En un análisis sobre la efectividad que están teniendo las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega, el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, Eric Olson, reconoció que estas medidas han fracasado en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, porque no han logrado su objetivo de detener a regímenes corruptos y violadores de derechos humanos.
«La desesperación que uno siente por el régimen Ortega Murillo, uno quiere tirarle todo, sanción tras sanción esperando que ellos caigan, para que haya un cambio de gobierno, para que haya más democracia en Nicaragua, pero el análisis que hay es que esto poco tiene éxito por hacerse demasiado amplias las metas», manifestó Olson en el foro virtual Tiempos de Renacer, realizado por el centro de análisis Expediente Público.
Este foro abrió un debate precisamente sobre los alcances de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Renacer, que tiene como objetivo ejercer más presión por medio de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
En el evento también participaron el politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, y la opositora y abogada María Laura Alvarado, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Eric Olson valoró que las sanciones no han sido efectivas en Nicaragua, Venezuela y ni siquiera en Cuba, país donde el régimen castrista ha sobrevivido sesenta años bajo el efecto de esas medidas.
«El hecho ha sido que en general las sanciones usadas a nivel internacional en gran medida han fracasado en llegar al fin que se esperaba. Un análisis dice que hasta el 75 por ciento de las sanciones que se han usado no logran la meta esperada», afirmó el analista.
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Olson valoró que una razón de la falta de efectividad de las sanciones dirigidas al régimen orteguista puede ser que «son muy dispersas, no tienen un fin específico».
«Son sanciones legítimas, porque van en contra de personas antidemocráticas, corruptas, pero no tienen un resultado estratégico», agregó el analista.
Sanciones de Estados Unidos
Las sanciones que Estados Unidos ha aplicado a funcionarios orteguistas consisten en congelación de activos en ese país y la prohibición de realizar transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses; además bloquean las relaciones con el Sistema Financiero internacional: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, entre otras transacciones financieras. Esto impide a las personas y empresas afectadas hacer transacciones legales y administrativas.
Las primeras sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Ortega se ejecutaron a través de la Ley Magnitsky. El primer sancionado fue el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes (q.e.p.d.), en diciembre de 2017, por corrupción y por permitir los fraudes electorales que han mantenido en el poder a Ortega desde 2007.
El entonces gobierno de Donald Trump incrementó la lista de sancionados a través de la Ley Nicaraguan Investment Conditionality, mejor conocida como Nica Act, tras la represión armada ordenada por Ortega contra las protestas civiles de 2018, que dejó más de 300 muertos solo ese año. La mayoría de las sanciones fueron impuestas por colaborar con el régimen orteguista en su deriva autoritaria y violaciones de derechos humanos.
A la fecha, Estados Unidos ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; a cinco de sus hijos, al consuegro de Ortega y jefe de la Policía, Francisco Díaz; al jefe del Ejército, a la ministra de Salud, al presidente de la Asamblea Nacional, al ministro de Hacienda y Crédito Público, a tres de los actuales magistrados del CSE, entre otros funcionarios y personas ligadas a los negocios de Ortega.
En noviembre de 2021 entró en vigencia la Ley Renacer, que tiene por objetivo restringir los préstamos de los bancos multilaterales y “atacar la corrupción del régimen”.
Además, Estados Unidos incluyó a varios de estos funcionarios orteguistas en la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como Lista Engel, aprobada en 2020, que tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
Canadá y la Unión Europea son otros actores de la comunidad internacional que sancionaron a varios funcionarios del régimen Ortega Murillo.
Sanciones dañinas
Eric Olson insistió en que se debe definir mejor la estrategia y el tipo de sanciones para Nicaragua, porque si no podrían llegar a ser hasta «dañinas» para los nicaragüenses.
«Es sumamente importante que pensemos cuidadosamente qué sanciones serían las más adecuadas, para lograr un cambio específico y no usar las sanciones solo para golpear, para hacernos sentir mejor. Tienen que tener un impacto, sobre todos estos actores, (pero si) no hay un cambio en su gestión, en su manera de ser, pueden ser hasta dañino para los nicaragüenses, pero también nos vuelve un poco cínicos, porque uno dice: se sancionó y no pasa nada. Yo creo que en parte tienen razón, a veces se sanciona y no tiene ningún impacto, pero eso no es porque las sanciones no son legítimas, sino porque a veces no somos estratégicos en el uso de esas sanciones», explicó el analista.
Aún así, a manera de conclusión, Olson dijo: «La solución de Nicaragua no son enteramente un tema de Renacer».
«Yo creo que Renacer es una herramienta, pero la solución va a ser la capacidad organizativa de los nicaragüenses dentro y fuera de su país, y la capacidad de construir un frente fuerte, amplio y unificado que dé voz a las necesidades de los nicaragüenses. Estados Unidos puede, debe y tiene que apoyar a esa voz, pero Renacer no es una varita mágica, no va a resolver todos sus problemas por sí solo», dijo el analista.
Presos políticos
El politólogo Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, también valoró que ha sido muy débil el efecto de las sanciones en Nicaragua y señaló de manera crítica que no se ha hecho una revisión del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua (Cafta por su siglas en inglés), como lo manda la Ley Renacer.
Orozco fue más crítico al señalar que no se está haciendo todo lo posible por la liberación de los más de 170 presos políticos.
«A pesar de que la administración ha dicho que es una prioridad para Estados Unidos liberar a los presos políticos, hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando al respecto», expresó el politólogo.
