Con el respeto que merece por el cargo que ostenta en el Ejército de Nicaragua procedo como ciudadana nicaragüense a exponer lo siguiente:
Con preocupación y asombro he leído su discurso pronunciado en el acto de clausura del plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera ciclo productivo 2021-2022; donde expresa que: “Reiteramos nuestra firme disposición de seguir trabajando sin reserva a pesar de señalamientos mal intencionados, sin fundamentos, faltos de ética y manipuladores de algunos pocos mercenarios de la información, y hacedores de opinión que solo desean el caos y la destrucción de la patria”.
En consecuencia:
- No se estila que el comandante en jefe de la institución castrense, valiéndose de su puesto recurra al chisme para atacar el trabajo que realizan las mujeres y hombres de prensa de Nicaragua. Recuerde las palabras sabias de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista asesinado por decir la verdad, sobre quienes pretendían escuchar solo adulaciones: “El periodista es un sujeto que por vocación o por circunstancias especiales representa la primera avanzada del pueblo en su lucha por la democracia. Lo que a nosotros nos sucede, le sucede al pueblo”.
- Usted no debería recurrir a la misma dinámica de los funcionarios públicos de los diferentes poderes del Estado, que se dedican constantemente a atacar al periodismo para adular a la pareja presidencial. El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar establece dentro de sus deberes y atribuciones: “Guardar, respeto, obediencia y lealtad al cumplir y hacer cumplir en el Ejército la Constitución Política, el Código Militar, demás leyes militares, Normativa Interna Militar y Ordenanzas Militares”. En resumen, el apego a la Constitución Política es primordial para el desempeño de su cargo.
- Considero que hay temas, que desde su puesto, usted ha estado obligado a responder y resolver, pero ha hecho caso omiso, entre los que destacan:
- En el año 2015, en Santa María de Pantasma explotó una mochila-bomba que mató a dos campesinos y las investigaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyeron que fue una operación militar.
- El 12 de noviembre del 2017 en La Cruz de Río Grande fueron acribillados a balas por militares del Ejército de Nicaragua y enterrados en una fosa común, el esposo y dos hijos menores de edad de doña Elea Valle, quien sistemáticamente ha señalado a miembros del Ejército de Nicaragua de ser los responsables. Hasta el día de hoy, usted no ha entregado los cuerpos de las víctimas para que una mujer campesina, que no tiene nada más que su dignidad, logre dar cristiana sepultura a sus seres querido y tenga un lugar donde ir a llorar por sus muertos.
- El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) informó que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y, unas 2 mil heridas, como consecuencia de la actuación de agentes estatales o de civiles actuando con la aquiescencia y tolerancia de estos; denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos, varios de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura”. Sin embargo, la institución que usted representa hizo caso omiso/silencio cómplice de toda la barbarie que se estaba cometiendo en el país, a pesar que la Constitución Política establece que: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley” (Artículo 95).
Señor Avilés: podría seguir mencionando otros aspectos relevantes como cuando se documentó la presencia de grupos irregulares conocidos como “paramilitares” saliendo del Hospital Militar, propiedad del Ejército de Nicaragua, pero son temas que usted conoce mejor que la suscrita. Espero que deje de tener un silencio deliberado y que proceda a resolver los asuntos de verdadera importancia para los nicaragüenses, recordando que nada es eterno en la vida y que llegará el día en que todos los funcionarios públicos tendrán que responder ante la justicia y las leyes por sus acciones u omisiones que no hayan sido apegadas a derecho.
La autora es abogado y notario público de Nicaragua.
