La tarde de este jueves 3 de marzo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, dictó las condenas en contra de los siete opositores que pertenecían a un grupo de WhatsApp. Las sentencias oscilan entre los 8 y 13 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Entre los presos políticos condenados por la dictadura están los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; las activistas y dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y el analista político y exdiputado José Pallais.
En el caso de Chamorro, Maradiaga, Pallais y Aguerri, que fueron declarados culpables de menoscabo a la integridad nacional, el judicial orteguista les impuso 13 de años de cárcel a petición del Ministerio Público. Este delito se castiga con penas de entre diez y quince años de cárcel y la inhabilitación.
Arturo Cruz fue condenado por conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional y le impusieron una pena de nueve años de prisión. Mientras que a las activistas Violeta Granera y Tamara Dávila, también condenadas por conspiración, le impusieron una pena de ocho años. Para el delito de conspiración la pena es de entre cinco y diez años de prisión.
Rechazan penas y las califican de ilegales
«La pena de 13 años que hoy 3 de marzo le impuso el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno a Juan Sebastián Chamorro es ilegal, porque él es inocente, no ha cometido ningún delito y menos contra su patria que tanto ama», describe una publicación de Twitter de la cuenta del preso político.
Todos ellos fueron declarados culpables por Salmerón, el pasado 23 de febrero, en un juicio que se prolongó por siete días con extensas y cansadas audiencias diarias que finalizaban en horas de la noche.
Durante la audiencia de culpabilidad, la Policía presentó como pruebas algunas fotografías de los opositores acompañados de personalidades extranjeras, entre ellas el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Ni la Fiscalía ni el juez permitieron que el investigador respondiera si con esa “prueba documental” en que se menciona a los que aparecen en la fotografía como “partícipes de un golpe de Estado”, se estaba señalando al secretario general de la OEA, quien también aparece en la imagen.
25 opositores han sido condenados a entre 8 y 13 años
El régimen Ortega Murillo, en el poder desde 2007, los acusó ante la Fiscalía amparándose en la Ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional dominada por el orteguismo.
La norma considera «traidores a la patria» a quienes atentan contra la integridad del país o apoyan sanciones extranjeras. Ortega asegura que conspiraban para derrocarlo, con el apoyo de Estados Unidos. Pero la oposición y la comunidad internacional claman por su inocencia y consideran que las detenciones buscan nada más asegurar la continuidad de Ortega en el poder.
«La pena de 13 años que hoy le impuso el juez a Félix Maradiaga es ilegal y obedece al mandato» del gobierno, protestó desde el exilio vía redes sociales la esposa del político, Bertha Valle.
Desde el 1 de febrero han declarado culpables a unos 33 opositores
Los siete presos políticos condenados este jueves forman parte de un grupo de 46 opositores, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, detenidos el año pasado en la antesala de las elecciones de noviembre, las que Ortega malogró para sacar al país de la crisis que vive desde 2018 y se recetó un cuarto mandato consecutivo.
Entre los procesados con arresto domiciliario está la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien era favorita para enfrentarlo.
De este grupo, al menos a 33 los han declarado culpables, en su mayoría por menoscabo a la integridad nacional; de ellos, 25 han sido condenados a entre 8 y 13 años de prisión, en juicios que iniciaron el pasado 1 de febrero.
Uno de ellos, el exguerrillero y dirigente de la disidencia sandinista Hugo Torres, murió enfermo el 12 de febrero tras pasar varios meses preso.
Luego de su muerte, la justicia otorgó casa por cárcel a cinco opositores de avanzada edad, cuya salud se deterioró debido a las precarias condiciones carcelarias, según sus familiares.
Con información de AFP.
