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CONTENIDO EXCLUSIVO.Mientras un poco más de seis millones de nicaragüenses han sido gobernados en los últimos 15 años por una misma persona, el destino de más de 600 millones de latinoamericanos ha sido definido por al menos 76 mandatarios, lo que muestra el grave deterioro democrático en Nicaragua.
Incluso los países del Alba, como Cuba y Venezuela, han visto al menos dos caras diferentes en ese período, aún con gobiernos prolongados, sin embargo, Nicaragua se mantiene estática con Ortega en el poder, que gobierna con mano de hierro desde el 2007.
LA PRENSA revisó cada uno de los países de América Latina desde el periodo de 2007 hasta el 2022 y constató que al menos en cada país han sido sucedidos entre tres y cinco presidentes, ya sea por elecciones presidenciales, otros por asesinato, golpes de Estado, juicios políticos, entre otros.
Solo en el caso de Costa Rica, que es una de las democracias más estables de América Latina y el Caribe, Ortega ha sido testigo de al menos cuatro transiciones de poder y una quinta que está a las puertas con el ascenso de Rodrigo Chaves, quien se alzó con la victoria este mes.
En el caso de Chile, si bien han habido dos gobiernos que se reeligieron, entre el 2006 y 2022, ese país ha sido gobernado por tres mandatarios y los indicadores económicos han mejorado sustancialmente, al igual que Costa Rica. Ambas naciones gozan de altos estándares de bienestar social y estabilidad institucional.
Si el radar se amplía hacia Estados Unidos, Ortega ha sido testigo de la Presidencia de cinco mandatarios: George W. Bush (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), Donald Trump (2017-2021) y Joe Biden (2021 hasta la fecha).
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Pero, ¿qué significa que Nicaragua esté gobernada por un mismo hombre durante más de 15 años?, ¿cómo impacta eso la vida de los nicaragüenses y su futuro? Un especialista en derecho constitucional e internacional, un politólogo y un experto en derechos humanos analizan este contexto.
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Según el especialista en derecho constitucional e internacional, que pidió anonimato por miedo a represalias del régimen orteguista, «Nicaragua es una grave anomalía en el continente americano, junto a Cuba y Venezuela, países en donde al menos ha habido cambio en la jefatura del Estado por la muerte de los caudillos que antecedieron a los actuales presidentes. Las leyes de la biología finalmente habrán de imponerse sin que en el caso de Nicaragua pueda preverse un sistema institucional que garantice una sucesión sin problemas».
Un politólogo, que también pidió anonimato por miedo a represalias, dijo que Ortega es la continuidad de un régimen antidemocrático, que coarta las libertades y los derechos de los nicaragüenses que piensan de forma diferente, lo cual es un detonante para indicar que no se vive en democracia.
«Podemos afirmar que Nicaragua vive en una autocracia, que es el poder concentrado en una persona, en este caso compartido en la familia Ortega Murillo, que abarca todos los espacios del poder estatal, es decir los hijos de Ortega ejerciendo labores ministeriales, con puestos inventados e inexistentes, ganando miles de dólares del erario, o sea de todos los nicaragüenses», señala.
Agrega además que bajo este amparo, los hijos de Ortega no responden a ningún tipo de autoridad, no tienen límites, debido a que todo el sistema político y los poderes del Estado están a su servicio, ya sea por conveniencia o amenazas. También los cuerpos de seguridad, Policía y Ejército, están al servicio de la familia. Por ello desde el exterior, organizaciones internacionales y países, han buscado por diversos medios lograr justicia y que la corrupción, la violación de los derechos y libertades sean investigadas y que la familia autocrática y sus aliados paguen por tanto daño que han infligido a la mayoría del pueblo».
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Sin embargo, el politólogo señala además que la situación en Nicaragua con Ortega se está expandiendo en Centroamérica donde se están viviendo tiempos complejos porque el populismo ha ganado espacios debido al descontento social y económico de los pueblos. «La corrupción de los gobiernos, la falta de creación de empleos e incluso la inseguridad, hacen que los pueblos voten por personas que ofrecen algo que no pueden cumplir, pero la misma falta de esperanza de los pueblos hace que lo crean y luego terminan peor de lo que estaban», lamenta.
Nicaragua ha visto por 15 años consecutivos el rostro de Daniel Ortega y Rosario Murillo —su esposa y también vicepresidenta del país desde el 2017—, lo que responde según el especialista en derecho constitucional e internacional al atornillamiento del caudillo al poder, permitiéndole una acumulación de poder político y económico nunca visto en la historia de Nicaragua.
«Los Somoza jamás soñaron con tanto poder como el que Ortega tiene actualmente, el capital invertido en tantos negocios estratégicos, la sumisión de la Policía y el Ejército, el apoyo de potencias extranjeras, etc. Eso jamás lo tuvieron los Somoza y en cuanto perdieron el apoyo norteamericano empezaron a tambalearse. Definitivamente semejante acumulación de poder va a fracturarse y lo más probable es que se produzca de manera accidentada y violenta. Es lo que ha sucedido en la historia universal. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sabemos. Pero ningún poder es eterno», afirma el especialista.
El politólogo está de acuerdo con el especialista internacional y agrega que la sociedad nicaragüense está reviviendo los tiempos de concentración de poder practicados por Somoza, solo que ahora por parte de otra familia.
Alternancia de gobiernos, una práctica sana
Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, dijo a LA PRENSA que los países que tienen alternancia de gobiernos tienen democracias, tal vez imperfectas, pero finalmente una democracia, y Nicaragua no.
«Cuando un régimen de gobierno tiene vocación democrática y su población en última instancia tiene el poder de elegir quién ejerce el poder, esto lo que permite no solo es una convivencia pacífica, no solo digamos dentro de una sociedad, sino que también permite el establecimiento de una agenda pública respecto a las prioridades del país», explica el especialista en derechos humanos.
El especialista en derecho internacional agrega que la alternancia de gobiernos se considera una práctica sana entre las democracias porque evita la acumulación de poder. El balance de poderes y el control mutuo. Eso permite además que los diferentes sectores sociales e intereses participen en la dirección de los asuntos públicos.
«Algunos contraargumentan que esta alternancia no permite la continuidad necesaria para realizar grandes proyectos o cambios estructurales que requieren muchos años, pero la alternancia no impide que las fuerzas políticas lleguen a consensos duraderos sobre temas de interés nacional», explica.
Pineda agrega que en América Latina hay países con enormes deudas sociales y de perpetuarse una clase política en el poder, de secuestrarla como es el caso de Nicaragua, por no existir la libertad de elegir a las autoridades, entonces no existe una posibilidad real de establecer una agenda de país, porque la agenda está determinada por dos factores: el primero es todo aquello que contribuya a la permanencia del régimen en el ejercicio de poder y el segundo es qué estrategia debe emprender un grupo político opositor para restablecer la democracia en un país.
«Nicaragua tiene por lo menos una década desde las elecciones de Fabio Gadea Mantilla de estarse debatiendo de cómo sacar a Daniel Ortega del país, mientras la pobreza crece, el desempleo no se detiene, mientras la crisis de energía continúa y donde no se ha adoptado ni una sola ley que amplíe el catálogo de derechos humanos en Nicaragua», explica Pineda.
De hecho, pese a que Ortega llegó al poder en el 2007 prometiendo, «cero pobreza», «cero hambre» y más empleos, lo cierto es que 15 años después Nicaragua continúa siendo la segunda nación más pobre de América Latina y el Caribe, detrás de Haití, un país políticamente inestable y con un magnicidio aún sin esclarecerse.
Además la cobertura de la seguridad social sigue siendo una de las más bajas del hemisferio. Aunque hay más de tres millones de nicaragüenses en el mercado laboral, menos de un millón está cubierto por esa protección social. El subempleo sigue siendo galopante. Hasta el cuarto trimestre del año pasado el 43.7 por ciento de los nicas tenían empleos precarios con salarios raquíticos.
Según Pineda, el gobernar por largos periodos no solo es un tema de poder por el poder, sino que es un tema que anula la existencia de una agenda pública y en consecuencia el avance del país en términos cualitativos se estanca.
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Consecuencias de un gobierno prolongado
El politólogo enumera las consecuencias que genera un gobierno prolongado como el de Ortega, mientras que en América Latina ha habido relevos en ese puesto.
1- Concentración del poder político, económico y social en pocas manos, en este caso, en una familia y sus amigos. Esto conlleva al servilismo de miles de personas para no perder sus trabajos, para tener negocios.
2- Eliminación de toda idea, opinión o movimiento contrario, que busque un cambio que se hace necesario.
3- Estado policial de hecho. Policías días y noches sin hacer nada en sitios públicos del país, e incluso en las afueras de lugares privados, pero la delincuencia sigue creciendo y la gente está desprotegida.
4- La economía se centraliza más, con lo cual se pierde oportunidades de negocios internacionales, y se presiona al empresariado nacional para acatar los lineamientos, y si no lo hacen, son multados, cerrados y confiscados.
5- Espacios públicos cerrados, diferenciación de la población. Los que apoyan a Ortega tienen prebendas, los que no lo apoyan, son encerrados, secuestrados, torturados e incluso asesinados.
6- Oleadas migratorias cada vez más grandes, lo que influye en rupturas familiares y descomposición de las fibras sociales más importantes. Lo que en algún momento puede llevar a levantamientos sociales del pueblo por la impotencia de ser ciudadanos de segunda clase.
7- Cierre de relaciones exteriores de respeto y determinación con la mayoría de países del hemisferio americano, en Europa, donde conocen bien los desmanes autoritarios y cuasi dictatoriales del régimen.
8- Cierre de espacios de pensamiento, reflexión y análisis para los jóvenes con la confiscación, robo de recintos universitarios privados y convertirlos en centros de adoctrinamiento públicos.
