A mes y medio del inicio de los juicios contra los presos políticos de la más reciente ola represiva, más de cuarenta ya fueron juzgados y condenados, pero desconocen dónde pagarán su condena. Los seis jueces que han realizado juicios en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) han seguido el patrón de omitir en las sentencias el lugar donde el condenado pagará su pena.
Mientras eso se esclarece, los abogados defensores tramitan recursos de apelación. Además verifican si una vez que les respondan la apelación deben interponer también el recurso de casación. Ya que hasta haber agotado la vía interna, podrán trasladar su búsqueda de justicia a tribunales internacionales.
«Todos los jueces han cometido la omisión de establecer el lugar donde los condenados pagarán su condena. Esa es una omisión que se puede subsanar, sin embargo, no todos los familiares están seguros que sea pertinente solicitar que eso se subsane. Algunos temen que trasladen a sus seres queridos al infiernillo, que es el pabellón de máxima seguridad en la cárcel Modelo de Tipitapa. Y como no nos permiten hablar con nuestros defendidos, no sabemos si ellos prefieren seguir en el Chipote o ser trasladados», explica uno de los abogados defensores de los presos políticos, quien solicita anonimato.
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Temen que el cambio de cárcel agrave la situación y seguridad de los opositores
Entre el 1 de febrero y el 15 de marzo, seis jueces han procesado y condenado a 31 opositores en juicios realizados a puertas cerradas en las instalaciones de la DAJ. Otros cinco, implicados en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), recibirán su sentencia el próximo 21 de marzo. Según programación, ese día también se realizará el juicio del gerente general del Diario LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann. A partir de esa fecha solo quedarán pendientes de juicios, Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y con ellos se cerrará esto que los abogados aseguran es «una gran farsa judicial».
Del grupo, nueve personas permanecen bajo arresto domiciliario; sus familiares esperan que por su edad avanzada, la gravedad de su estado físico y de salud los mantengan con esa medida. Incluso, otros están a la espera de recibir ese mismo beneficio, ya que por las enfermedades y las precarias condiciones en las que han guardado prisión en el Chipote enfrentan un grave deterioro de su salud, tanto física como mental.
Algunos familiares temen que al establecer el lugar donde el condenado cumplirá su sentencia puede empeorar las condiciones carcelarias de los opositores. Sin embargo, otro de los abogados defensores, que también pide omitir su nombre, asegura que al permanecer en el Chipote pierden los derechos que otorga el Sistema Penitenciario (SP).
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¿En el Sistema Penitenciario les respetarían sus derechos?
Entre esos derechos, el abogado enumera las visitas regulares. En el SP las visitas son cada 15 días, mientras que en la DAJ las autorizan de manera arbitraria. Desde que inició esta oleada de secuestros, el pasado 28 de mayo, solo se han permitido cinco visitas. Otro derecho que ofrece el SP es la entrega de paquetería. Esto evitaría que sigan pasando hambre como ocurre en la DAJ donde de manera generalizada los reos de conciencia han perdido entre 25 y 50 libras de peso por la escasez y mala calidad de los alimentos que reciben.
En el SP también podrían tener acceso de forma regular a la recreación, lectura de libros, toma de sol en los patios, así como realizar actividades deportivas, participar en cultos religiosos, recibir visitas de sus hijos menores de edad y hasta trabajar en los talleres para abonar a la pena.
Ese sería un panorama muy distinto al aislamiento permanente que enfrentan en el Chipote, con oscuridad o luz permanente y otros modos de tortura. Sin embargo, la certeza de que todas las instancias estatales, incluida el poder judicial y el Sistema Penitenciario están sometidos a las órdenes del Ejecutivo, provoca que algunos familiares teman que el traslado a otro sitio pueda empeorar las ya precarias condiciones carcelarias y la seguridad de sus seres queridos.
Presentarán apelación
Mientras el régimen decide dónde mantendrá a los opositores condenados por delitos que ellos aseguran que no cometieron, los abogados siguen lo que establece la ley. Actualmente esperan el plazo para presentar la apelación. Según la ley esta se presenta seis días después de recibida la sentencia; pero como estos juicios se han realizado bajo la modalidad de tramitación compleja, el plazo se duplica.
Entonces algunos casos de apelación ya se interpusieron y otros están a la espera de cumplir con los plazos; la ley no establece plazos específicos para que el tribunal responda. Pero según uno de los abogados, están conscientes de que la respuesta no será a favor de sus defendidos, por lo que no descartan presentar posteriormente el recursos de casación.
Sin embargo, están averiguando si sigue vigente una resolución de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exime de llegar hasta la casación, para recibir el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ellos confían que ante la falta de justicia en instancias internas ahí encontrarán justicia.
Incluso, uno de los abogados dice que el caso de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Félix Maradiaga y otros que se han sumado, se beneficiarán de las sentencias que ese tribunal emitió antes que fueran juzgados. En varias ocasiones la Corte IDH ordenó la liberación de varios presos políticos e incluso declaró a Nicaragua en desacato por ignorar esa sentencias.
