Opositores nicaragüenses expresaron su rechazo a la reciente reunión que el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sostuvo con empresarios y representantes del Gobierno, pues la califican como una manera de “forzar a la empresa privada a un nuevo pacto con el régimen”.
Tras la reunión, el presidente de la entidad, Dante Mossi, informó a medios de comunicación oficialistas que el BCIE tiene a disposición de Nicaragua un préstamo de 200 millones de dólares, para enfrentar las constantes alzas del petróleo.
“Hemos conversado con el Gobierno, el directorio del BCIE aprobó un programa de 800 millones de dólares para ayudarle a financiar a los Estados este exceso de precios que viene del petróleo y conversábamos con el señor ministro, Iván Acosta y nos expresó su interés de que Nicaragua quiere ser parte de este programa, y el espacio que tiene el país dentro del programa son de 220 millones que están disponibles si el Gobierno así lo dispone”, detalló Mossi.
“Es inmoral su financiamiento a un régimen ilegítimo”
Los opositores, radicados en el país y algunos desde el exilio, unieron sus voces para denunciar ante la comunidad internacional que el banco regional está siendo “cómplice” de la dictadura al reunirse con una empresa privada cuyos directivos electos se encuentran encarcelados desde el año pasado, “por tanto, quienes se presentan a esta sesión lo hacen porque se les lleva con una pistola en la sien o porque son partícipes del actuar de la dictadura”, se lee en el comunicado.
El pasado 29 de abril, la Fiscalía declaró culpables a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, y solicitó penas de 13 años para el primero y nueve años para el segundo.
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Ambos dirigían la principal organización empresarial de Nicaragua y están detenidos desde el pasado 21 de octubre en las celdas del complejo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote. Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020. Su antecesor, José Adán Aguerri, también está preso en la DAJ y condenado a 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional.
Por otro lado, en el comunicado los opositores también señalaron que, a pesar de las reiteradas denuncias de que el BCIE se excede en su respaldo al régimen, en detrimento de los lineamientos generales del mismo banco y de las instituciones que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), “observamos el día de ayer un nuevo respaldo del presidente del BCIE a la política de Ortega-Murillo para reconstruir con la empresa privada un nuevo pacto”.
“El BCIE ha hecho caso omiso a las resoluciones del Sistema Interamericano integrado en la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto en materia de violación sistemática de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la declaración de ilegitimidad resultante de la farsa electoral de noviembre pasado. Resulta entonces contradictorio e inmoral su financiamiento a un régimen ilegítimo”, declararon.
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Por lo tanto, las organizaciones firmantes solicitan una vez más al directorio del BCIE que revise su política de crédito hacia el régimen con relación a las denuncias sobre gobernabilidad, derechos humanos e incumplimiento de condiciones específicas para la ejecución de proyectos.
Precisaron que el descuido del BCIE sobre las condicionalidades para otorgar préstamos a Nicaragua ha implicado que sus proyectos sean cómplices de la deforestación de zonas protegidas, así como del delito de tráfico ilegal de madera. “En otros casos se denunció que los fondos han sido desviados para financiar la represión, incentivar la corrupción o para paliar el déficit fiscal que en su desgobierno este régimen enfrentaba”, enfatizan.
Asimismo, mencionaron que el BCIE “no investigó estas denuncias, por lo que los directores del banco se están convirtiendo en cómplices de la dictadura al ignorar los reclamos del pueblo nicaragüense”.
“Las organizaciones de la oposición nicaragüense firmantes se dirigirán nuevamente tanto a la Asamblea de Gobernadores como al directorio ejecutivo de este banco, con la demanda de que escuchen nuestros planteamientos para una necesaria reconsideración de sus políticas crediticias en situaciones extremas, como la de Nicaragua”, concluyeron.
BCIE mantiene cartera activa de US$119.28 millones para el sector privado
Tras la reunión que sostuvo con empresarios y representantes del Gobierno, el BCIE compartió a través de su sitio web que en la actividad se abordaron temas relacionados con la mejora de la infraestructura y logística, la capacitación y avance tecnológico para las exportaciones, así como los posibles mecanismos para la inversión al sector productivo, energía, vivienda, comercio y proyectos innovadores.
También se abordó “el fortalecimiento del plan de reactivación de las mipymes, el apoyo brindado a proyectos que se desarrollan en el Corredor Seco, la electromovilidad, temas como riego y generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, entre otros”.
“Hoy hemos conversado con 13 representantes de cámaras de comercio, ocho instituciones financieras, la asociación de bancos de Nicaragua y la cámara de microfinanzas sobre los mecanismos de financiamiento con los que cuenta el banco como herramientas de recuperación y dinamización de la economía”, detalló Mossi.
La entidad indicó que, como parte de las acciones en respaldo del sector privado en Nicaragua se revisará la estructura de costos de oportunidades de financiamientos para que el receptor final reciba recursos “a un costo razonable”.
“Además, se analizará la posibilidad de realizar emisiones de bonos en moneda local para financiar proyectos del sector de la construcción, como una alternativa a construcciones verticales”, agregó.
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Otro punto que abordaron es el fondo de capital del BCIE previsto a lanzar el próximo 30 de junio, así como la creación reciente de su Fundación y la oportunidad de las diferentes entidades a optar por fondos coreanos con la creación de iniciativas.
También informaron que, actualmente, el BCIE mantiene en Nicaragua operaciones activas de gran importancia dirigidas al sector privado, “con una cartera que asciende US$119.28 millones en 8 instituciones financieras intermediarias”.
Tras la reunión, el organismo donó su anterior edificio en Nicaragua a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que no contaba con un edificio propio en el país.
En el acto oficial de la donación, Mossi dijo estar seguro de que “estas instalaciones serán de mucho provecho para desarrollar y visibilizar adecuadamente sus importantes funciones como entidad regional que dentro de su competencia garantiza el respeto al derecho, tanto en la interpretación del protocolo de Tegucigalpa como de sus instrumentos complementarios y actos derivados del mismo”.