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Juan Lorenzo Holmann, gerente general de LA PRENSA.

Sentencia contra Juan Lorenzo Holmann no estableció culpabilidad, según análisis de penalista

La Policía del régimen mantiene ocupadas las instalaciones de LA PRENSA; en la sentencia la juez ordenó que "permanezcan bajo custodia", lo que para el abogado es "una confiscación de hecho"

A pesar de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó a nueve años de cárcel a Juan Lorenzo Holmann, gerente general de LA PRENSA, por supuesto lavado de dinero, las “pruebas” presentadas durante el juicio político finalmente no demostraron la culpabilidad del reo de conciencia.

El 31 de marzo, la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, sentenció a Holmann a nueve años de cárcel, más la inhabilitación de ejercer su profesión, oficio o cargo durante nueve años, además de imponer una multa millonaria.

Ni las pruebas ni los testigos culpan a Holmann

Un abogado penalista que analizó la sentencia expuso —bajo condición de anonimato— que dicha sentencia no establece la culpabilidad en el delito de lavado. Ni las pruebas ni los testigos confirmaron la culpabilidad de Holmann. 

“Los hechos acusados por el delito de lavado de activos no fueron demostrados. La Fiscalía no logró demostrar la ruta que permitiera establecer la procedencia de dinero sucio como consecuencia de una actividad ilícita preexistente; la Fiscalía tampoco probó que el gerente general del Diario haya recibido fondos provenientes de actividades ilícitas, y que ese dinero haya sido introducido con apariencia de legalidad en el Diario”, explicó el abogado penalista.

Como «prueba» contra Holmann, la Fiscalía tomó las actas del allanamiento de LA PRENSA, el 13 de agosto, donde señalan que encontraron «29 cajas de cartón de diferentes tamaño, una caja color rojo de plástico» que guardaban documentación contable de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y «diez banner con anuncios alusivos a la Fundación Violeta…».

Cristiana Chamorro, expresidenta de la FVBCH y también accionista de LA PRENSA, solicitó guardar en las instalaciones de este medio todo lo de la Fundación, que cerró en febrero de 2021, incluyendo los documentos contables que deben ser resguardados entre cinco y siete años. En ese momento, no había ninguna investigación a la Fundación, ya que la misma inició en mayo.

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Según la Fiscalía, Holmann mintió y ocultó información de la Fundación y situó como comisión del hecho la fecha cuando Cristiana guardó las cajas en LA PRENSA. Sin embargo, en la fecha que señala la Fiscalía (febrero de 2021), la investigación en contra de la FVBCH no había iniciado, sino hasta mayo de 2021.

Según el abogado penalista que analizó la sentencia, “se realizó un allanamiento en las instalaciones de LA PRENSA (en agosto), donde en el área de bodega encontraron unas cajas que contenían documentos que había mandado a embodegar Cristiana Chamorro. Sin embargo, de esos documentos encontrados en esas cajas no se realizó ningún dictamen pericial de un contador público, que a través de una auditoría determinara que existían fondos provenientes de carácter ilícito y que eran utilizados como capital en el Diario LA PRENSA”.

El abogado penalista recordó que tanto los oficiales de la Policía como los civiles que atestiguaron no “determinaron ninguna ilegalidad”, pero la jueza señaló que era “ilícito” que Holmann haya tenido conocimiento de que existían cajas que contenían documentos en la bodega de LA PRENSA, “sin embargo, el acto en sí no es ilegal, ni Holmann estaba siendo acusado por tener custodia de documentos que eran ilegales”. Asimismo, los documentos encontrados en las cajas no vinculan en lo más mínimo a Holmann.

En cuanto al financiamiento que recibió en algún momento LA PRENSA por parte del programa de medios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro con fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, el especialista manifestó que esta ayuda “no está contenida como una ilegalidad”. Todas las donaciones recibidas fueron debidamente contabilizadas en LA PRENSA.

Orden de mantener bajo custodia instalaciones de LA PRENSA es
“una confiscación de hecho”

Dentro de la sentencia que dictó la judicial orteguista también dispuso que “los bienes ocupados” el 13 de agosto de 2021, día en que la Policía del régimen se apoderó de las instalaciones físicas del Diario LA PRENSA y la Imprenta Comercial de Editorial LA PRENSA, se mantendrán bajo custodia.

“En cuanto al destino de los bienes, únicamente señalan que mantienen en custodia de la Policía, pero no se refiere al destino de los mismos, tampoco si el edificio y todo lo que contenga, proviene o no de actividad ilícita. La Policía mantiene ocupadas las instalaciones de LA PRENSA y todos los equipos de impresión, tanto del Diario como de la Imprenta Comercial, además, se apropió de manera indebida de una camioneta, no fue ofrecido un recibo de ocupación ante el Ministerio Público, y mucho menos la jueza da razón de la camioneta”, declaró el abogado.

“Los bienes ocupados propiedad de LA PRENSA, así como bienes de terceros, no son más que una confiscación de hecho prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, por tanto ilegal”, concluyó el abogado. 

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“Yo soy inocente”

Durante el juicio, el pasado 23 de marzo, Juan Lorenzo sostuvo que él es inocente y subrayó que se siente orgulloso de pertenecer a la familia Chamorro.

«Me siento orgulloso de pertenecer a la familia que tengo, en la que mis padres me criaron con valores morales y cristianos. Aquí lo que han dicho son mentiras y falsedades sobre mi persona. Mi familia y yo lo único que hemos hecho es servir. Mi esposa, a quien amo, mis hijas y mis dos angelitos que están en el cielo deben de estar orgullosos de la persona que soy», expresó.

«Yo soy inocente y no he cometido ningún delito. Si por llevar de segundo el apellido Chamorro voy a recibir un castigo, estoy dispuesto a cumplirlo», sostuvo. La familia de Holmann, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, rechazan la condena y sostienen que es un reo de conciencia, encarcelado por su labor en pro de la libertad de expresión y de prensa.

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