Después del traspiés que sufrió el Ministerio Público el viernes, 4 de marzo, cuando los testigos que llevó, en lugar de incriminar a los acusados del caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) defendieron su inocencia, desistió de seguir interrogando testigos «civiles» y retomó los interrogatorios a agentes de la Policía, y tras seis jornadas estos no han podido demostrar los delitos que les imputan a los acusados.
Este jueves 10 de marzo, el juicio fue suspendido a las ocho de la noche, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), pese a que se esperaba que concluyera ante la falta de pruebas de los delitos imputados.
Juez agiliza el proceso
Según fuentes cercanas al caso, ante el fracaso con los testigos civiles, el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios, Luden Martín Quiroz García, optó por agilizar el proceso, y se esperaba que el juicio concluyera este jueves, 10 de marzo. Eso se hubiera sumado a las múltiples irregularidades que han caracterizado este y todos los juicios contra los presos políticos, ya que por desarrollarse bajo la modalidad de tramitación compleja debería extenderse por varias semanas.
«La dictadura pretende terminar el juicio hoy jueves. Esto sería una violación más al derecho a la defensa, porque se limitaría el tiempo que requieren los abogados de los acusados para presentar sus alegatos», dijo una fuente cercana al caso que pidió anonimato.
La fuente asegura que era notoria la obsesión del juez por terminar el juicio el jueves, pero al final eso no ocurrió.
Su objetivo era «limitar la argumentación, los alegatos y las pruebas contundentes que tienen los abogados de los procesados en contra de esta farsa jurídica».
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Los acusados y los supuestos delitos que les atribuyen
En el proceso se juzga a la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, quien presidía la FVBCH; a su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, directivo de la Fundación y exdiputado liberal; a Walter Gómez y Marcos Fletes, administrador financiero y contador de la FVBCH respectivamente, y a Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro.
Cristiana Chamorro, Gómez y Fletes son acusados de los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. Pedro Joaquín Chamorro de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Y Vásquez es acusado de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.
Los abogados aseguran que como en todos los procesos de los presos políticos, la acusación no tiene sustento y está plagada de irregularidades. En primer lugar porque por un lado reconoce que la principal función de la FVBCH era el fortalecimiento de medios de comunicación y periodistas. Esto se concretaba mediante capacitaciones a los comunicadores y donación de equipos a los medios.
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Acusación sin sustento legal y plagada de irregularidades
Pero luego viola la presunción de inocencia de los beneficiados con estos proyectos, ya que asegura que la FVBCH desvió recursos hacia estos medios y personas; y que ellos los utilizaron para «desestabilizar la buena marcha del desarrollo económico y social del país».
Además, la acusación se contradice porque en una parte asegura que desde el 2018 la FVBCH no presenta sus informes al Ministerio de Gobernación (Migob). Pero en otra, detalla una serie de donaciones que la Fundación supuestamente recibió entre 2018 y 2020 y no las reportó. Y basado en esta supuesta omisión, sustenta que los acusados cometieron apropiación indebida de estos recursos y otros delitos.
Estas inconsistencias han provocado que desde el inicio del juicio, el pasado jueves, 3 de marzo, la Fiscalía no haya podido presentar ni una sola prueba que demuestre la culpabilidad de los acusados.
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Ministerio Público no ha podido demostrar los delitos
«El primer día de audiencia los testigos civiles que declararon confirmaron que los acusados no cometieron ningún delito. En los días posteriores, los policías que declararon no pudieron aportar ninguna prueba en contra de los acusados y mostraron contradicciones y falsedades», dice una fuente cercana al acaso y que pide el anonimato.
Este jueves, el Cenidh refirió en su tuit que la Fiscalía evacuó las pruebas documentales del último testigo policial, pero que las pruebas no demostraron la comisión de ningún delito.
Otra de las irregularidades es la desigualdad de condiciones. A los miembros de la Fiscalía se les permite hablar con los procesados y por más de nueve meses han tenido acceso a toda la documentación del caso. Además, durante el juicio se les permite tener computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares con acceso a internet. Pero a los abogados defensores no se les permite ni siquiera hablar con sus defendidos y no tienen acceso al expediente del proceso.
«Para ellos eso se ha mantenido en secreto», asegura la fuente. Tampoco tienen derecho a ingresar con teléfonos celulares, ya que deben entregarlos en la recepción de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Lo único que se les permite ingresar son sus documentos y bolígrafos.
Los abogados reiteran que la realización de estos juicios a «puerta cerrada» en el Complejo de la DAJ, conocida como nuevo Chipote, viola lo establecido en la ley, ya que esta contempla que los juicios sean orales y públicos, y que se celebren en la sede de los juzgados, es decir en el Complejo Judicial.
