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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tras la confiscación de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Embajada de Taiwán en Managua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha enviado un mensaje contundente y amenazante a los organismos internacionales que tienen presencia en Nicaragua, así como a las mismas sedes diplomáticas, de que eviten emitir juicio sobre la situación represiva que viven los nicaragüenses o de lo contrario, les podría pasar lo mismo y ser expulsados del país, consideraron analistas políticos.
El 24 de abril el régimen retiró las credenciales de los representantes de Nicaragua ante la OEA y cerró las oficinas del organismo en Managua. La noche de ese mismo día, la Policía orteguista se apostó en las afueras de ese lugar. «No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA», anunció en su momento la dictadura a través de un virulento comunicado.
Tres días después, Ortega, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) declaró de «utilidad pública» el edificio donde funcionaban las oficinas del organismo para crear el «Museo de la infamia».
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Para el analista internacional costarricense, Carlos Murillo, el régimen al violar una norma básica del Derecho Internacional y de la Convención de Viena —que es la inmunidad de las sedes, del personal e información diplomática— , el principal mensaje que envía es que en cualquier momento puede decidir tomar una misión diplomática y expulsar al personal, lo que provoca un escenario de incertidumbre.
«Crea una incertidumbre y obligaría a las misiones diplomáticas a cuidar sus comentarios y declaraciones por temor a que vayan a ser acusados de afectar los intereses del régimen de Ortega Murillo», expresó Murillo.
La salida abrupta de Nicaragua del organismo se dio un mes después de que el exembajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, denunció a la dictadura en plena sesión. Desde el 2018, la OEA ha venido denunciando y condenando la brutal represión que ha ejercido la dictadura sobre los nicaragüenses.
¿Hay mecanismos legales para que las sedes diplomáticas no sean confiscadas?
Si bien existen convenios, cartas o acuerdos internacionales de las cuales Nicaragua es partícipe, el analista político Eliseo Núñez declaró que nadie dentro de Nicaragua, incluso las sedes diplomáticas, no tienen garantía de que se respeten dichos tratados internacionales.
En sí, no hay mecanismos legales a los que puedan recurrir las sedes diplomáticas más que los acuerdos internacionales. La dictadura violó no solo la Convención de Viena, sino también la Carta de la OEA y el Acuerdo General entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua, firmado por el primer gobierno sandinista en 1989 que hace reconocimiento de los privilegios e inmunidades que tiene el organismo.
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«Ahora nadie tiene ninguna garantía dentro de Nicaragua, las sedes diplomáticas pueden quedar en manos del régimen en cualquier momento. (Ortega) está incumpliendo el artículo 45 de la Convención de Viena, sobre relación diplomática, y eso es un muy mal precedente; él está desconociendo sus obligaciones diplomáticas con una organización que sigue vigente, que aunque él no le guste ahí está», advirtió Núñez.
Tanto Núñez como Murillo coincidieron que debido a que no hay mecanismos legales para que la OEA revierta la decisión de Ortega, las opciones que tiene el organismo serían condenar el hecho y demandar a los países miembros sanciones para Nicaragua.
«Los mecanismos que tienen, básicamente en este momento, siguen siendo las sanciones y todo lo que es de este tipo, pero es algo que Ortega está dispuesto a asumir, aislar al país a cambio de quedarse en el poder el mayor tiempo posible», señaló Núñez.
En los últimos años una de las misiones diplomáticas que más inversiones ha exhibido ha sido la Embajada de Estados Unidos. Además de su sede en Las Piedrecitas, en Managua, en febrero del 2018 anunció que construiría en edificio de apartamentos para su personal diplomático, con una inversión de 3.9 millones de dólares y se esperaba que estuviera concluido en mayo del 2019. Desde entonces no se conoce nada sobre el proyecto.
Remota la posibilidad de que OEA vaya al tribunal internacional
El 27 de abril el Consejo Permanente del organismo incluyó en la agenda de su reunión ordinaria el tema de la confiscación de sus oficinas en Managua, sin embargo, no decidió las acciones a tomar por la expulsión y despojo de su edificio.
La presidenta de la instancia, Elizabeth Darius-Clark, solo destacó —tras la intervención de más de una decena de embajadores— que: «Sugerimos al Consejo Permanente tome nota del informe presentado por el secretario general, el cual junto con las intervenciones de las delegaciones será útil para las discusiones que determinarán el curso de acción sobre este importante tema».
Hoy denunciamos ante @CP_OEA el asalto ilegal de #Nicaragua a la sede de la #OEA en Managua. Es un antecedente peligroso para #LATAMC. Esta acción es moralmente repudiable y jurídicamente lamentable. Y peor aún son las actitudes del régimen contra su propio pueblo.
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 27, 2022
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Murillo aclaró que solo algunos casos, principalmente de gran magnitud, son los que pueden conducir a un juicio de tribunal internacional, y que el caso de la OEA-Nicaragua no pareciera ser uno de esos.
«Lo que yo veo en el caso de la OEA es que está muy limitado. En otros casos de relaciones diplomáticas lo que provocaría la toma de una embajada es la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de esa misión diplomática, como ocurrió en 1979 con la Embajada de Estados Unidos en Teherán y que fue un hecho noticioso e histórico por la magnitud y la forma en que se llevó esa toma de la embajada estadounidense», expresó Murillo.
El 4 de noviembre de 1979, un masivo grupo de estudiantes en coordinación con clérigos radicales, rodeó la Embajada de Estados Unidos en la capital iraní y tomaron a 52 diplomáticos estadounidenses como rehenes. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre Washington y la República Islámica no se han recuperado.
Misiones diplomáticas deben condenar acto del régimen
La primera señala que Ortega dio, de que sería capaz de apropiarse de sedes diplomáticas fue en diciembre del 2021, cuando tras romper relaciones diplomáticas con Taiwán, ese país decidió donar su edificio a la Arquidiócesis de Managua, pero a través de un comunicado de la Procuraduría General de la República, Ortega ordenó confiscar el edificio e inscribirlo a favor de China Popular, con cuya nación estableció relaciones diplomáticas y dejó de darle ese estatus a Taiwán.
La isla reclamó la devolución de su sede y amenazó con llevar el caso ante los tribunales internacionales, al final no hubo gran avance y el dictador concretó su despojo.
Un especialista en temas de relaciones internacionales declaró bajo condición de anonimato que estas dos acciones de Ortega sientan un «malísimo precedente», principalmente para las embajadas y grupos diplomáticos que están en Managua, y que por ello es importante que la comunidad internacional manifieste su repudio a este tipo de atentados.
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«La confiscación de ambas sedes diplomáticas sienta un malísimo precedente y de allí la importancia de que la comunidad internacional, en particular los países que tienen embajadas en Managua, hagan sentir su repudio y condena a esta acción bochornosa. Cualquier sede diplomática puede ser allanada y confiscada, cualquier personal diplomático puede ser maltratado y encarcelado. Como mínimo debe exigirse disculpas al Gobierno de Nicaragua y un compromiso de no repetición de estos actos, así como la indemnización por los daños que corresponda», planteó el especialista.
La fuente señaló que al no haber garantías de respeto a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, a los tratados y acuerdos internacionales firmados por Nicaragua, y de no haber un compromiso de no repetición de estos actos, los países no tienen otra alternativa que el retiro de sus embajadores y reducción al mínimo o retiro de todo su personal diplomático.
A criterio del especialista, en casos como el de Taiwán, los Estados pueden utilizar la vía de la Corte Internacional de Justicia para reclamar por daños y perjuicios, pero este proceso tardaría años y «finalmente la única forma que tendría el Estado perjudicado de hacerla efectiva sería a través de un acto de fuerza, amparado en la legalidad de una sentencia».
«En el caso de la OEA, esta organización carece de medios de fuerza. En el caso de un Estado la situación es diferente. El allanamiento de una embajada y su confiscación constituye un acto hostil que, como mínimo, exigiría una respuesta de ruptura de relaciones diplomáticas y, posiblemente, algún tipo de represalia. En la historia agravios menores han sido suficientes para responder con acciones militares», expuso el experto.
«En el derecho internacional las legaciones diplomáticas y sus propiedades están protegidas por una ficción jurídica de extraterritorialidad. Es decir, que una sede diplomática es considerada como una extensión del territorio del Estado acreditante y, por tanto, una acción violenta contra esta es considerada como un ataque contra su soberanía», agregó.
