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SOLO PARA SUSCRIPTORES.«Aprobar leyes, reglamentos y decretos que beneficien a los ciudadanos y permitan el fortalecimiento del Estado de Derecho». Aunque como política institucional ese es el primer principio que rige a la Asamblea Nacional, analistas lamentaron que pese al alto costo económico que implica para los nicaragüenses sostener ese poder del Estado, esta trabaja en función de los intereses del régimen de Daniel Ortega.
Un analista político y un exembajador consultados por LA PRENSA coinciden en que, desde el regreso de Ortega al poder en 2007, este comenzó a destruir la institucionalidad democrática y a centralizar el poder de todos los poderes del Estado.
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La Asamblea Nacional está totalmente bajo su control, con 75 diputados sandinistas, de un total de 91, y los otros partidos que tienen el resto de diputados (16), que son considerados por los críticos del régimen como colaboradores del orteguismo.
«Esta Asamblea es totalmente ineficiente, todos los gastos de ahí nos cuestan innecesariamente a los nicaragüenses, porque la Asamblea no trabaja para Nicaragua, la Asamblea trabaja para Ortega», expresó el analista político, quien prefiere mantenerse en el anonimato.
El salario de los diputados
Pero ¿cuánto le cuesta a los nicaragüenses sostener un aparato que trabaja en función de los intereses de una persona en Nicaragua? Solo para este año, de los impuestos se destinarán 725.13 millones de córdobas, según el Presupuesto General de la República aprobado por los mismos diputados.
De ese dinero saldrán alrededor de 96,251.72 córdobas en salarios brutos que se pagan cada mes a cada uno de los diputados, que con las deducciones les queda en casi 70,000 córdobas, tras el ajuste salarial del cinco por ciento que ellos mismos se aprobaron en febrero de 2018. Antes ganaban un salario bruto de 91,668.30 córdobas.
En Nicaragua, el salario mínimo vigente hasta el 28 de febrero de 2022 oscila entre los 4,414.91 y 9,880.17 córdobas mensuales.
Además, en el anterior período los diputados gozaban de un fondo social equivalente a 466,780 córdobas al año para obras sociales o donaciones a eventos culturales y artísticos; también tenían una asignación mensual de combustible que significaba que cada legislador recibía 36 cupones de combustible al mes, y adicional 20 mil córdobas para becas, según el reportaje publicado por LA PRENSA, titulado «Conductor, vehículo, asesores… Los privilegios de los directivos de la Asamblea por encima de los que tienen los diputados«, publicado el pasado 15 de enero de 2021.
Doble aguinaldo, para la junta directiva
Fuentes ligadas al Legislativo, también confiaron a LA PRENSA el mes pasado que los siete diputados directivos de la Asamblea Nacional tienen privilegios adicionales respecto al resto de los 84 diputados, pero sí es una información que es manejada con recelo por los legisladores ante la opinión pública e incluso entre los mismos parlamentarios.
LA PRENSA conoció que los siete miembros de la Asamblea Nacional no solo tienen asignados una camioneta Toyota Prado, un conductor y más de un asistente, sino también se tendrían asignada «caja chica» y doble aguinaldo, según una fuente legislativa que habló bajo condición de anonimato.
«Les dan una caja chica para tener allí en sus oficinas, no sé de qué cantidad, pero sí tienen caja chica para gastos extraordinarios de ellos, y les dan una cuota especial de combustible. La mayoría de los diputados no saben eso, yo me enteré sin querer. Tampoco nunca pregunté el detalle, porque se ponen ariscos. Lo del doble aguinaldo eso sí lo logré confirmar», manifestó la fuente legislativa.
«No cumplen con la Ley, cumplen con los caprichos de Ortega»
La Constitución Política y la Ley orgánica, artículo 2 de la Ley 606 y sus Reformas incorporadas establece que «la misión de la Asamblea Nacional es representar a las y los nicaragüenses escuchando y atendiendo al pueblo, encauzando sus planteamientos democráticos para responder a sus demandas, aprobando leyes incluyentes e inclusivas con enfoque intercultural, generacional y de equidad de género, ejerciendo control legislativo sobre las actuaciones de los organismos e instituciones del Estado, que contribuyan al Estado Democrático y Social de Derecho que permita el perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la Nación en beneficio de la familia nicaragüense».
Además señala en su artículo 3 que «la visión de la Asamblea Nacional es ser el foro parlamentario, que con base en el diálogo social y político y en la búsqueda del consenso, contribuya al fortalecimiento y consolidación de la democracia y el Estado Democrático y Social de Derecho, con enfoque intercultural, generacional y de equidad de género mediante la aprobación de una legislación enmarcada en la justicia social, la libertad y el bien común de las y los nicaragüenses».
No obstante, «la Asamblea Nacional de Nicaragua no desempeña el rol que debe jugar en un sistema político democrático, que es hacer contrapeso al poder Ejecutivo buscando el equilibrio de poderes, también debe fiscalizar a la administración pública, interpelar a los ministros que considere no realizan bien su misión, rechazar leyes propuestas por el Ejecutivo que considere no favorecen a la población y sus necesidades», explicó el exembajador, quien también prefirió mantenerse en el anonimato.
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Por su parte, el analista reiteró que «la Asamblea trabaja para Ortega, o sea, no procesa la discusión de los contenidos de la ley, la recibe completa, no le quita ni una coma, pasa directa. Eso ha sido desde hace más de 10 años. Antes todavía la disimulaban, pero en estos últimos 10 años la Asamblea no sirve para mayor cosa más que formalizar los procedimientos; que salga en La Gaceta, que se apruebe, o convertir en ley los decretos, etcétera».
«La ley se formula en El Carmen (como se le llama a la residencia de Ortega), cuando llega a la Asamblea va directo, no hay nada que se detenga. Es más, últimamente han habido leyes que ni las discuten las comisiones, son aprobadas con trámite de urgencia», agregó el analista.
Lo correcto sería —según explicó el analista— que «el proyecto de ley puede llegar por un diputado o por el presidente a la secretaria de la junta directiva, lo pasa a comisión, luego la comisión lo estudia y pasa un informe al plenario que es un informe con sugerencia, y empiezan las discusiones y el jaleo de los distintos grupos de poder, digamos si aquí hubiera democracia, pero no hay».
«Si te fijás, cuando llega el anteproyecto de ley y cuando ya está publicado en La Gaceta, no hay ningún cambio, pasó íntegro a como fue enviado de El Carmen», insistió.
El exembajador coincide en que la Asamblea «debe ser un poder legislativo autónomo e independiente, que interactúe con los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, para enrumbar al país por la estabilidad política, y el bien de la población».
Pero, «nada de eso funciona en la Asamblea Nacional, pues es solo un brazo operativo del mandatario-dictador, para aparentar que hay un organismo que aprueba leyes en supuesta forma independiente».
Diputados ilegítimos
Por otro lado, el exembajador señaló que los 91 diputados de la Asamblea Nacional, designados para el periodo 2022-2026, son «producto de un fraude electoral, entonces su legalidad, legitimidad y credibilidad están en precario, son dudosas o inexistentes».
El Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido también por magistrados afines a Ortega, le asignó al partido FSLN el 75.87 de los votos, por lo que el proceso electoral, carente de garantías y libre participación de los partidos políticos, fue declarado ilegítimo por la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá y gran parte de la comunidad latinoamericana.
«El problema es que es un organismo sometido a la dictadura, como lo son todas las instituciones del Estado. Pero, igual lo es el poder Judicial y el poder Electoral. Todos los poderes del Estado están sometidos a la voluntad de una sola persona que impone todo a la fuerza, y son un sistema de poderes desconfigurado de su verdadero papel», añadió el exembajador.
¿Qué ha hecho el nuevo Legislativo en sus primeras semanas?
En este período 2022-2026 que lleva menos de dos meses, los diputados han cancelado en total 38 asociaciones y fundaciones, la mayoría vinculadas a actividades educativas, trabajo social y cultural. Entre ellas, 19 universidades a las que se les ha suspendido su personería jurídica, siete de estas de origen extranjero.
También fueron aprobadas con trámite de urgencia reformas a nueve leyes orgánicas de diferentes instituciones para cambiar sus estructuras de dirección, para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos y otras potencias, que reclaman el retorno de la democracia en Nicaragua.
Al respecto, este año Ortega ha enviado con más frecuencia iniciativas de ley para ser aprobadas con trámite de urgencia en el Legislativo, lo que significa que se votan sin ser consultadas en las comisiones correspondientes y ni siquiera se debate o analiza su contenido. Los 75 sandinistas o los 16 de otros partidos, no contradicen las propuestas del régimen de Ortega.
Aunque, cabe mencionar que dos iniciativas han sido enviadas a comisiones: la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, presentada a finales de enero, y la Ley de Decreto Legislativo de aprobación del «Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República de China», presentada en la primera semana de febrero.
«Los diputados reciben su dinero por la fidelidad a Ortega»
A criterio del analista, «no tiene sentido tener una Asamblea Nacional en el país». Pero a la vez, señaló que «no hay que caer en el juicio de pensar que esto es legalidad, lo que pasa es que la Asamblea le ha jurado fidelidad a Ortega y entonces, ellos (los diputados) reciben su dinero por la fidelidad no por el trabajo que dice la ley, que dice la Constitución Política».
«Porque la Constitución dice que ese es un poder del Estado, donde están los representantes del pueblo, donde están las distintas corrientes de pensamientos del pueblo, pero eso no existe. Es decir, aquí Ortega tiene una mayoría ahora de 75 diputados y se acabó, con eso puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer todo. Reformas parciales, constante y sistemáticamente, y de pronto nos podemos dar cuenta que ya la Constitución que conocemos no es, porque le han metido varios remiendos», agregó.
Sin embargo, insistió en que «no se puede pensar que no cumplen, no, es que ellos han jurado fidelidad al dictador y ahí es donde está el problema, los diputados no sirven a la Constitución y a las leyes».
¿Qué reforma se necesita para evitar que el Legislativo vuelva a ser instrumento de un dictador?
«Primero hay que anular las leyes creadas entre los últimos 10 y 12 años, porque todas son incostitucionales. A estas sumemos las últimas leyes represivas: la Ley de Ciberdelito, la Ley de Agentes Extranjeros, la de Soberanía, entre otras. Todas esas leyes hay que derogarlas, primero», opinó el analista.
Posteriormente, explicó que hay que crear una condición democrática, si se logra en el país un gobierno democrático. «Algunos especialistas en cuestiones jurídicas recomendarían una constituyente, que libere a este país de semejantes barbaries que se han hecho, pero la constituyente tienen un defecto, va a durar dos años y durante esos dos años va a haber un gobierno que no sabemos de dónde va a aparecer», agregó.
«Incluso el mismos Ortega, a la hora de una cuestión muy difícil podría decir, bueno aquí yo me quedo y vamos dos años una Asamblea Nacional constituyente, y pone a una enorme cantidad de diputados que son adeptos a su régimen. Ahora se debe de tomar en cuenta que Ortega desbarató toda la institucionalidad en Nicaragua. Todo», añadió.
Asimismo aclaró que en Nicaragua «no se viola la ley, aquí no es que no se cumple con la Constitución, estamos en una dictadura. Aquí no hay ley, no hay Constitución, no hay nada».
