El régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, declaró de «utilidad pública» el edificio donde funcionaban las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció la creación del «Museo de la infamia», que funcionará en el local expropiado que era sede del organismo regional en Managua.
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El Acuerdo Administrativo 10-2022, publicado en nombre de la Procuraduría General este miércoles 27 en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua, establece que «todo lo relacionado a la adquisición de los derechos reales y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad pública, se establecen a favor del Estado de la República de Nicaragua».
«El bien inmueble objeto de esta declaratoria de utilidad pública y donde funcionaba la sede de la OEA en nuestro país, conforme Ley de Expropiación pasará al Estado de la República de Nicaragua, quien a través de la Unidad Ejecutora: Instituto Nicaragüense de Cultura, desarrollará e implementará el proyecto ´Museo de la Infamia´», reitera el artículo 4 del Acuerdo.
Era un edificio rentado
La expropiación de la sede de la OEA ya había sido anunciada este martes 26 de abril por la primera dama y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, a través de su comunicación habitual del mediodía por los medios oficialistas. La vicemandataria declaró de «utilidad pública» el edificio donde funcionaban las oficinas de la OEA, a pesar que era un local rentado, según informaron a LA PRENSA fuentes ligadas al organismo bajo condición de anonimato.
El Acuerdo Ministerial de la Procuraduría, especifica que la Declaratoria de Utilidad Pública que corresponde a una propiedad con un total de 296.1 metros cuadrados, «comprende dos cuentas registrales», «ambas inscritas en Registro de Propiedad en el departamento de Managua y que pertenecen de forma indivisa a las señoras Luz Marina Navarrete Guevara y María Auxiliadora Navarrete Guevara, conocida registralmente como María Auxiliadora Navarrete de Domson».
El Artículo 2 del Acuerdo señala que «Todo lo relacionado a la adquisición de los derechos reales y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad pública, se establecen a favor del Estado de Nicaragua».
La ocupación de las oficinas del organismo fue precedida por el retiro de las credenciales a los representantes de Nicaragua ante la OEA, anunció el domingo 24 de abril el régimen Ortega Murillo.
«No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA», anunció el régimen a través de un virulento comunicado.
Ese mismo día, la dictadura anunció el cierre de la sede en Nicaragua de la OEA en el comunicado oficial que fue leído a través de los medios oficialistas por el canciller orteguista Denis Moncada, quien apareció junto a Michael Campbell e Iván Lara, a quienes el régimen había nombrado como representantes permanentes alternos ante la OEA. Desde entonces, la sede de la OEA en Managua fue tomada por la Policía.
El 19 de noviembre de 2021, el régimen de Ortega denunció oficialmente la Carta de la OEA, con lo que iniciaba el proceso de renuncia al organismo, que de acuerdo a lo establecido, tiene una duración de dos años para hacerse efectivo, no obstante, este 24 de abril, anunció el retiro de las credenciales de sus representantes ante el organismo y la «expulsión» del mismo en Nicaragua, a partir del anuncio, la oficina de la organización hemisférica, se mantiene ocupada por la policía.
