La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua avaló este miércoles 9 de marzo la Ley Especial de Ciberdelitos, una legislación que limita y criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales.
La PDDH fue consultada sobre este tema por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, que en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos llevan a cabo un proceso de revisión y análisis del marco penal del país. Para los críticos, esta iniciativa de revisión del marco penal nicaragüense se trata de una amenaza del régimen orteguista de endurecer la criminalización a los opositores.
La procuradora general al frente de la PDDH, Wendy Carolina Morales Urbina, ha destacado en los foros internacionales por su férrea defensa del régimen de Ortega. Su última aparición fue de manera virtual en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el reciente 7 de marzo, en la que negó las violaciones y crímenes cometidos por el régimen orteguista y desconoció el informe presentado por la alta comisionada de la ONU, para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La alta comisionada presentó un amplio informe que recoge la situación de los prisioneros políticos y los juicios en su contra sin el debido proceso, entre otros aspectos.
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A la reunión de la Comisión del Legislativo se presentó una delegación de la PDDH, señala una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
Según el reporte oficial de la Asamblea Nacional, «la delegación de la PDDH planteó que las últimas leyes aprobadas han contribuido en el trabajo de la entidad dedicada a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía, como el caso de la Ley de Ciberdelitos con la cual se ha dado respuestas a muchas denuncias sobre delitos vinculados a las tecnologías de la información».
Nueve opositores han sido condenados por «propagación de noticias falsas», precisamente bajo la Ley de Ciberdelitos, también conocida como «Ley Mordaza».
La Ley de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2021, criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas que oscilan desde uno hasta 10 años de cárcel.
