica que se sostiene con impunidad y corrupción.

Está cerca de cumplirse cuatro años del primer Diálogo Nacional, ¿qué cree que se puede rescatar de aquel acercamiento con Daniel Ortega?

Yo creo en el diálogo cómo un mecanismo de entendimiento y solución pacífica, sin embargo, dada la experiencia que hemos tenido en el 2018 y luego en el 2019 cuando se firmaron los acuerdos para liberar a los presos políticos y restituir las libertades, los cuales Ortega no ha cumplido, lo que puedo decirte es que fueron procesos de diálogos de sordos. La oposición llegó con propuestas para democratizar al país, para restituir la institucionalidad y el Estado de Derecho y Ortega iba con el único proyecto de desmontar todo el levantamiento popular y ganar tiempo para aumentar la reprensión a niveles insospechados, de forma tal que estaba dispuesto a prometer lo que fuera sabiendo que nunca cumpliría, por lo que es difícil conseguir resultados cuando no existe una verdadera voluntad para salir de la crisis en la que estamos sumergidos desde hace cuatro años, por lo que ha quedo claro que aquel diálogo fue una farsa en la que estoy segura que la oposición llego con las mejores propuestas para reconstruir el país, pero debemos entender que a Ortega no le interesan las reglas democráticas, y el diálogo es un mecanismo democrático de construcción de consensos para resolver la crisis. Incluso creo que Ortega está dispuesto a firmar, ofrecer y prometer lo que sea, a sabiendas que nunca cumplirá nada que ponga en riesgo su proyecto de permanencia en el poder.

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¿Valdría la pena un nuevo diálogo con Daniel Ortega?

Creo que la búsqueda de una salida cívica y pacífica nos convoca a todos los nicaragüenses a agotar todas las vías posibles dentro de ese enfoque de una salida cívica y el diálogo es un instrumento dentro de las ciencias políticas que se utiliza para resolver problemas como el que tenemos en Nicaragua de orden sociopolítico y hasta humanitario. Creo que, si se trata de valorar este mecanismo, realmente tenemos el deber de agotar todas las vías posibles para encontrar esa salida cívica. En abril se salió a las calles porque se optó por una salida cívica y creo que, siendo coherentes y respetuosos con ese espíritu de abril, la sociedad en general y todos los sectores del país tienen el deber de agotar todas las vías de solución y el diálogo es una de ellas.

La doctora Asunción Moreno tuvo que partir al exilio después de que el régimen de Daniel Ortega emprendiera una persecución en su contra por confirmar su interés en ser precandidata presidencial en las pasadas elecciones de 2021. LA PRENSA

¿Cómo valora la situación de los presos políticos?

La situación de los presos políticos es muy grave y alarmante. Yo creo en el poder de las leyes como una herramienta para la convivencia y paz social, sin embargo, las dictaduras no cumplen las leyes, actúan al margen de un marco normativo que proteja y garantice la libertad y la dignidad humana, por eso es indignante ver las circunstancias inhumanas que están sufriendo nuestros presos políticos, en las que la tortura y los malos tratos son la actividad principal de sus carceleros. Los presos políticos en Nicaragua han sido secuestrados, acusados y condenados al margen de un debido proceso y están aislados y sometidos a tratos inhumanos y degradantes que atentan contra su vida y su dignidad humana, se les ha arrebatado su libertad como elemento esencial de desarrollo humano, de pensar y actuar libremente.

No están sometidos a ningún régimen penitenciario por eso no hay visitas regulares, no se les da atención médica, están desnutridos, su salud y condiciones físicas quebrantadas, están aislados e incomunicados no solo con el exterior sino internamente, en condiciones de incertidumbre, realmente están sometidos en un régimen de excepción en el que son considerados traidores a la patria y más allá de las condenas de prisión, no se les considera nicaragüenses, y se les ofrece públicamente el destierro como una “opción de libertad fuera de su patria”.  Mientras tanto, quienes ejercen el poder absoluto deciden donde tener a los rehenes, si en El Chipote o en arresto domiciliar, en el que sus familiares también son sometidos a este régimen de excepción.

¿Cree que la situación de los privados de libertad se trata de un problema político?

La situación de los presos de conciencia nos refleja un problema no solo político sino humanitario en el sentido más amplio. Ellos no son privados de libertad sino rehenes, sometidos a un consejo de guerra y a condiciones de acuartelamiento crueles y deshumanizantes, con las que se quebrantan sus cuerpos y mentes como una forma de anular su dignidad humana. Los policías, fiscales, jueces son simples operadores de este régimen de excepción dentro de un sistema de represión social y política. Las condiciones deplorables que viven los rehenes políticos son ejemplo claro de cómo la dictadura siembra el terror en la población. 

¿Qué se puede hacer todavía para conseguir la liberación de los presos políticos?

Se tiene que seguir denunciando la situación de los presos políticos, tanto a nivel nacional, creo que hay un sentir muy profundo del sufrimiento de los presos a nivel nacional y se tiene que seguir denunciando y poniendo a la opinión pública la situación tan alarmante de los presos políticos y también mantener la denunciar internacional. Yo soy de las posiciones que el cambio y la solución de los problemas de los nicaragüenses, tiene que venir de los nicaragüenses, pero la presión de organismos internacionales, particularmente de derechos humanos, es muy importante. Es como un encuentro de esfuerzos. Hacer una denuncia interna y denuncia internacional para presionar la liberación de los presos políticos. Entre más denuncias hay, creo que hay más presión. Ya escuchamos a un parlamento europeo que está preocupado y ocupándose de ver qué mecanismo utiliza para presionar la liberación de los reos políticos. Hemos visto declaraciones del gobierno de los Estados Unidos diciendo que el tema de la liberación de los presos políticos es prioridad, y eso es gracias a la denuncia.

Esta semana circuló un informe de la Asamblea Nacional para perseguir a sacerdotes y obispos

Ese informe refleja realmente hacia dónde va la intención del régimen de Ortega de endurecer este marco normativo, porque se está consultando todas las normas represivas y anticonstitucionales y ahora resulta que tienen como propuesta de esas consultas, endurecer las penas hasta 20 años por traición a la patria. Lo otro es la confiscación de los bienes de las personas que sean condenadas por el delito de traición a la patria y lógicamente no se puede descartar que por ahí vengan las acciones, en este caso judiciales, contra la Iglesia. Es una decisión política del régimen de seguir endureciendo las leyes represivas.

El Poder Judicial ha sido una de las grandes herramientas de Daniel Ortega para reprimir a opositores, ¿pueden confiar los nicaragüenses en este sistema de justicia?

Como profesional del Derecho me resulta difícil hablar del Poder Judicial en Nicaragua, puesto que a partir del 2010 cuando avalaron la inconstitucional e ilegal reelección de Ortega también abdicaron como poder del Estado y se subordinaron totalmente al régimen, y a sí mismo los otros poderes abandonaron sus posiciones de poderes de Estado y cerraron un círculo de poder fáctico en el que el régimen de Ortega no tiene contra pesos al desaparecer la división y separación de poderes. Lo que debería ser un Poder Judicial realmente es una secretaría que opera un sistema de injusticia e impunidad bajo las directrices y órdenes de la dictadura.

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¿Cómo se puede recuperar la independencia en el Poder Judicial?

La independencia y separación de Poderes es un elemento característico del Estado democrático y de Derecho, por lo tanto, la independencia judicial sólo podrá ser una realidad dentro de un proceso de democratización una vez que salgamos de la dictadura y volvamos a tener un Poder Ejecutivo electo por el sufragio universal libre, secreto y directo dentro de un proceso electoral libre, justo y transparente. Mientras esté Ortega habrá un solo Poder en Nicaragua, que será el Poder del Carmen. Un pueblo sin sujeción a la ley es un pueblo anárquico, donde prevalece la voluntad del más fuerte, del que tiene las armas para arrebatarnos la libertad.  Necesitamos crear, una conciencia nacional de respeto, obediencia y sumisión a la ley. Si todos nos sujetamos al imperio constitucional, pronto tendremos una nueva Nicaragua en la que habrá un estado de derecho, y por lo tanto una sociedad más justa y sobretodo más humana.

¿Cómo valora las acciones de Daniel Ortega en contra de la OEA y la comunidad internacional en las últimas semanas?

Son acciones que perjudican al país, porque nos aíslan de la comunidad internacional y de la dinámica del mundo que opera con reglas democráticas.  De tal forma que el retiro y el cierre de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) refleja una posición clara y directa en contra del modelo democrático. El régimen opto por retirarse de la rendición de cuentas y de la Carta Democrática y declarar ante el mundo que su opción es el modelo totalitario.

La doctora Moreno tiene un doctorado en Derecho y un máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. LA PRENSA/O.NAVARRETE
La doctora Asunción Moreno tiene un doctorado en Derecho y un máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. LA PRENSA

Plano personal

María Asunción Moreno Castillo tiene 51 años. Es doctora en Derecho y académica. Cuenta que su vida “ha transcurrido entre una guerra civil y de intervención de 10 años, 16 años de pactos, repactos, corrupción, violencia social, política y pobreza y 15 años de autoritarismo y casi un año en el exilio”

Por 21 años se dedicó a la docencia y la investigación, hasta que el 18 de abril de 2018, decidió involucrarse en la política tras ser agredida por antimotines después de que trató de ayudar a un joven estaba siendo agredido por la Juventud Sandinista.

Dice que los temas de justicia, la libertad de los presos políticos y la democracia son el centro de su actividad como abogada. Es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

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